La ley del aborto nace con resistencia
Murcia dice que "no acata" la norma y el PP lo "comprende" - Galicia amaga con no dar la documentaci¨®n y rectifica - Navarra, de UPN, seguir¨¢ sin practicar abortos
La ley del aborto entr¨® en vigor ayer en medio de amenazas de boicoteo por varias comunidades. Algunas autonom¨ªas han empezado ya a poner palos en la rueda de la norma de plazos. La rebeli¨®n adopta distintas formas: carencias en la documentaci¨®n informativa que debe recibir la mujer, vaguedades en los conciertos con la sanidad p¨²blica o derivaciones in¨²tiles para dificultar la prestaci¨®n. Tambi¨¦n desaf¨ªos claros a la regulaci¨®n como el de Murcia o Navarra. Otras comunidades amagaron pero no dieron: Galicia se desdijo de su anuncio de que no entregar¨ªa la documentaci¨®n requerida a las mujeres, y Madrid aclar¨® que no incumplir¨¢ la ley pese a que anima a los profesionales a la objeci¨®n de conciencia.
El m¨¢s claro fue el presidente murciano, Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel (PP), quien declar¨® que "no hay razones" para acatar la ley porque "todav¨ªa no est¨¢ en su punto y final". Esta regi¨®n, explic¨® Valc¨¢rcel, esperar¨¢ a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso interpuesto por el Partido Popular, que ha solicitado que se paralice la norma. La portavoz de Igualdad del PP, Sandra Moneo, asegur¨® ayer, que entiende actitudes como la del Valc¨¢rcel. "Comprendemos las dudas de aplicar una ley tan manifiestamente inconstitucional", dijo.
Los ministerios de Sanidad e Igualdad, por su parte, avisaron de que est¨¢n "vigilantes" ante los incumplimientos de la norma, que establece un plazo de aborto libre hasta la semana 14. Isabel Mart¨ªnez, secretaria general de Pol¨ªticas de Igualdad, tach¨® ayer de "irresponsable" la actitud de Valc¨¢rcel y record¨® que existen procedimientos sancionadores para las regiones que incumplan.
Pero a falta de una acci¨®n clara por parte del Gobierno, no est¨¢ claro qu¨¦ va a ocurrir en las comunidades incumplidoras, como Murcia, una regi¨®n donde, en 2008, se practicaron 5.000 abortos, y la actitud respecto a la ley de plazos es de insumisi¨®n. Adem¨¢s de porque esperan el dictamen del Constitucional, fuentes del Gobierno murciano explicaron que tienen otro motivo para no aplicar la regulaci¨®n: "Enviamos una carta a Sanidad para que nos aclarase cuestiones de la ley y no hemos recibido respuesta".
Pero Murcia no es la ¨²nica que desaf¨ªa la norma. Navarra -gobernada por UPN con apoyo del PSOE, y que tambi¨¦n ha recurrido al Constitucional la ley por "invasi¨®n de competencias"- seguir¨¢ sin practicar abortos, seg¨²n confirm¨® la consejera de Sanidad Mar¨ªa Kutz. A pesar de que la ley marca que todas las mujeres tienen derecho a someterse a esta intervenci¨®n en su territorio "salvo cuestiones excepcionales", Navarra seguir¨¢ derivando a las mujeres a abortar a otras regiones. Una salvedad que no supone, para Kutz, un incumplimiento.
A la amenaza murciana se sum¨® ayer otra comunidad, Galicia, que amag¨® con incumplir la ley pero que m¨¢s tarde recul¨®. La Xunta declar¨® el viernes que no introducir¨ªa informaci¨®n propia de ayudas a las mujeres que quieran abortar en el sobre que, por decreto, las autonom¨ªas deben dar a las gestantes. "Seremos meros transmisores de Madrid", dijo un portavoz de la Consejer¨ªa de Sanidad. Un claro incumplimiento, seg¨²n Igualdad, del que el Gobierno gallego se desdijo a lo largo de la tarde de ayer, cuando colg¨® la documentaci¨®n en la web.
Tambi¨¦n Valencia o Baleares mostraron dificultades para cumplir la norma. Ambas no ten¨ªan lista la documentaci¨®n hasta ayer por la tarde, seg¨²n la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n del Embarazo, que deb¨ªa recibirla.
Pero acatar la regulaci¨®n, aunque sea a ¨²ltima hora, no significa aplicarla de manera efectiva. Madrid se apresur¨® ayer a asegurar que cumplir¨ªa, pero el mecanismo que ha adoptado dificulta que la prestaci¨®n se realice en centros p¨²blicos (donde s¨®lo se hacen el 2% de los abortos), uno de los esp¨ªritus de la nueva ley. Esta regi¨®n, adem¨¢s, alienta la objeci¨®n de conciencia m¨¦dica. Un tema pol¨¦mico, que no ha terminado de desarrollarse. Castilla La-Mancha (que concierta esta prestaci¨®n con los centros privados) anunci¨® ayer la creaci¨®n de un registro de m¨¦dicos objetores. Una v¨ªa para determinar cu¨¢ntos son. Y es que en un sondeo hecho hace unos d¨ªas a los m¨¦dicos de los centros p¨²blicos, casi el 100% declar¨® que objetar¨ªa.
"Las comunidades est¨¢n expectantes", insisti¨® la portavoz de Igualdad del PP, que no critic¨® la actitud obstaculizadora de algunas regiones. "Nos vamos a esforzar para que baje el n¨²mero de abortos, y para solucionar los problemas reales de las mujeres que se ven obligadas a ello", dijo.
Pero independientemente del color pol¨ªtico, hay un incumplimiento casi general de uno de los puntos clave de la ley. Ayer, solo dos comunidades -Andaluc¨ªa y Catalu?a- hab¨ªan formado el comit¨¦ m¨¦dico que deber analizar los casos de malformaciones.
Con informaci¨®n de Cristina Huete y Amaia Arrar¨¢s.
Los cambios legislativos sobre el aborto en Espa?a
- Octubre de 1983. El Congreso de los Diputados aprueba la ley org¨¢nica que despenaliza la interrupci¨®n del embarazo en caso de riesgo f¨ªsico o ps¨ªquico para la salud de la mujer sin l¨ªmite de tiempo, malformaciones graves del feto (hasta un m¨¢ximo de 22 semanas) o violaci¨®n (hasta las 12 semanas).
- Abril de 1985. El Tribunal Constitucional falla en contra de la ley por considerar que no garantiza el derecho a la vida y a la integridad f¨ªsica de la mujer. La sentencia habla del nasciturus (no nacido) como un "bien jur¨ªdicamente protegido" y establece que los derechos de la mujer no pueden tener "primac¨ªa absoluta" sobre los del feto, salvo en los tres supuestos que contempla la ley.
- Julio de 1985. El Gobierno modifica la norma: un m¨¦dico especialista deber¨¢ emitir un informe en el supuesto de riesgo para la madre, y el Estado tendr¨¢ que garantizar la comprobaci¨®n de los casos y la realizaci¨®n de abortos en centros p¨²blicos o privados debidamente autorizados. Adem¨¢s, "en caso de urgencia por riesgo vital para la gestante" podr¨¢ precindirse del dictamen m¨¦dico prescriptivo y del consentimiento expreso de la mujer.
En el mes de agosto entra en vigor la Ley Org¨¢nica 9/85.
- Julio de 1995. El Ejecutivo presenta un anteproyecto para despenalizar un cuarto supuesto: si el embarazo supone un conflicto personal, familiar o social para la mujer, esta podr¨¢ interrumpir su gestaci¨®n hasta la semana 12. El Congreso de los Diputados aprueba la iniciativa, pero la convocatoria anticipada de elecciones y la oposici¨®n de Partido Popular y CiU impiden que llegue a tiempo al Senado.
- Febrero de 2007. Agentes del Seprona se presentan en la cl¨ªnica madrile?a Isadora, supuestamente para revisar la gesti¨®n de residuos. Abren los contenedores sin autorizaci¨®n judicial y consiguen iniciar un caso. En noviembre de 2009 la Justicia decide que no hay pruebas de que el centro practicase abortos fuera de plazo.
- Julio de 2007. Comienza la investigaci¨®n judicial de tres cl¨ªnicas del grupo Ginemedex-TCB en Barcelona tras la denuncia de un grupo cat¨®lico. El director, Carlos Mor¨ªn, su esposa y varios trabajadores entran en prisi¨®n por realizar interrupciones de embarazos de hasta 30 semanas. En enero quedan en libertad Mor¨ªn, su mujer y una colaboradora, pendientes de juicio.
- Septiembre 2009. El Congreso aprueba el anteproyecto de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo: permite el aborto libre hasta las 14 semanas y hasta las 22 semanas en caso de riesgo para la salud de la mujer o anomal¨ªas graves del feto. A partir de los 16 a?os, las menores pueden abortar sin informar a los padres si sufren una situaci¨®n familiar problem¨¢tica.
- 17 de diciembre de 2009. El Congreso aprueba la nueva ley con 184 votos a favor (PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, BNG, Na-Bai y dos diputados de Convergencia (CDC-CIU), 158 en contra (PP, CC, los cuatro de Uni¨® (UDC-CiU), tres de Converg¨¨ncia, UPN y UPyD). La otra diputada de Conv¨¨rgencia, Inmaculada Riera, fue la ¨²nica abstenci¨®n y el popular Jos¨¦ Madero vot¨®, por error, a favor de la norma.
- 1 de junio de 2010. El PP recurre ante el Tribunal Constitucional y solicita la suspensi¨®n de la entrada en vigor de la ley. El Gobierno de Navarra tambi¨¦n presenta un recurso alegando que invade competencias de la comunidad, donde actualmente no se realizan interrupciones del embarazo.
- 24 de junio de 2010. Los grupos parlamentarios Nafarroa Bai, PSN e IU se unen para aprobar una proposici¨®n de ley que garantice el derecho a abortar en Navarra.
- 5 de julio de 2010. Entra en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo, a la espera de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los recursos del PP y del Gobierno de Navarra.
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