Nigerianos en el limbo

"Si es que nos quiere ayudar el Gobierno espa?ol, por lo menos que se piense en alguien que lleve siete o diez a?os aqu¨ª y que esa persona no tenga ning¨²n antecedente. Yo no tengo antecedentes". As¨ª habla Evelyn, una nigeriana de 37 a?os, madre de tres ni?os espa?oles, que, desde su llegada a Espa?a en 1999, no ha conseguido los papeles para legalizar su situaci¨®n. Dice que lo ha intentado todo, pero su caso ha quedado bloqueado por la casi imposibilidad de conseguir un documento que se suele llamar certificado de penales.

La Ley de Extranjer¨ªa exige que un inmigrante que quiere regularizarse debe presentar un certificado de antecedentes penales de su antiguo pa¨ªs. Para alguien en situaci¨®n irregular, est¨¢ claro que no quiere volver a salir de la Uni¨®n Europea hac¨ªa su pa¨ªs de origen en busca de este documento policial, pero esto es lo que se est¨¢ pidiendo hoy a miles de nigerianos en Espa?a si quieren abandonar las sombras de la clandestinidad. Seg¨²n cifras del INE de este a?o, hay 37.297 nigerianos empadronados en Espa?a, muchos de ellos ilegalmente.

"Se est¨¢ formando una bolsa de nigerianos sin papeles y no sabemos qu¨¦ hacer", dice Luc¨ªa Paredes Ayll¨®n, abogada en un bufete madrile?o que representa a docenas de nigerianos que se est¨¢n tropezando m¨²ltiples veces sobre la misma piedra: el certificado de penales. Cuenta que los inmigrantes nigerianos anteriormente pod¨ªan hacerse con el documento sin salir de Espa?a, mandando sus huellas dactilares por fax a las autoridades nigerianas a trav¨¦s de un notario p¨²blico. El certificado resultante ten¨ªa una fecha de caducidad de tres meses, pero este problema se solucionaba con una carta de prorrogaci¨®n del consulado en Madrid. Pero esto ya no es posible.

A Antonio Freijo, el director de Karibu, una ONG que apoya a los inmigrantes africanos en Espa?a, tambi¨¦n le consta que los nigerianos son los m¨¢s "bloqueados". De la nueva necesidad de tener el certificado de antecedentes, dice que "al principio esto causaba problemas para personas de varios pa¨ªses, pero Nigeria es ahora el ¨²nico que todav¨ªa tiene este problema".

Desde la embajada de Nigeria en Madrid explican que el problema surge a ra¨ªz de una carta que fue enviada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en noviembre del 2007, donde se dec¨ªa que, de ah¨ª en adelante, los certificados de penales nigerianos tendr¨ªan que hacerse presencialmente. O sea, en Nigeria. "En un momento dado algunos nigerianos en Espa?a decidieron falsificar unos ejemplares de estos documentos, y el Gobierno espa?ol se preocup¨®", admite el c¨®nsul en Madrid, Timothy Kasuwa. Preguntado por EL PA?S por esta intervenci¨®n, el Ministerio de Asuntos Exteriores dice que no puede confirmar que tal carta se mandara, pero tampoco lo niega. Un portavoz del ministerio se limita a observar que existe "un marco de cooperaci¨®n" con las autoridades nigerianas en cuestiones de inmigraci¨®n.

"Es discriminaci¨®n", afirma Paredes Ayll¨®n, pero el c¨®nsul niega que su pa¨ªs haya sido v¨ªctima de discriminaci¨®n, defendiendo lo que el ve como una leg¨ªtima "estrategia de ralentizar" la entrada de nuevos inmigrantes. "La econom¨ªa espa?ola no ha estado bien, y es perfectamente correcto que cada pa¨ªs vele por sus propios intereses".

"Lo que hemos hecho ha sido rogar al Gobierno espa?ol para que nos permita traer a nuestros propios polic¨ªas aqu¨ª", explica Kasuwa. El embajador de Nigeria en Espa?a, Obed Wadzani, alaba las relaciones con Espa?a, y se muestra satisfecho con los miles de certificados expeditados a ra¨ªz de las tres visitas realizadas hasta ahora por una comisi¨®n policial nigeriana. Pero Okwydili Clement, padre de dos ni?os nacidos en Espa?a y que lleva desde 2005 intentando "por todos los medios" regularizar su situaci¨®n, no est¨¢ tan satisfecho. "En 2008 la polic¨ªa (nigeriana) vino dos veces. La gente acudi¨® de toda Espa?a para conseguir el certificado de penales. Pagamos 150 euros, y luego nada. Esto no funciona". Clement a?ade que lleg¨® a esperar dos a?os antes de recibir el certificado, que debe completar un periplo de ministerios y embajadas antes de entrar en vigor. Una vez obtenido el certificado, queda a merced de las autoridades auton¨®micas, que han de decidir si aceptan un documento caducado, puesto que el certificado tiene una duraci¨®n oficial de tres meses.

Este verano ha vuelto a pasar por Espa?a un equipo de polic¨ªas nigerianas, quienes, seg¨²n fuentes de la embajada de ese pa¨ªs, han tomado datos de hasta 4.000 inmigrantes irregulares con vistas de tramitar sus certificados de penales. Queda por ver si en este nuevo intento de sacar a muchos de sus nacionales de la sombra de la clandestinidad se obrar¨¢ de forma m¨¢s veloz para salvar el obst¨¢culo administrativo que supone la caducidad del documento a los tres meses. Luc¨ªa Paredes Ayll¨®n no se muestra optimista. "Igual est¨¢n para el 2011", dice desde su bufete en Madrid.

Seg¨²n los propios inmigrantes y la abogada Paredes Ayll¨®n, en algunas comunidades como Navarra o Canarias, se han mostrado flexibles en este tema, pero Madrid tiene pr¨¢cticamente bloqueado a este grupo de inmigrantes, por su negativa a aceptar el certificado pasados los tres meses. Un portavoz de la Delegaci¨®n del Gobierno en Madrid justifica la pol¨ªtica: "Nos atenemos a la ley, siempre a la ley".

Seg¨²n fuentes consultadas de la secretar¨ªa del estado de inmigraci¨®n, se ha instruido a las delegaciones que el documento no estar¨¢ considerado fuera de plazo si estaba en vigor cuando entra por primera vez en la administraci¨®n espa?ola. "Los retrasos de la administraci¨®n no los paga el solicitante", explican estas fuentes.

Once a?os despu¨¦s de llegar a Espa?a, Evelyn dice que no se va a rendir, y que va a mantener limpia su ficha policial aqu¨ª mientras espera a que este pa¨ªs acepte el certificado de buena conducta que tiene de Nigeria. "El otro d¨ªa me controlaron en Getafe. Yo ten¨ªa una pinta muy sospecha, sin trabajo ni papeles. El polic¨ªa me busc¨® en los archivos. No tengo nada; no se lo pudieron creer".