Una reforma innecesaria para frenar el vandalismo

Una cosa es que los actos vand¨¢licos sacudan las grandes capitales de vez en cuando y otra, muy distinta, que sea necesario modificar las leyes para frenar la ¡°guerrilla urbana¡±, seg¨²n la expresi¨®n empleada por dos exponentes de la l¨ªnea dura tras los incidentes ocurridos en Barcelona durante la huelga del 29 de marzo: el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, y su hom¨®logo en la Generalitat catalana, Felip Puig.

La reforma que el ministro plante¨® este mi¨¦rcoles en el Congreso para endurecer las penas a los alborotadores causa recelos entre los juristas, que sospechan cuando se legisla a golpe de suceso. Los expertos alertan de que la mayor¨ªa de medidas son ¡°innecesarias¡± por reiterativas, y temen por el principio de proporcionalidad. Consideran, adem¨¢s, que algunas medidas pueden llegar a colisionar con derechos fundamentales consagrados en la Constituci¨®n, como los de reuni¨®n, manifestaci¨®n o libertad de expresi¨®n.

Aunque est¨¢ por ver c¨®mo se plasma la propuesta negro sobre blanco, Fern¨¢ndez D¨ªaz dej¨® claro su mensaje: hay que aumentar hasta los dos a?os el umbral m¨ªnimo para quienes atentan contra el orden p¨²blico. El objetivo es que, si se demuestra su culpabilidad, los violentos acaben en prisi¨®n. O por lo menos que, durante la investigaci¨®n de los hechos, los fiscales puedan solicitar (y los jueces, acordar) medidas de prisi¨®n preventiva que frenen la ¡°alarma social¡± y resta?en ¡°la imagen de Espa?a¡± que, seg¨²n el ministro, afean los alborotadores.

La resistencia pasiva
ser¨¢ considerada atentado a la autoridad

Diversos juristas consultados por este diario recelan de una reforma que puede acabar ¡°disuadiendo¡± a los ciudadanos de ejercer su derecho a manifestarse. Y ven en el proyecto una forma de atajar, preventivamente, nuevas protestas ciudadanas ante el previsible aumento de la conflicitivad por la crisis econ¨®mica y sus devastadoras consecuencias sociales. La reforma, en la que trabajan conjuntamente los ministerios de Interior y Justicia, tambi¨¦n ha topado con el rechazo de diversos colectivos, como el del 15-M, que se sienten directamente aludidos por algunas de las medidas m¨¢s controvertidas. Por ejemplo, el anuncio de considerar miembros de ¡°organizaci¨®n criminal¡± a quienes convoquen por cualquier medio ¡ªespecialmente, internet y las redes sociales¡ª manifestaciones o actos violentos. O la idea de tipificar como delito de atentado a la autoridad cualquier forma de resistencia pasiva, como una sentada. Esa resistencia es una de las se?as de identidad del colectivo de indignados que el pasado a?o tomaron las plazas y calles de media Espa?a.

¡°La reforma pretende aplicar de forma preventiva el derecho penal para disuadir a la ciudadan¨ªa de ejercer sus derechos fundamentales¡±, opina Jos¨¦ Luis Ram¨ªrez Ortiz, penalista y portavoz de la asociaci¨®n Jueces para la Democracia. Un ¡°riesgo abstracto¡± ¡ªcomo una posible alteraci¨®n de la paz social¡ª puede llevar a Espa?a a ¡°una situaci¨®n preconstitucional¡±, alerta Ram¨ªrez. La polic¨ªa existe sobre todo, recuerda, para garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos fundamentales.

El abogado penalista Marc Molins Raich, del despacho Roca Junyent, admite que el fen¨®meno de la violencia callejera va en aumento. Pero alerta de que el legislador debe ser ¡°especialmente respetuoso¡± cuando entran en juego derechos fundamentales. ¡°No se trata de ser laxos o benevolentes, pero s¨ª de poner el m¨¢ximo cuidado¡± y, sobre todo, mantener ¡°el equilibrio entre bienes jur¨ªdicos protegidos¡±. As¨ª ocurre, en su opini¨®n, con el sistema actual, que grad¨²a los hechos en funci¨®n de la gravedad: desobediencia, resistencia y atentado.

¡°Este Gobierno no
tiene programa de pol¨ªtica criminal¡±,?
se queja un experto

Ese mismo ideal de equilibrio lo comparte el presidente de la Audiencia de Barcelona y portavoz de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, que se muestra prudente porque el proyecto est¨¢ ¡°escasamente definido¡±. Seg¨²n Llarena, el Gobierno pretende a?adir comportamientos ahora no sancionados y agravar penas para ¡°atajar desviaciones en el ejercicio del derecho de manifestaci¨®n¡±. Uno de los anuncios m¨¢s discutidos es considerar la resistencia pasiva como delito de atentado, que comporta penas elevadas, de hasta cuatro a?os. ¡°Habr¨ªa que distinguir distintos planos de gravedad y buscar la proporcionalidad. No es lo mismo que alguien se siente en la calle o que se encadene a algo e impida celebrar un acto p¨²blico¡±, a?ade el portavoz de la APM.

Las voces m¨¢s cr¨ªticas consideran que hablar de ¡°atentado pasivo¡± es ¡°una contradicci¨®n jur¨ªdica y del lenguaje¡±, apunta el catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Joan Queralt. ¡°El atentado implica violencia. Y eso es incompatible con una sentada. En la vida en sociedad hay fricciones. Pero que una minor¨ªa violenta quiera generar el caos no puede llevarnos a este tipo de pol¨ªticas¡±, quien tambi¨¦n cree que el Gobierno pretende ¡°convertir un derecho ciudadano en algo problem¨¢tico para desincentivar a la poblaci¨®n¡±.

Los indignados interpretan la reforma como un ataque directo al colectivo. ¡°Criminalizan nuestras formas de protesta. Si equiparan estar sentados con arrojar objetos a la polic¨ªa, entonces veremos m¨¢s piedras volando¡±, explica un miembro activo del colectivo en Barcelona, quien prefiere que no se publique su nombre.Ese mismo portavoz cree que el Gobierno pretende ¡°llevar la confrontaci¨®n social a un campo de violencia¡±, donde la polic¨ªa ¡°tiene todas las de ganar¡±. En su opini¨®n, el endurecimiento de las penas supone un ¡°retroceso a los tiempos de la dictadura¡±, por lo que reivindica el derecho de los ciudadanos ¡°a estar en la calle¡±.

La posibilidad de que quienes llamen a actos violentos por internet sean considerados miembros de una organizaci¨®n criminal tambi¨¦n preocupa a los indignados y a los juristas. ¡°Se trata de delitos callejeros que nada tienen que ver con el crimen organizado. Se est¨¢ desnaturalizando el concepto¡±, opina Jos¨¦ Luis D¨ªez Ripoll¨¦s, catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de M¨¢laga. A juicio de Juli¨¢n R¨ªos, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas, el asunto es a¨²n m¨¢s grave: ¡°Se adelanta la barrera penal de forma preventiva y eso es muy peligroso. Iremos hacia un derecho de autor, m¨¢s que de hechos¡±.

El magistrado Llarena, por su parte, replica que la mayor¨ªa de pa¨ªses occidentales ¡°est¨¢n desarrollando una pol¨ªtica legislativa que consiste en adelantar la respuesta penal al delito mismo¡±. El objetivo es proteger un bien jur¨ªdico; en este caso, el orden p¨²blico. Para ello, dice, ¡°se sanciona no ya la realizaci¨®n del delito, sino de los actos de preparaci¨®n del delito¡±. ¡°El C¨®digo Penal proh¨ªbe la responsabilidad por el resultado. Es decir, uno no puede responder por cosas que no puede controlar¡±, dice Ram¨ªrez, en alusi¨®n a que se produzcan incidentes violentos tras una convocatoria por internet. ¡°Se puede acabar penalizando la libertad de expresi¨®n¡±, remacha.

El abogado penalista Josep Riba lanza una reflexi¨®n: ¡°?Qu¨¦ deber¨ªa considerarse como convocatoria? El que recibe en su twitter una convocatoria violenta y no la borra, de forma que sus seguidores pueden leerla, ?estar¨ªa cometiendo la conducta t¨ªpica?¡± M¨¢s a¨²n: ¡°?C¨®mo deber¨ªa interpretarse que se convoca a actos violentos? Por ejemplo, insultar o quemar un mu?eco se considerar¨¢n actos de violencia?¡±, a?ade Riba, quien denuncia que la reforma se haga ¡°a impulso de casos y sucesos concretos¡±.

Al margen de si el Gobierno tiene la mente puesta en el 15-M o pretende disuadir a los ciudadanos de manifestarse, hay un aspecto en el que coinciden la mayor¨ªa de expertos: la reforma es innecesaria, pues el C¨®digo Penal ya contiene los instrumentos suficientes para combatir con ¨¦xito el fen¨®meno.

Jueces para la Democracia :
¡°Pretende disuadir
a los ciudadanos¡±

As¨ª lo ve el catedr¨¢tico D¨ªez Ripoll¨¦s. "La novedad es que introduce penas m¨¢s altas. Pero la mayor¨ªa de las propuestas que se hacen ya est¨¢n en el C¨®digo Penal". Cita como ejemplos la "invasi¨®n de establecimientos" ¡ªque el ministro quiere considerar como una forma m¨¢s de desorden p¨²blico¡ª o la intimidaci¨®n a la autoridad ¡ªque, si es grave, ya constituye delito de atentado. El catedr¨¢tico se muestra preocupado por la ¡°proporcionalidad¡± entre ¡°penas y conductas¡± que pueda resultar de la reforma.

El penalista Jordi Pina, de Molins & Silva, tambi¨¦n considera que no es necesaria una reforma. Ni siquiera para equiparar, como anunci¨® el ministro, los actos vand¨¢licos con la kale borroka. El art¨ªculo 577 del C¨®digo Penal, recuerda, ya se aplica a quienes sin pertenecer a organizaci¨®n terrorista, y con el fin de ¡°alterar gravemente la paz p¨²blica¡±, cometan coacciones o da?os. Pina considera ¡°desproporcionado¡± tratar la resistencia pasiva como un atentado, ya que se trata de dos hechos muy distintos. Esa opini¨®n la comparte la profesora de Derecho Penal de la UAB Esther Mor¨®n Lerma, que la considera ¡°absolutamente desproporcionada e inatendible¡± y considera que podr¨ªa afectar al derecho de reuni¨®n.

En general, a?ade Mor¨®n, la popuesta est¨¢ ¡°poco meditada¡± y es ¡°poco garantista¡±, por lo que va a generar ¡°muchos problemas interpretativos y, por tanto, de inseguridad jur¨ªdica¡±. A juicio de R¨ªos, el Gobierno quiere lanzar ¡°un mensaje firme de que vva a mantener el orden¡± ante la perspectiva de que la agitaci¨®n ciudadana se incremente en los pr¨®ximos meses. Queralt expresa una opini¨®n similar y a?ade que ¡°el problema es que hay una deficiente persecuci¨®n policial de esos delitos¡±.

El Gobierno da a entender, tercia Ram¨ªrez, que hay conductas que quedan sin sancionar cuando no es as¨ª. Por ejemplo, cuando habla de que se incluya como desorden p¨²blico irrumpir en un establecimiento p¨²blico o impedir su acceso. ¡°El delito de allanamiento ya existe¡±, indica el portavoz de la asociaci¨®n de jueces progresistas.

El C¨®digo Penal ya contiene penas graves por los des¨®rdenes p¨²blicos

Molins Raich coincide en que la reforma es prescindible porque el C¨®digo Penal ya da respuesta suficiente al fen¨®meno de la violencia callejera. Y considera que es poco oportuno abordarl prop¨®sito de un hecho puntual, como los incidentes de Barcelona el 29-M. Endurecer las penas, a?ade, es ¡°el recurso f¨¢cil¡±, a pesar de que Espa?a ya es uno de los pa¨ªses m¨¢s duros de la Uni¨®n Europea en esa materia. ¡°Estamos ante un Gobierno sin un programa reflexionado de pol¨ªtica criminal. Toma decisiones coyunturales ligadas a sucesos conretos. Y en lugar de apaciguar las tensiones sociales por otras v¨ªas, intenta resolverlas acudiendo al derecho penal¡±, precisa el catedr¨¢tico D¨ªez Ripoll¨¦s. El portavoz de la asociaci¨®n de jueces Francisco de Vitoria, Jos¨¦ Luis Gonz¨¢lez Armengol, dijo que un cambio legislativo se ha de hacer con ¡°templanza, reposo y reflexi¨®n¡±.

Los movimientos sociales consideran que el lenguaje empleado por los responsables pol¨ªticos indica que los tiempos est¨¢n cambiando y que ¡°El consejero Puig dijo que ya no vale lo del ¡®yo pasaba por all¨ª' y que hab¨ªa que limitar el derecho de manifestaci¨®n¡±, opina el miembro del 15-M. Sin ese mar de fondo no se explica que se pretenda equiparar el vandalismo con la kale borroka. ¡°La kale borroka es terrorismo de baja intensidad, y estos chicos de los altercados, de momento, no se dedican a eso¡±, ironiza Queralt.

Ante el incendio que ha provocado el anuncio, precisamente en las redes sociales, el PP intent¨® lanzar ayer un mensaje de tranquilidad. Seg¨²n el ministro, se deber¨¢ tener en cuenta ¡°la multirreincidencia¡± o ¡°el grado de violencia¡± para pedir una medida cautelar. Defendi¨® que ¡°no hay en el ordenamiento jur¨ªdico una respueta a ese fen¨®meno novedoso¡±, pero dijo que se aplicar¨¢ el sentido com¨²n y que no ser¨¢ lo mismo ¡°gritar a sangre y fuego en una manifestaci¨®n que actuar¡±.