La Ley de Dependencia ha costado al Gobierno estos cuatro a?os 5.300 millones de euros

El Gobierno ha destinado 5.390.510.668 euros a la financiaci¨®n de la Ley de Dependencia en los cuatro a?os que lleva en vigor. Andaluc¨ªa, Catalu?a, Madrid, Castilla y Le¨®n y Galicia han sido las comunidades que m¨¢s han recibido, lo que no coincide con el buen desarrollo de la ley en estas regiones sino con otros factores que tienen que ver con la poblaci¨®n, por ejemplo, o con el n¨²mero de dependientes que se inscriben oficialmente en el sistema aun cuando ya estuvieran siendo atendidos con anterioridad. Madrid es un ejemplo de ello, porque la implantaci¨®n de la norma en esta comunidad es d¨¦bil: es la tercera autonom¨ªa por la cola en personas atendidas respecto a su poblaci¨®n (el 0,77%, la mitad de la media nacional, que es del 1,42%, y muy lejos de las primeras, La Rioja, Cantabria y Andaluc¨ªa, por encima del 2%). (Madrid, como hace con las listas de espera en Sanidad, no est¨¢ de acuerdo con la forma de medir los datos del Gobierno y defiende un sistema propio).

Para tener una idea exacta de la correcta financiaci¨®n de esta ley habr¨ªa que contar con los datos de las comunidades aut¨®nomas, pero, tras cuatro a?os, no se dispone de ellos todav¨ªa. La ley exige cofinanciaci¨®n por parte de las Administraciones central y auton¨®micas. "Hemos pedido los datos a las comunidades. Cuando alguna dice que aporta m¨¢s de lo que el corresponde, les digo que me lo demuestren", dijo durante la presentaci¨®n de los datos Isabel Mart¨ªnez Lozano, secretaria general de Pol¨ªtica Social y Consumo.

Los beneficiarios de la norma, alrededor de 700.000 en la actualidad, son en su mayor¨ªa mujeres (sobre todo porque son las que alcanzan una mayor esperanza de vida) y un 56% del total es usuario por su discapacidad f¨ªsica mientras que el resto lo es por problemas intelectuales o mentales (la estad¨ªstica no lo distingue). Los extranjeros representan solo el 0,36% del total de los usuarios.

Tres de cada cuatro personas mayores de 80 a?os inscritos en el sistema ya reciben prestaciones. Los ancianos son los principales usuarios. Esta es la raz¨®n de que el n¨²mero de mujeres sea mayor, porque en el resto de los tramos de edad, de 80 a?os hacia abajo, los hombres son mayoritarios.

Las ayudas m¨¢s extendidas son las prestaciones econ¨®micas para que un familiar cuide en casa del dependiente: m¨¢s de 385.000 personas se benefician de una de estas pagas; 240.316 disfrutan de alg¨²n servicio (ayudas a domicilio, centros de d¨ªa) y 173.961 tienen una plaza en un centro residencial. El 87% de las personas mayores manifiesta en las encuestas su deseo de ser atendidos en sus propios domicilios, dijo Mart¨ªnez. Este es el motivo por el que la paga familiar sigue siendo la ayuda mayoritaria, a pesar de que deber¨ªa ser excepcional, como reconoce la ley. Influyen en esta decisi¨®n del usuario razones culturales, que seguramente se acrecientan en los entornos rurales. A pesar de que en Espa?a solo el 12% de la poblaci¨®n vive en localidades con menos de 5.000 habitantes, el 28% de las personas en situaci¨®n de dependencia tienen su hogar en estos pueblos. Se debe a lo envejecido que est¨¢ el mundo rural.

Como corresponde al arranque de una ley de estas caracter¨ªsticas, y porque as¨ª se determinaba en el calendario que se impuso, los dependientes m¨¢s graves son los primeros que han ido entrando en el sistema y son los mayoritarios a¨²n. El grado III, los m¨¢s graves, suponen el 58% de los beneficiarios y algo m¨¢s del 42% tienen un grado severo de dependencia. El Gobierno no ha incluido en estas estad¨ªsticas a los moderados, que entraban en el sistema en enero. Todas las cifras est¨¢n cerradas a 31 de diciembre de 2010.

La financiaci¨®n de esta ley por parte del Gobierno ha superado cada a?o la memoria econ¨®mica prevista, en ocasiones hasta en un 105%. Ello se debe en parte a que no puede haber un presupuesto cerrado para esta partida, puesto que se trata de un derecho de los ciudadanos, como la sanidad, que no puede desatenderse por falta de presupuesto.

El Gobierno ha calculado que en estos cuatro a?os de implantaci¨®n de la ley se han generado 110.841 empleos, seg¨²n los datos de la Seguridad Social, un sector que ha crecido a pesar de la crisis econ¨®mica.

Ni Mart¨ªnez Lozano ni la directora general del Imserso, Purificaci¨®n Causapi¨¦, quisieron hacer le?a en las desigualdades en la implantaci¨®n del sistema. "Hay que reconocer el esfuerzo de todas las Administraciones", se limitaron a decir, aunque admitieron que en algunas se va a "un ritmo m¨¢s lento del previsto". Mart¨ªnez record¨® que un real decreto establece en seis meses el plazo que tiene una persona desde que solicita que se le eval¨²e hasta que recibe la correspondiente ayuda, aunque admiti¨® que en algunas comunidades no se cumple.

Sobre la diferencia de 230.000 personas que a 1 de enero que ten¨ªan reconocida una ayuda pero esta no estaba determinada (y, por tanto, no la recib¨ªan), Causapi¨¦ explic¨® que el proceso de fijar el tipod e prestaci¨®n no era autom¨¢tico, y que siempre habr¨ªa un retraso, que ella se niega a denominar lista de espera. De hecho, con la incorporaci¨®n al sistema de los ¨²ltimos dependientes, los de nivel I (los m¨¢s leves) el 1 de enero de este a?o, la cifra de personas que est¨¢n pendientes de que se les fije una prestaci¨®n ha aumentado a 300.000.