El Gobierno ha pagado el grueso del coste de la dependencia en Canarias, Valencia, Madrid y Galicia

El coste total del sistema de la Dependencia alcanz¨® el a?o pasado 6.301 millones de euros, lo que representa un 0,64% del PIB, el doble de lo que supon¨ªa en 2003. El 95% de ese gasto, es decir, 5.969 millones corresponde a las ayudas destinadas a los beneficiarios, tanto prestaciones econ¨®micas como servicios. Del total de ese coste, el Ministerio de Sanidad y Pol¨ªtica Social ha aportado 1.828 millones de euros, un 30,6% y el resto lo habr¨ªan puesto las comunidades aut¨®nomas (60%) y los ciudadanos mediante el copago (9%), en cifras redondas.

Pero no todo el gasto en la Ley de Dependencia es nuevo. Hab¨ªa prestaciones que ya se ven¨ªan dando antes de esta ley y de las que ya se ocupaban los presupuestos correspondientes. Muchos ancianos ten¨ªan una plaza de geri¨¢trico antes de ponerse en marcha este sistema, por ejemplo. As¨ª que, para tener una idea exacta del coste de la ley hay que excluir ese gasto anterior. Las cifras oficiales del Gobierno en su evaluaci¨®n global de la ley indican que el gasto nuevo en 2010 se elev¨® hasta los 3.623 millones de euros, un 60% del gasto total de las prestaciones concedidas. Pues bien, de ese gasto nuevo, el Gobierno ha aportado 1.828 millones de euros y las comunidades 1.538. Los ciudadanos se habr¨ªan hecho cargo de 257 millones. As¨ª pues, del coste generado por la ley de dependencia el Gobierno ha aportado la mitad, un 50,4% mientras que las comunidades aut¨®nomas se quedan en un 42,4%. Ellas corren con m¨¢s gastos que el Gobierno, pero no todos son gastos nuevos atribuibles a la ley, sino a prestaciones a ciudadanos que ya ten¨ªan atendidos con anterioridad.

Todos estos datos oficiales se presentar¨¢n en el Consejo de Ministros el pr¨®ximo viernes y est¨¢n pendientes de aprobaci¨®n por parte de las comunidades en consejo territorial, un tr¨¢mite formal que no ocurrir¨¢ ya por la convocatoria de elecciones generales.

En todo caso, para tener total precisi¨®n hay que ir comunidad por comunidad, donde las diferencias son acusad¨ªsimas. En algunas, como en Canarias, Valencia, Madrid o Galicia, puede afirmarse que el Gobierno se est¨¢ haciendo cargo del grueso de la ley de Dependencia porque aporta una proporci¨®n del gasto nuevo infinitamente mayor que las comunidades aludidas. En el caso de Canarias el Gobierno ha aportado el 90% del gasto nuevo, el 85% en Valencia, el 74% en Madrid o el 73% en Galicia.

Sin embargo, hay otras comunidades que salen perdiendo en este reparto. Son las que pueden de verdad quejarse de que aportan m¨¢s de lo que deben, puesto que esta ley debe cofinanciarse. Se trata del Pa¨ªs Vasco, La Rioja y Andaluc¨ªa, que han aportado el 64%, 61% y 54% respectivamente. Son las ¨²nicas regiones que aportan m¨¢s que el Gobierno. Catalu?a, Baleares y Navarra estar¨ªan casi a la par. Castilla-La Mancha, Arag¨®n, Murcia, Castilla y Le¨®n, Cantabria y Asturias van del 56% al 64% en las aportaciones que reciben del Gobierno.

Pero a medida que avanza la implantaci¨®n del sistema de la dependencia se observa que el gasto nuevo cada vez es mayor mientras que el consolidado tiende a disminuir. Por lo tanto, si no se equilibran las cuentas, el Gobierno aportar¨¢ demasiado en unas comunidades mientras que otras sufrir¨¢n cada vez m¨¢s el coste del sistema.

Los aspectos econ¨®micos y de financiaci¨®n de esta ley han de incluir tambi¨¦n otras cantidades. Se trata de 331 millones que corresponden a las cuotas de la seguridad social para las cuidadoras familiares, un monto del que se encarga el Gobierno en exclusiva, adem¨¢s de 465 millones por otros conceptos que se recogen en la ley. En 2009 el Gobierno puso en marcha el famoso Plan E para paliar los efectos de la crisis. Pues bien, 140 millones se transfirieron para dependencia por esa v¨ªa.

Esta evaluaci¨®n de la ley, que deb¨ªa haberse presentado el a?o pasado, pone de manifiesto el potencial generador de empleo de la dependencia. Solo entre 2009 y 2010 se habr¨ªan creado gracias a la ley 165.000 empleos, el 74% relacionados directamente con la atenci¨®n a las personas con dependencia y el resto empleos indirectos en otros sectores productivos.

Por otro lado, la implantaci¨®n de la ley est¨¢ generando jugosos retornos a las arcas p¨²blicas. En los dos ¨²ltimos a?os mencionados, los ingresos p¨²blicos habr¨ªan alcanzado 1.272 millones de euros, seg¨²n los datos oficiales. Los c¨¢lculos del Gobierno indican que se habr¨ªan recuperado 20 c¨¦ntimos por cada euro invertido.