Brecha abismal entre autonom¨ªas para costear la dependencia

El sistema de atenci¨®n a las personas dependientes, configurado para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos necesitados de una ayuda, se ha revelado un mapa desigual al arbitrio de la voluntad pol¨ªtica y lastrado por una situaci¨®n econ¨®mica dif¨ªcil. Las diferencias entre unas comunidades y otras son enormes, tanto en el gasto como en los ciudadanos atendidos o en las prestaciones que se conceden. Pero son precisamente esas diferencias las que dibujan la voluntad de algunas de ellas por seguir avanzando en el desarrollo de la ley mientras que en otras regiones se percibe con claridad el ritmo mortecino de su implantaci¨®n.

Significativo es el esfuerzo p¨²blico econ¨®mico por habitante y a?o, lo que le cuesta al contribuyente cada dependiente atendido. Desde los 183 euros que se emplean en La Rioja o los 172 de Cantabria a los 32 pelados de Canarias o los 57 de Baleares. El primero aporta seis veces lo que el ¨²ltimo. La media espa?ola (calculada mes a mes por el coste de los atendidos en 2010) es de 102 euros por habitante al a?o, una cantidad de la que se ha extra¨ªdo el copago, es decir, la aportaci¨®n del propio usuario al coste del servicio. Todos estos datos son de la explotaci¨®n por comunidades del ¨²ltimo estudio de la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, cuyo autor es Luis Barriga. Y se refieren ¨²nicamente a costes directos de atenci¨®n a los dependientes. Quedan excluidos otros gastos, como los de gesti¨®n, por ejemplo.

Hay regiones que dan muchas prestaciones pero de muy bajo coste

Las islas, Madrid y Valencia, las que atienden a menos ciudadanos

Cantabria y el Pa¨ªs Vasco obtienen resultados muy meritorios

"No hay razones para no implantar la ley", dice un experto

Tampoco es id¨¦ntico el esfuerzo p¨²blico para sufragar esas cantidades, porque de los 183 euros en La Rioja, el Gobierno se hace cargo de 63 euros, mientras que la comunidad aporta 120. En cambio, con Canarias ocurre justo al rev¨¦s, el poco esfuerzo de la comunidad, que no llega a los nueve euros, se compensa con la aportaci¨®n del Ejecutivo, que pone 23,65. Murcia y Galicia son otros dos ejemplos en los que la aportaci¨®n del Gobierno es superior al esfuerzo p¨²blico de la comunidad en costes directos.

No todas las ayudas que se conceden por la Ley de Dependencia son igual de costosas, por eso son rese?ables tambi¨¦n las diferencias entre unas comunidades y otras. Algunas han optado por los servicios y otras se inclinan claramente por las prestaciones econ¨®micas, m¨¢s rentables para sus arcas. En Murcia y Baleares, por ejemplo, el 70% de las ayudas concedidas son pagas para el cuidador familiar, es decir, para atender al anciano en casa. No es la situaci¨®n ideal, porque la ley establece que esta prestaci¨®n debe ser excepcional, pero con ello logran atender a m¨¢s gente a menor coste. El problema surge cuando, a pesar de conceder muchas de estas pagas, no logran una tasa de atendidos muy alta. Y Baleares, respecto al n¨²mero de personas atendidas en relaci¨®n con su poblaci¨®n se sit¨²a muy por debajo de la media espa?ola, con una tasa de 8,2 atendidos por cada 1.000 habitantes frente a los 14 de media espa?ola.

Hay otras regiones, como Andaluc¨ªa, con muchos ciudadanos atendidos y muchos servicios, pero de bajo coste: con la teleasistencia y la ayuda a domicilio cubren buena parte de las prestaciones concedidas. Y la intensidad de la ayuda a domicilio, es decir, las horas semanales por persona, no suelen ser muchas. Mucho menos eficaz es la teleasistencia, apenas un dispositivo electr¨®nico que avisa si sobreviene alg¨²n problema.

Est¨¢n aquellas comunidades que han optado por los servicios, aunque optar es una palabra un poco ancha para Madrid. La comunidad madrile?a es la ganadora en gasto por dependientes atendidos en residencias, el m¨¢s costoso de todos los servicios. Quiz¨¢ por eso, esta regi¨®n sale a 77,81 euros por habitante al a?o en atenci¨®n a la dependencia; de ellos, algo m¨¢s de 23 los aporta el Gobierno. Pero son tan pocas las personas atendidas que las cuentas tampoco salen. Despu¨¦s de Canarias, posiblemente la comunidad m¨¢s calamitosa en sus datos oficiales, Madrid y Valencia encabezan la cola en personas atendidas respecto a su poblaci¨®n: 7 ciudadanos atendidos de cada 1.000 (la media es 14).

Sobre Madrid hay que se?alar tambi¨¦n que parte de los ingresados en residencias ya lo estaban antes de iniciarse la ley, por tanto, no es un gasto ex novo. Ni se opt¨® por los servicios, solo se registraron. Muchas comunidades hicieron esto mismo, inscribir como nuevos usuarios de la dependencia a quienes ya estaban atendidos, y as¨ª cobraban por ellos del Gobierno. En Madrid los nuevos usuarios de las residencias se contaban por miles de un mes para otro en la estad¨ªstica oficial.

"El m¨¦rito se lo llevan comunidades como La Rioja o Cantabria que, con una proporci¨®n de servicios y prestaciones cercana a la media espa?ola, han sido valientes para llegar a tasas de 24 atendidos de cada 1.000 habitantes. O el Pa¨ªs Vasco, donde un modelo claramente basado en prestar servicios est¨¢ siendo capaz de ofrecer una tasa de cobertura superior a la media espa?ola", explica Luis Barriga.

"Cuanto peor sea la atenci¨®n prestada y menor sea la cobertura del sistema, mejor les ir¨¢ econ¨®micamente a las comunidades. Y es aqu¨ª donde se han desvelado las dos cuestiones recurrentes en nuestros informes: la falta de voluntad pol¨ªtica y la impericia de algunas comunidades para la implantaci¨®n del sistema. Pueden tener razones para la queja (en materia financiera es evidente) pero ninguna raz¨®n es v¨¢lida para incumplir una ley aprobada en las Cortes que, adem¨¢s, afecta tanto a la calidad de vida y a los derechos de las personas", concluye Barriga.