La educaci¨®n tiene motivos para secundar la huelga general

CC OO y UGT hemos convocado una huelga general el pr¨®ximo 29 de marzo, bajo el lema ¡®Quieren acabar con todo¡¯, a la que tambi¨¦n se suma STEs. Con ella, queremos desenmascarar la verdadera pol¨ªtica del Gobierno del Partido Popular, cuya reforma laboral constituye una nueva vuelta de tuerca que potencia la discrecionalidad empresarial, en la misma medida que desprotege a los trabajadores por cuenta ajena. Como sucedi¨® con la aprobada por el anterior Ejecutivo, la reducci¨®n del d¨¦ficit se ha colocado en el frontispicio de la acci¨®n pol¨ªtica y, con ello, se han acometido nuevos recortes y se ha ajustado el gasto, ignorando los ingresos y renunciando a reactivar la econom¨ªa y a crear empleo. Aunque el Gobierno de Mariano Rajoy justifique esta dur¨ªsima reforma laboral alegando que, a medio plazo, crear¨¢ empleo, lo cierto es que de inmediato se traducir¨¢ en un elevado n¨²mero de despidos tanto en el sector privado como en el p¨²blico.

La educaci¨®n, que, como cualquier otro sector de nuestro sistema social y productivo, tampoco se ha librado de la crisis, no solo no se ha convertido en algo prioritario para salir antes de ella, sino que est¨¢ viendo c¨®mo se dan r¨¢pidos pasos atr¨¢s sobre lo ya conseguido. Se deterioran las infraestructuras; aumenta el horario lectivo del profesorado y empeoran sus condiciones laborales y disminuyen sus retribuciones. En resumen, crecen las obligaciones de los trabajadores y trabajadoras de la ense?anza mientras disminuye su poder adquisitivo. Entre tanto, no se disimula el inter¨¦s por favorecer un determinado tipo de ense?anza, que olvida la importancia de una educaci¨®n en valores defensora de la igualdad, la equidad y la instauraci¨®n de un sistema educativo de calidad para todos y todas.

La repercusi¨®n de esta reforma laboral en el sector de la ense?anza es grande. Y, aunque todav¨ªa no afecta al personal funcionario ¨Cque s¨ª ha visto, sin embargo, c¨®mo merma su n¨®mina-, resulta evidente el peligro que se cierne sobre una eventual modificaci¨®n del Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico, tendente a adelgazar las plantillas p¨²blicas mediante otras f¨®rmulas distintas de la congelaci¨®n de convocatorias de oposiciones.

El profesorado debe saber que la mejor defensa de sus derechos es la protesta un¨¢nime contra esta reforma. Una reforma que es injusta, ineficaz e in¨²til. De media, los salarios de los docentes han descendido un 5% desde 2010, por la rebaja generalizada de los sueldos de los empleados p¨²blicos. Esta p¨¦rdida de poder adquisitivo, unida a la congelaci¨®n y a otros recortes, supone, de forma acumulada, un deterioro salarial del 13%.

Si se analiza la rebaja presupuestaria soportada por las comunidades aut¨®nomas durante dos cursos, se observa una disminuci¨®n de 2.479 millones de euros, lo que equivale a un 3,22% menos. Con todo, hay que se?alar que los ajustes no son homog¨¦neos, y que mientras Canarias, Extremadura y Andaluc¨ªa aumentan sus partidas, Catalu?a, Murcia y Navarra las disminuyen de manera considerable. En concreto, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Catalu?a est¨¢n sufriendo la aplicaci¨®n de unas pol¨ªticas muy similares que es de temer que se generalicen en todo el pa¨ªs. Solo un ejemplo. En todas ellas aumenta la carga lectiva en dos horas. Si esta medida se extendiese al resto, el pr¨®ximo curso habr¨ªa que prescindir de 22.942 docentes. Este incremento del horario del profesorado es tambi¨¦n muy perjudicial para los centros, sobre todo en lo que concierne a los programas dirigidos a alumnos con dificultades.

En los sectores laborales de la ense?anza p¨²blica y la universidad, los Expedientes de Regulaci¨®n de Empleo (ERE) est¨¢n llamando a la puerta. La reforma laboral extiende el despido por causas econ¨®micas, t¨¦cnicas, organizativas o de producci¨®n al personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector p¨²blico. El real decreto se?ala que concurren causas econ¨®micas cuando se produzca una situaci¨®n de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente ¨Cdurante tres trimestres consecutivos- para la financiaci¨®n de los servicios p¨²blicos correspondientes. Con estas causas, las universidades y la mayor¨ªa de Administraciones educativas se encuentran en una situaci¨®n potencial de despido, dada la escasez presupuestaria de que disponen. El futuro de cientos de miles de familias se encuentra en manos del criterio de los responsables pol¨ªticos que, por de pronto, han empezado a adelgazar los servicios p¨²blicos para favorecer la iniciativa privada.

En la ense?anza privada pura ¨Cense?anzas no regladas, autoescuela, educaci¨®n infantil, colegios mayores¡­-, aunque no tengan p¨¦rdidas, podr¨¢n alegar la disminuci¨®n de ingresos para recortar los derechos laborales, empezando por los salariales, frente a la norma de los tres trimestres que afecta a otros cambios introducidos en la reforma. En lo relacionado con los descuelgues de convenio, se estipulan solamente dos trimestres consecutivos de condiciones desfavorables. El nuevo ¡®Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores¡¯, que contempla un periodo de prueba de hasta un a?o y despido libre, no indemnizado, se puede convertir en la modalidad habitual de contrataci¨®n temporal sin causa que lo justifique. A ello se une la ampliaci¨®n de los contratos de formaci¨®n y aprendizaje hasta los 30 a?os. El sombr¨ªo panorama de desregulaci¨®n puede afectar as¨ª a bastantes ¨¢mbitos. Muchas de estas cuestiones son extensibles probablemente a los sectores socioeducativos, en los que abundan las empresas peque?as. Los frecuentes incumplimientos financieros por parte de las Administraciones pueden convertirse en una justificaci¨®n para el despido.

Respecto a la anterior reforma, se ampl¨ªan las posibilidades de modificaci¨®n unilateral de condiciones sustanciales de trabajo por motivos econ¨®micos, organizativos, productivos o tecnol¨®gicos. Nada impide ya al empresario reducir la jornada del profesorado con m¨¢s edad o no especialista de la ense?anza concertada para contratar a un especialista en idiomas que facilite la consideraci¨®n del centro como biling¨¹e. Adem¨¢s, se potencia la distribuci¨®n irregular de hasta el 5% de la jornada laboral, lo que supondr¨¢ otro quebranto en lo pactado en los convenios.

No hay duda de que esta reforma laboral supone un empeoramiento generalizado de derechos que afecta a los contratos laborales en todo lo relacionado con el despido. Solo un seguimiento masivo de la jornada de paro puede llevar al Gobierno a replantearse sus intenciones. Si no se encuentra con una respuesta contundente, la ciudadan¨ªa tendr¨¢ que esperar m¨¢s restricciones, m¨¢s paro y mayor p¨¦rdida de derechos y prestaciones. Por todo ello, la educaci¨®n debe secundar la huelga general del 29 de marzo.

Jos¨¦ Campos Trujillo y Carlos L¨®pez Corti?as Secretarios generales de las federaciones de ense?anza de CCOO y UGT, respectivamente, y miembros de la Internacional de la Educaci¨®n