Una ley del aborto en cada autonom¨ªa

Ana tendr¨ªa que haber esperado al menos tres semanas para poder interrumpir su embarazo. Ese era hasta hace unos d¨ªas el tiempo medio de espera en la Comunidad de Madrid para que una mujer fuese escuchada en la Unidad de IVE de este territorio. A Ana no le sal¨ªan las cuentas, estar¨ªa de 16 semanas cuando su caso fuese atendido y no podr¨ªa acogerse a la interrupci¨®n por voluntad de la mujer (contemplada hasta la semana 14). Ana sinti¨® que su decisi¨®n se desmoronaba, abri¨® el sobre de informaci¨®n que le hab¨ªan entregado (imprescindible para acceder a la prestaci¨®n) y busc¨® ayuda. Nada. Del listado de 30 organizaciones todas eran contrarias al aborto. Contrarias a su decisi¨®n. Al final, Ana renunci¨® a la gratuidad e interrumpi¨® su gestaci¨®n de manera privada. La situaci¨®n de cientos de mujeres como Ana ha llevado a la Comunidad a reforzar estos d¨ªas su Unidad de IVE, de tres funcionarias asignadas han pasado a cinco. A¨²n insuficientes para una comunidad que registra m¨¢s de 20.000 interrupciones al a?o.

Patricia ha o¨ªdo muchas veces desde su habitaci¨®n los insultos que se dirigen a diario contra los m¨¦dicos de la cl¨ªnica y ha pensado mucho en lo que sentir¨ªan las mujeres que atravesaban la puerta bajo esa cascada de gritos. Nunca pens¨® que fuese a ser una de ellas. Y no lo ser¨¢. Pues pese a que ha decidido interrumpir su embarazo no podr¨¢ hacerlo en Le¨®n, su ciudad. No porque no haya centros, uno de ellos est¨¢ tan solo a 50 metros de su casa. Sino porque en su ciudad las mujeres que necesitan que la sanidad p¨²blica sufrague su intervenci¨®n deben marcharse a Madrid. Patricia no lo entiende, si viviera en Valladolid, en otra provincia de su misma comunidad, no tendr¨ªa que marcharse, pero en Le¨®n han decidido concertar todas las intervenciones con la capital, aunque haya centros y profesionales en este territorio que podr¨ªan hacerlo hasta la semana 14 de gestaci¨®n, el 90% de las interrupciones.

En menos de una semana Candela habr¨¢ resuelto una de las decisiones m¨¢s complicadas de su vida. Nadie la ha juzgado, ni le han hecho esperar m¨¢s all¨¢ de los tres d¨ªas de reflexi¨®n que marca la ley. Nadie ha puesto en entredicho una decisi¨®n dif¨ªcil y dolorosa. Y sobre todo se ha sentido acompa?ada, antes y despu¨¦s. En la cl¨ªnica sevillana a la que ha sido derivada no le han pedido dinero alguno, ni siquiera ha tenido que identificarse.

Zulema s¨ª ha tenido que adelantar el dinero de la intervenci¨®n y a¨²n no sabe cu¨¢nto tiempo tardar¨¢ la Administraci¨®n catalana en devolv¨¦rselo. Cuando una mujer asume que no puede seguir alimentando m¨¢s hijos, resulta dif¨ªcil reunir el dinero para realizar un aborto. Zulema ha tenido que identificarse para poder cobrar la prestaci¨®n, circunstancia expresamente prohibida por la ley. Pero ?qu¨¦ hacer?; de lo contrario, jam¨¢s le devolver¨¢n el dinero que necesita.

Adela s¨ª dese¨® su embarazo, sin embargo el peor de los pron¨®sticos sobrevino en la semana 21 de gestaci¨®n: una grave enfermedad cardiaca har¨ªa que el feto no sobreviviese. Hoy interrumpir¨¢ una gestaci¨®n que en principio era deseada. Abortar¨¢ en un centro especializado y acreditado y no en un hospital donde habr¨ªa permanecido muchas horas e incluso d¨ªas induci¨¦ndole un aborto, como si de un parto se tratase. En la cl¨ªnica el proceso durar¨¢ solo entre 15 y 20 minutos, gracias a la t¨¦cnica de dilataci¨®n y evacuaci¨®n que ser¨¢ utilizada en la intervenci¨®n, y su estancia ser¨¢ de alrededor de tres horas. Adela no tendr¨¢ que sumar al dolor de su renuncia el penoso calvario de una t¨¦cnica obst¨¦trica que nada tiene que ver con el aborto provocado, lesiva para su salud f¨ªsica y emocional; sin embargo, tendr¨¢ que pagar por la intervenci¨®n, ya que la sanidad p¨²blica desconoce el proceso, no parece tener inter¨¦s en abordarlo y, en consecuencia, no financiar¨¢ las t¨¦cnicas m¨¢s avanzadas y menos lesivas para la mujer. Y ello pese a que la ley obliga a los profesionales a formarse en las mejores t¨¦cnicas de aborto provocado para ofrecer una prestaci¨®n de calidad a las mujeres.

Tan solo una tarjeta sanitaria ha sido necesaria para que Caterina accediese al aborto provocado en Asturias. Nadie le ha pedido que se identificase, ni que justificara una decisi¨®n que le ha costado mucho asimilar. Lo agradece, no habr¨ªa soportado m¨¢s juicios que los suyos propios.

Estas historias son solo una muestra de las experiencias vividas por las mujeres que desde la implantaci¨®n de la ley han acudido a los centros acreditados. Historias dispares, equidistantes como la interpretaci¨®n de la ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo que est¨¢n llevando a cabo los distintos Ejecutivos de las comunidades aut¨®nomas.

ACAI ya advirti¨® en su momento a los Ministerios de Igualdad y Sanidad que el poder que se otorgaba a las comunidades aut¨®nomas en la gesti¨®n de esta ley dar¨ªa lugar a que cada territorio tuviera su propia ley del aborto: 17 leyes en total. Unas diferencias que se agravan d¨ªa a d¨ªa ante la falta de un reglamento com¨²n (la verdadera ley) que desarrolle la norma, que acabe con las diferencias.

La tozuda realidad viene a darnos la raz¨®n, y ni el acceso a la prestaci¨®n sanitaria de aborto provocado es igual en todo el territorio, ni la gratuidad se cumple, ni la confidencialidad e intimidad de la mujer es respetada por todos los gestores. Asimismo, otra evidencia: la negativa de los/as profesionales de la sanidad p¨²blica a ser formados y, sobre todo, a utilizar las t¨¦cnicas menos lesivas para la salud de la mujer. Esto pone de manifiesto que la calidad de la prestaci¨®n disminuir¨¢ inexorablemente cuando el aborto se realice en un centro p¨²blico.

Por todo ello, volvemos a reiterar que resulta imprescindible el desarrollo de un reglamento para esta norma. Un par¨¢metro que sea capaz de unificar la gesti¨®n de las autonom¨ªas en la prestaci¨®n de aborto provocado. Ineludible un reglamento que no solo hable de aborto, sino de educaci¨®n sexual, de acceso a la contracepci¨®n, de formaci¨®n a los/as profesionales. Esto es, un desarrollo reglamentario que no margine el ep¨ªgrafe de esta ley: "... de Salud Sexual y Reproductiva". Un reglamento que integre, al fin, la prestaci¨®n de aborto como un recurso sanitario m¨¢s, sin perder por ello la calidad alcanzada.

Francisca Garc¨ªa es vicepresidenta de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n del Embarazo (ACAI).