Ca?ete planea recuperar competencias ambientales sobre grandes proyectos

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha preparado un decreto ley "de medidas urgentes en materia de medio ambiente" que "simplifica" cuatro leyes relevantes. Se trata de la Ley de Patrimonio Natural, la de Aguas, la de Residuos y la de Evaluaci¨®n Ambiental. El ministerio justifica el texto en la necesidad de "eliminar aquellos mecanismos de intervenci¨®n que por su propia complejidad resultan ineficaces¡±, seg¨²n el borrador, sujeto a cambios, al que ha tenido acceso este diario. Entre otras cosas, retira competencias en evaluaci¨®n de impacto ambiental a las comunidades, y establece que ser¨¢ el ministerio quien decida sobre la evaluaci¨®n ambiental de proyectos en Red Natura 2000 (un tercio del territorio). Adem¨¢s, deroga la posibilidad de establecer un sistema de cobro y dep¨®sito por envases corrientes, permite a las sociedades estatales de agua hacer negocios en el extranjero para cuadrar sus balances y establece un nuevo sistema de intercambios de agua en el Alto Guadiana.

Junto a la reforma de la Ley de Costas, el ministro Miguel Arias Ca?ete anunci¨® en su primera comparecencia en el Congreso una amplia reforma de la legislaci¨®n ambiental para reducir trabas a las empresas y simplificar la gesti¨®n. El borrador es una especie de ley escoba urgente y a¨²n no ha pasado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente. El texto iba a ir el pasado Consejo de Ministros pero finalmente qued¨® relegado. Estas son algunas de las reformas incluidas en el documento, de 14 p¨¢ginas.

Ley de Evaluaci¨®n de Impacto Ambiental

Arias Ca?ete ha comprobado que en medio ambiente muchas de las competencias est¨¢n en manos auton¨®micas, incluso la gesti¨®n de los parques nacionales (seg¨²n dict¨® una controvertida sentencia del Tribunal Constitucional en 2004). El ministerio intenta recuperar capacidad de gesti¨®n y para ello plantea reformar la ley de impacto ambiental, de 2008.

El borrador de reforma sostiene que "exist¨ªa una controversia" sobre qu¨¦ administraci¨®n era la competente "para emitir la declaraci¨®n de la autoridad competente de supervisar la Red Natura 2000, respecto de los proyectos sometidos al procedimiento de evaluaci¨®n de impacto ambiental y que solicitan financiaci¨®n comunitaria". El ministerio quiere "determinar con toda claridad y urgencia que la competencia corresponder¨¢ al Ministerio de Agricultura, Alimentaci¨®n y Medio Ambiente, cuando se trate de proyectos que sean aprobados o autorizados por la Administraci¨®n General del Estado".

As¨ª, Medio Ambiente elimina la posibilidad de que las comunidades pongan trabas a algunos grandes proyectos en su territorio. Esa era la carta que ten¨ªa guardada Andaluc¨ªa para vetar el oleoducto a la refiner¨ªa de Extremadura.

La ONG ecologista SEO/Birdlife considera que ese punto "para el medio ambiente no es bueno ni malo, depender¨¢ del proyecto y del inter¨¦s de la Administraci¨®n General del Estado o de las comunidades en ese proyecto. En cualquier caso es claramente anticonstitucional ya que las competencias en Red Natura 2000 son claramente auton¨®micas".

Es dif¨ªcil que las comunidades, al menos Andaluc¨ªa, Pa¨ªs Vasco, Catalu?a y Canarias, acepten perder ese punto sin recurrir antes al Constitucional.

Ley de Patrimonio Natural

El borrador busca "la simplificaci¨®n administrativa, eliminando aquellos mecanismos de intervenci¨®n que por su propia complejidad resultan ineficaces y, lo que es m¨¢s grave, imponen demoras dif¨ªciles de soportar para los ciudadanos". As¨ª, donde se "se solapan varias figuras de protecci¨®n (...) se unificar¨¢n todas ellas en un ¨²nico instrumento de protecci¨®n". Se trata de que si un terreno es parque natural, zona de especial protecci¨®n para las aves, lugar de inter¨¦s comunitario, reserva de la biosfera, por ejemplo, tenga un solo documento de gesti¨®n con todas las limitaciones. Esto impone a las administraciones un nuevo papeleo y hay que tener en cuenta que los l¨ªmites de las distintas figuras de protecci¨®n no coinciden.

Adem¨¢s, para "garantizar la compatibilidad de la protecci¨®n con las necesidades de desarrollo propias de los n¨²cleos urbanos", la ley establece que la planificaci¨®n de los espacios protegidos "deber¨¢ tener en especial consideraci¨®n las necesidades de aquellos municipios incluidos en su totalidad o en un gran porcentaje de su territorio en estos lugares". SEO/Birdlife advierte que este cambio "puede dar problemas con la UE ya que limita la interpretaci¨®n de la Directiva de H¨¢bitats".

Ley de residuos

Medio Ambiente justifica la reforma en "la finalidad de simplificar y reducir las cargas administrativas que ocasionaban ambig¨¹edad, incertidumbre e inseguridad en la aplicaci¨®n de la norma". As¨ª, deroga el art¨ªculo 21.2 de la ley de residuos, aprobada en 2011, que abre la puerta a la creaci¨®n de un sistema de dep¨®sito y retorno, en el que los ciudadanos paguen una cantidad m¨ªnima al comprar una lata o una botella y la reciban de vuelta cuando lo reciclen.

Este sistema de dep¨®sito -apoyado por ONG ecologistas y por los fabricantes de las m¨¢quinas en las que se devolver¨ªan esos envases- gener¨® durante la tramitaci¨®n de la ley una enconada disputa con los actuales gestores del reciclaje.

Sociedades de agua

El ministerio afirma que las sociedades estatales de agua est¨¢n en situaci¨®n de pr¨¢ctica quiebra, tras la inversi¨®n de m¨¢s de 1.500 millones de euros en las desaladoras y que necesitan a corto plazo unos 700 millones de euros. El borrador del texto afirma que "como medida dinamizadora se ampl¨ªa el objeto social de las sociedades de aguas, removiendo el obst¨¢culo legal que les imped¨ªa actuar fuera de nuestras fronteras". As¨ª, las sociedades estatales, como Acuamed, podr¨ªan salir al exterior "con los beneficios econ¨®micos y sociales que ello aparejar¨¢, lo que a la vista de las actuales circunstancias econ¨®micas debe abordarse con premura".

Ley de Aguas

El cambio de mayor calado, y el m¨¢s complejo, es que afecta al derecho de las aguas subterr¨¢neas. En primer lugar deroga la pol¨¦mica disposici¨®n introducida en 2011 por el Gobierno del PSOE a instancia de la Junta de Andaluc¨ªa que daba competencias a las comunidades en materia de polic¨ªa de dominio p¨²blico hidr¨¢ulico.

Ese punto queda sustituido por un cambio en la legislaci¨®n del Plan Especial del Alto Guadiana, en el que ampl¨ªa la posibilidad de cesi¨®n de derechos entre particulares y, entre otras cosa, abre la puerta a dar de manera excepcional nuevas concesiones a explotaciones agrarias. Se trata de que la compra de agua para intentar reducir la extracci¨®n del acu¨ªfero del Alto Gudiana (que incluye los Ojos del Guadiana y las Tablas de Daimiel) se haga entre los propios agricultores, sin gastar dinero p¨²blico, como se hac¨ªa hasta ahora. El texto apunta a que ser¨¢n los agricultores profesionales los que comprar¨¢n los derechos, una antigua reivindicaci¨®n del sindicato agrario Asaja.

El texto busca que "la aplicaci¨®n urgente impida un nuevo deterioro del acu¨ªfero y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agr¨ªcolas derivadas y una reordenaci¨®n de los derechos de uso de las aguas". Para SEO/Birdlife, la reforma "supondr¨¢, sin duda, una explotaci¨®n mayor de los recursos de la zona, y la puerta abierta a la legalizaci¨®n de pozos".