El Constitucional rechaza suspender la ley del aborto

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado hoy, por seis votos contra cinco, la petici¨®n del PP de suspensi¨®n cautelar de la nueva ley del aborto hasta que el TC se pronunciara sobre los recursos de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la norma presentados por ese partido y el Gobierno de Navarra. La decisi¨®n ha contado con los votos particulares de cuatro magistrados. La nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo seguir¨¢ en vigor mientras el TC decide sobre su constitucionalidad.

Los cuatro votos particulares corresponden a los magistrados conservadores Javier Delgado Barrio, Jorge Rodr¨ªguez-Zapata y Ram¨®n Rodr¨ªguez Arribas y al progresista Eugeni Gay Montalvo. Tambi¨¦n vot¨® en contra el vicepresidente, Guillermo Jim¨¦nez.

El Constitucional ha estudiado la suspensi¨®n o no de la norma despu¨¦s de recibir las alegaciones al respecto del Gobierno. En su escrito, el Ejecutivo, a trav¨¦s de la Abogac¨ªa del Estado, ped¨ªa al Constitucional que rechazase la solicitud de los populares por no haber "previsi¨®n legal o constitucional" alguna que permita la paralizaci¨®n de un texto con rango de ley aprobado por las Cortes Generales.

Parec¨ªa bastante improbable que el Constitucional acordase la suspensi¨®n de la ley del aborto, seg¨²n hab¨ªan indicado fuentes jur¨ªdicas, bas¨¢ndose en un precedente de no paralizaci¨®n de una norma estatal. En 2006, el tribunal rechaz¨® suspender la ley que permiti¨® el traslado del Archivo General de la Guardia Civil, en Salamanca, a Catalu?a, tal como hab¨ªa pedido la Junta de Castilla y Le¨®n, por entender que la Constituci¨®n no contempla la suspensi¨®n de una norma contra la voluntad popular, esto es, cuando ha sido aprobada por las Cortes y promulgada por el Rey -como en el caso de la nueva ley del aborto-. En ese mismo auto, el Constitucional se?alaba que solo puede suspender leyes cuando es el Gobierno el que lo reclama en relaci¨®n con normas aprobadas por los Parlamentos aut¨®nomos. Sin embargo, en esta ocasi¨®n, la votaci¨®n ha sido mucho m¨¢s ajustada de lo previsto.

El 5 de julio entr¨® en vigor la nueva ley del aborto. Ese mismo d¨ªa, varias comunidades aut¨®nomas gobernadas por el PP anunciaron su boicot a la norma. Al d¨ªa siguiente, la direcci¨®n del PP llam¨® al orden a sus barones. "La ley del aborto ha entrado en vigor y hay que aplicarla", asegur¨® la portavoz del PP en el Congreso, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa. El m¨¢s beligerante de los l¨ªderes auton¨®micos fue el de Murcia, Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel, quien se?al¨® que la ley no se aplicar¨ªa en su comunidad hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el recurso del PP. Tras multitud de llamadas de atenci¨®n, Murcia decidi¨® comenzar a aplicar la norma. La regi¨®n donde se da la mayor tasa de interrupciones voluntarias del embarazo de Espa?a (16,6% por cada 1.000 mujeres frente al 15,8% de Madrid) ya no derivar¨¢ a otras comunidades a sus mujeres para abortar, como era su intenci¨®n.

El pasado 30 de junio el Constitucional admiti¨® a tr¨¢mite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y el Gobierno de Navarra contra la nueva regulaci¨®n del aborto. El PP ha impugnado preceptos de nueve art¨ªculos, entre ellos los relativos a la interrupci¨®n libre del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestaci¨®n y sobre el aborto por causas m¨¦dicas cuando no se superen las 22 semanas o existan anomal¨ªas del feto incompatibles con la vida. Y se impugnan, adem¨¢s, los preceptos que regulan el aborto de las mujeres de 16 y 17 a?os que deber¨¢n ir a abortar acompa?adas de sus tutores, salvo que justifiquen un conflicto extremo. El tribunal tambi¨¦n admiti¨® el recurso del Gobierno de Navarra contra la obligaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas de garantizar la prestaci¨®n en su territorio.