La nueva Ley de la Ciencia, entre la frustraci¨®n y el estado de excepci¨®n laboral

El 14 de abril se han cumplido 25 a?os de la promulgaci¨®n de la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinaci¨®n General de la Investigaci¨®n Cient¨ªfica y T¨¦cnica, sin duda el principal referente del sistema cient¨ªfico-t¨¦cnico espa?ol. Los logros de esta ley han sido muy importantes: aumento sustancial de la presencia espa?ola en proyectos internacionales y en todas las bases de datos cient¨ªficas, consolidaci¨®n de grupos, aumento del protagonismo de la Universidad como agente fundamental en la creaci¨®n de conocimiento b¨¢sico, presencia creciente de las comunidades aut¨®nomas (CC AA). y promoci¨®n de la tecnolog¨ªa y la innovaci¨®n en planes regionales, con un gasto total en I+D que ha evolucionado desde el 0,72% del PIB en 1988 al 1,35%PIB alcanzado en 2009, todav¨ªa muy lejos de la media europea y de la OCDE.

Sin embargo, la Ley no consigui¨® su objetivo b¨¢sico de coordinaci¨®n entre los distintos agentes del sistema p¨²blico de I+D ni con las CC AA. Aunque los resultados menos brillantes son los obtenidos en promoci¨®n de la I+D y de la innovaci¨®n empresarial. El sector empresarial espa?ol no ha incorporado la innovaci¨®n tecnol¨®gica como elemento estrat¨¦gico de su actuaci¨®n, aunque ha contado con una ingente cantidad de instrumentos, alimentados por el exponencialmente creciente cap¨ªtulo 8 de los PGE, que ya supone m¨¢s del 60% del total del gasto en I+D de la Administraci¨®n General del Estado (AGE) y con la pol¨ªtica fiscal m¨¢s generosa de la OCDE. Los mecanismos de promoci¨®n no han funcionado sino que se ha producido una sustituci¨®n de inversiones por ayudas p¨²blicas.

En los pa¨ªses m¨¢s avanzados el porcentaje de inversi¨®n privada respecto al total supera el 60%, mientras en Espa?a la financiaci¨®n empresarial supuso en 2009 el 43,3% del gasto total, con una reducci¨®n neta del 8,8% respecto a 2008. Seg¨²n el INE el gasto total en I+D ha disminuido en 2010 por primera vez en 15 a?os, debido al comportamiento de la inversi¨®n privada. Por tanto, no estamos ante un problema de financiaci¨®n excesiva del sector p¨²blico, sino ante un d¨¦ficit sostenido de los recursos privados aportados al sistema.

La discusi¨®n de la nueva Ley se plantea en el marco de una profunda crisis con un aumento vertiginoso del paro y la destrucci¨®n de gran parte del sistema productivo. La vinculaci¨®n entre ciencia y entorno socioecon¨®mico es un factor clave para la innovaci¨®n, entendida como la aplicaci¨®n pr¨¢ctica del desarrollo tecnol¨®gico y de la generaci¨®n de conocimiento a la resoluci¨®n de necesidades empresariales y sociales concretas. Por tanto, las medidas de la Ley deber¨ªan comprender no s¨®lo al sistema p¨²blico, sino tambi¨¦n al resto de actores del sistema de ciencia y tecnolog¨ªa, con el objetivo de promover la creaci¨®n de conocimiento b¨¢sico, atender a las demandas de la sociedad y fomentar la mejora de los procesos de innovaci¨®n en el sistema productivo.

La nueva Ley de la Ciencia, la Tecnolog¨ªa y la Innovaci¨®n

Los aspectos centrales de la ley reflejan las presiones de los sectores empresariales para reorientar al sector p¨²blico hacia la trasferencia y la innovaci¨®n. Ante la incapacidad de generar un tejido tecnol¨®gico potente a partir de una inversi¨®n propia sostenida y suficiente, se propone la conversi¨®n del sector p¨²blico en el n¨²cleo de la investigaci¨®n finalista y aplicada. Para abundar en esta propuesta, CIU ha introducido en el tr¨¢mite de enmiendas el concepto de transferencia inversa, que en rom¨¢n paladino significa que ser¨¢n las grandes empresas las que decidan las prioridades y objetivos del sector p¨²blico.

Insistimos en tropezar en la misma piedra, errando el diagn¨®stico y confundiendo el papel de los actores. El sector p¨²blico no puede actuar como motor exclusivo del tan reiterado cambio de modelo de desarrollo. Las prioridades de orden organizativo, financiero, de recursos humanos y de estrategia empresarial son las que definen a las empresas innovadoras, adem¨¢s de la gesti¨®n de las innovaciones tecnol¨®gicas. La interacci¨®n entre sector p¨²blico y privado es imprescindible, pero debe establecerse desde el respeto a los objetivos y culturas propias de ambos sectores y dentro del marco de una planificaci¨®n estrat¨¦gica de las actividades de I+D+i que exige el cambio de modelo de desarrollo en nuestro pa¨ªs.

La ley tampoco resuelve la escasa coordinaci¨®n de las actividades de I+D entre AGE y CC AA. El Consejo de Pol¨ªtica Cient¨ªfica y Tecnol¨®gica sustituye al inoperante Consejo General de Ciencia y Tecnolog¨ªa y el paso por Comisi¨®n ha reforzado, de la mano de CiU y PNV, la v¨ªa de las negociaciones bilaterales respecto a las federales, primando a las autonom¨ªas con poder real o por simple aritm¨¦tica parlamentaria.

Una ley contra los trabajadores de la investigaci¨®n

Pero el principal problema de la ley se centra en los recursos humanos. Desde CC OO propusimos la incorporaci¨®n al nuevo texto legal de los criterios b¨¢sicos de un Estatuto del Personal de Investigaci¨®n, que deb¨ªa recoger el derecho a la carrera profesional para el conjunto de funciones que incluye la actividad investigadora -cient¨ªficas, t¨¦cnicas y de gesti¨®n-, favorecer la movilidad, y reducir la alarmante precariedad que lastra los centros p¨²blicos de investigaci¨®n.

Ninguno de estos objetivos se recoge en el proyecto de ley. Las escalas cient¨ªficas de los Organismos P¨²blicos de Investigaci¨®n (OPI) se reconvierten a las del CSIC, pero con el adjetivo MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovaci¨®n). Eso s¨ª, los investigadores de OPI se incorporar¨¢n en la escala inicial, Cient¨ªfico Titular, al margen de su situaci¨®n profesional; un desprop¨®sito que solo puede generar pol¨¦mica y aumenta el descr¨¦dito del ministerio. Se crea la figura del tecn¨®logo, pero no se desarrolla su carrera profesional, y no se incluye referencia alguna al personal de gesti¨®n, aunque se reconoce que la falta de gestores especializados limita la capacidad de actuaci¨®n de los centros p¨²blicos.

El articulado s¨®lo reconoce el derecho a la carrera del personal cient¨ªfico, y con grandes restricciones en el sistema de acceso. Los sindicatos planteamos la reducci¨®n a dos tramos -el contrato predoctoral y el contrato de acceso-, previos al acceso a un puesto estable, apoyando el modelo de contrataci¨®n laboral como v¨ªa de estabilizaci¨®n; pero rechazamos los contratos indefinidos condicionados a evaluaciones peri¨®dicas, que introduc¨ªan una nueva causa de despido objetivo. Lo que no se lograba en el proceso de di¨¢logo social se pretend¨ªa colar por la puerta trasera de la ley de ciencia.

Tras su paso por Comisi¨®n, se presenta como ¨²nica novedad la sustituci¨®n del sistema 2+2, por el contrato laboral de cuatro a?os para realizar la tesis doctoral en universidades, OPI e ISFL financiadas con fondos p¨²blicos. A cambio, no se mantienen las condiciones actuales, y el sueldo inicial de los becarios (1.100 euros mensuales para FPI, FPU, JAE) se ver¨¢ reducido entre un 30-40%.

Por otro lado el proyecto de ley propone un sistema de acceso que ni siquiera recoge las escasas garant¨ªas del actual modelo Ram¨®n y Cajal. Los investigadores que superen la evaluaci¨®n podr¨¢n ver sus m¨¦ritos valorados en las pruebas de acceso a puestos de personal laboral fijo -???solo faltar¨ªa que no valieran!!!-, pero no se les aplicar¨¢ el sistema retributivo de sus hom¨®logos funcionarios. Se han desechado las propuestas sindicales de asegurar un n¨²mero de contratos indefinidos equivalente al n¨²mero de plazas convocadas al inicio del proceso.

Pero donde el proyecto de ley adquiere su mayor nivel de regresi¨®n es en la enmienda 304, propuesta por el PP y aprobada por CiU, PNV y PSOE. La disposici¨®n adicional 23 implica que a todos los contratos temporales del sector p¨²blico de la investigaci¨®n (regulados en los art¨ªculos 19.2, 25.7 y 29 de la ley) no se les podr¨¢n aplicar los art¨ªculos 15.1 y 15.5 del Estatuto de los Trabajadores. Se elimina as¨ª la posibilidad de acceder a un contrato indefinido por encadenamiento de contratos en el mismo puesto de trabajo, la popular Ley Caldera. No se resuelve, sino que se profundiza, el problema de la precariedad en el sector p¨²blico de la investigaci¨®n, donde el personal investigador y t¨¦cnico podr¨¢ ser precario ad infinitum.

La precariedad laboral se convierte en norma; una verdadera patolog¨ªa del sistema cient¨ªfico, cuando la ¨²nica f¨®rmula para construir una base amplia de investigadores eficientes deber¨ªan ser: estabilidad y medios, junto con un sistema objetivo de evaluaci¨®n para su entrada. La precariedad, adem¨¢s de injusta, es disfuncional para el sistema de investigaci¨®n. ?C¨®mo va a aumentar la eficiencia de un sistema cuando la mitad de sus muy cualificados trabajadores se ven condenados a la inestabilidad de por vida?

Esta enmienda constituye un verdadero ataque a los trabajadores de la investigaci¨®n, creando un estado de excepci¨®n laboral en el sector p¨²blico.

Y otros retrocesos

Una exigencia del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda ha sido aprobar la Ley a coste cero cuando queda claro que las actividades de I+D necesitan horizontes financieros plurianuales y estables. La ley no dispone de una Memoria econ¨®mica y los PGE I+D 2011 han confirmando que nace sin apoyo presupuestario. Los ¨²nicos recursos nuevos para su puesta en marcha son los 17 millones de euros para financiar el coste de la Seguridad Social de los nuevos contratos predoctorales.

Se mantiene la dualidad de las dos agencias de financiaci¨®n, una para la investigaci¨®n y otra para la innovaci¨®n, lo que impide la actuaci¨®n estrat¨¦gica conjunta y rompe la coherencia de los sistemas de evaluaci¨®n y seguimiento de los recursos asignados. Si estas agencias son independientes, como prev¨¦ la Ley de Agencias, deber¨¢n contar con presupuestos plurianuales de los que el MEH no quiere ni o¨ªr hablar.

Desde la Secretaria Confederal de I+D+i de Comisiones Obreras hemos mantenido este discurso ante el Ministerio de Ciencia e Innovaci¨®n, plasmado en las m¨¢s de 80 enmiendas elaboradas con UGT, planteadas a todos los grupos parlamentarios pero solo defendidas por el grupo IU-ICV-ER. El grupo socialista no ha aceptado ninguna enmienda de calado, m¨¢s all¨¢ de retoques en el texto introductorio. La ministra Garmendia ni siquiera ha asistido a las dos comisiones donde se discuti¨® y aprob¨® el proyecto.

El PSOE justifica la ley en base al importante consenso alcanzado en comisi¨®n, donde solo el diputado de Izquierda Unida se opuso a su aprobaci¨®n. Un diputado que represent¨® en solitario las demandas de los dos grandes sindicatos de clase y de las asociaciones m¨¢s representativas de los investigadores precarios.

Pocas son las posibilidades de que algo cambie en el Senado y en pocas semanas tendremos una nueva Ley de Ciencia que sustituya a la 13/1986. Poco hemos aprendido para convertir la esperanza que aquella suscit¨® en frustraci¨®n y desprecio a los derechos de quienes construyen la investigaci¨®n. Claro que aquella ley fue fruto de un Gobierno fuerte y de un ministerio s¨®lido, mientras que la actual procede del ministerio m¨¢s d¨¦bil de un Gobierno d¨¦bil y sin rumbo.

Emilio Criado es Cient¨ªfico Titular y representante de CC OO en el Consejo Rector del CSIC y Alicia Dur¨¢n es Profesora de Investigaci¨®n del CSIC y directora del ?rea de Ciencia y Tecnolog¨ªa de la Fundaci¨®n 1? de Mayo de CC.OO.