Los inmigrantes irregulares tendr¨¢n tarjeta sanitaria hasta el 31 de agosto

La situaci¨®n del sistema sanitario espa?ol es tan grave que eso justifica que las decisiones se tomen mediante un decreto ley. Es la premisa del Real Decreto ley 16/2012 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones que, con cuatro d¨ªas de retraso, ha publicado el BOE de hoy. El Gobierno acelera los plazos de las reformas. Ni siquiera esperar¨¢ a que caduquen las tarjetas sanitarias de los extranjeros para endurecer los requisitos, que tienen una validez de dos a?os. Antes del 31 de agosto de este a?o deber¨¢n demostrar que entran en la categor¨ªa de "asegurados", es decir, que est¨¢n dados de alta en la Seguridad Social (o, de una manera m¨¢s general, que tienen todos los papeles en regla y no solo el empadronamiento). Para el resto de los extranjeros tambi¨¦n se exigir¨¢n m¨¢s papeles (un aseguramiento), incluidos los de la UE.

Adem¨¢s, se fijan criterios comunes para el copago de ciertas prestaciones que no est¨¢n en la cartera b¨¢sica (ambulancias, ortoprot¨¦sicos, diet¨¦ticos). Y se habilita un sistema de fijaci¨®n de precios por parte del Ministerio de Sanidad para obligar a rebajar precios.

Las principales regulaciones son las siguientes:

Derecho a la atenci¨®n sanitaria de los espa?oles. El decreto concreta el anexo de la ley de salud p¨²blica del a?o pasado que establec¨ªa el aseguramiento universal de los espa?oles. Para ello, fija las condiciones, pero estas siguen vinculadas a la Seguridad Social, ya que la asistencia ¡°se garantizar¨¢ a aquellas personas que ostenten la condici¨®n de asegurado¡±. Esto es: ser trabajador o pensionista, estar cobrando alg¨²n subsidio, haber agotado la prestaci¨®n de desempleo y estar apuntado en el paro (esta es la novedad porque hasta ahora la prestaci¨®n terminaba), ser c¨®nyuge o hijo hasta los 26 a?os o no llegar a un nivel m¨¢ximo de ingresos. Quedar¨ªan fuera personas que tengan ingresos sin haber cotizado nunca, aunque paguen impuestos en Espa?a (rentistas). Y no se aclara qu¨¦ pasar¨¢ con un joven de m¨¢s de 26 a?os que siga estudiando, por ejemplo, aunque siempre le queda la posibilidad de que se le reconozca el derecho como persona sin recursos, aunque viva en casa de sus padres y estos sean millonarios. Tambi¨¦n se limitan los beneficios a c¨®nyuge, exc¨®nyuge e hijos.

Atenci¨®n a los extranjeros ¡°no registrados ni autorizados como residentes en Espa?a¡±. Recibir¨¢n atenci¨®n de urgencias ¡°hasta el alta¡± y ¡°asistencia al embarazo, parto y postparto¡±. Los menores de 18 a?os ser¨¢n tratados como los espa?oles. El Gobierno espera ahorrar con ello 500 millones.

Extranjeros de Estados miembros de la Uni¨®n Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ¨®mico Europeo. Para tener la residencia (m¨¢s de tres meses) se le exigir¨¢ estar estudiando, trabajando o "tener un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en Espa?a" si ¡°dispone, para s¨ª y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en Espa?a durante su periodo de residencia". Antes esto no era as¨ª y no se les pon¨ªa ninguna condici¨®n.

Copago de cartera de servicios. Habr¨¢ copago en farmacia, prestaci¨®n ortoprot¨¦sica, productos diet¨¦ticos y transporte sanitario no urgente. ¡°El porcentaje de aportaci¨®n del usuario se regir¨¢ por las mismas normas que regulan la prestaci¨®n farmac¨¦utica, tomando como base de c¨¢lculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ning¨²n l¨ªmite de cuant¨ªa a esta aportaci¨®n¡±. Es decir, las comunidades que lo dan gratis (hay amplia variedad), podr¨¢n cobrar por estos servicios en funci¨®n de la renta. Esto ahorrar¨¢ otros 500 millones.

Cambio de la cartera gratuita. Dicha modificaci¨®n ¡°se determinar¨¢ por acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Comisi¨®n de Prestaciones, Aseguramiento y Financiaci¨®n¡±. ¡°Se tendr¨¢ en cuenta la eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terap¨¦uticas, as¨ª como las ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales, as¨ª como su impacto econ¨®mico y organizativo¡±. As¨ª pues el responsable ¨²ltimo, aunque sea el que redacte la ley, no ser¨¢ el Ministerio, sino las comunidades.

Cartera de servicios auton¨®mica. Las comunidades podr¨¢n ampliar la oferta si garantizan que pueden financiarla. Esto ya era as¨ª, aunque luego no se cumpl¨ªa (todas las comunidades est¨¢n en d¨¦ficit, y muchas tienen cartera de servicios propia).

Vuelta a prescribir por marca. El decreto hace una cesi¨®n a los grandes laboratorios, ya que establece que podr¨¢ recetarse ¡°siempre y cuando se respete el principio de mayor eficiencia para el sistema¡± (que el medicamento sea el m¨¢s barato).

Exclusi¨®n de f¨¢rmacos de la financiaci¨®n. En los casos en que coincidan medicamentos en la lista de los que necesitan receta y los que no, se dejar¨¢n de financiar estos. Esto sucede con algunos f¨¢rmacos para s¨ªntomas menores. La propuesta es una vieja reivindicaci¨®n de la patronal de productos sin receta Anefp. Fuentes de la organizaci¨®n indican que ser¨¢n candidatos a ser excluidos de la financiaci¨®n p¨²blica mucol¨ªticos, antidiarr¨¦icos y las l¨¢grimas artificiales. Otros grupos, como laxantes, antivirales t¨®picos y antimic¨®ticos dermatol¨®gicos son tambi¨¦n candidatos. El problema surge cuando el mismo grupo de medicamentos sirve a la vez para s¨ªntomas leves y otros graves o de cr¨®nicos, como los analg¨¦sicos. Eso s¨ª, en general son productos baratos.

Doble precio de medicamentos. ¡°Como regla general¡±, los precios a los que los laboratorios vendan a la Administraci¨®n ser¨¢n menores a los de venta a otros clientes (recetas privadas). Es decir, se les exigir¨¢ un descuento sobre el precio autorizado.

Precios de referencia. Se revisar¨¢n trimestralmente. Hasta ahora era anualmente, aunque quedaba abierta la posibilidad de que el Gobierno lo variara, pero de manera excepcional. Con ello, si entra un gen¨¦rico en el mercado m¨¢s barato, las dem¨¢s tendr¨¢n que bajar hasta su nivel antes.

Precios seleccionados. Haya o no un gen¨¦rico m¨¢s barato, el Gobierno podr¨¢ determinar rebajas de algunos medicamentos -el ¡°precio seleccionado¡±-. Habr¨¢ algunas condiciones, como que haya al menos tres productos en el grupo terap¨¦utico seleccionado. A cambio, el precio, que se comunicar¨¢ a los fabricantes, se mantendr¨¢ dos a?os. Esta es una de las grandes novedades del decreto y la clave del ahorro de m¨¢s de 3.000 millones en esta partida, junto a las otras aplicables a farmacia.

Copago farmac¨¦utico. El decreto describe el sistema de copago en funci¨®n de la renta (exento, 40%, 50% y 60% para activos seg¨²n ingresos, y exento, 10% con un m¨¢ximo de 8 euros, 10% con un m¨¢ximo de 18 euros y 10% con un m¨¢ximo de 60 euros para pensionistas). Para ello, se manejar¨¢n los datos financieros del titular de la tarjeta. Este no tendr¨¢ que dar su permiso. La Seguridad Social indicar¨¢ a las autoridades sanitarias el nivel de aportaci¨®n (exento total, por debajo del m¨ªnimo para declarar, hasta 100.000 euros) sin especificar la cantidad exacta.

Aportaciones de los proveedores. Se establece una escala muy sencilla de aportaciones (devoluciones) de los proveedores del Sistema Nacional de Salud (laboratorios y fabricantes de otros productos). Si venden hasta tres millones, deber¨¢n devolver el 1,5% de su facturaci¨®n. A partir de ah¨ª, su aportaci¨®n ser¨¢ del 2%. Las empresas podr¨¢n reducir esta cantidad si participan en el plan Profarma, dedicado a la investigaci¨®n, en una escala que va del 0% al 25%.

Devoluciones de farmacias. Tambi¨¦n las farmacias tendr¨¢n que descontar a la Administraci¨®n por su venta. Esto ya ocurre, pero se endurecen las aportaciones. Por ejemplo, la m¨¢xima pasa del 15% al 23,67%. En cambio, aumenta el nivel de venta por el que quedan exentas, que pasa de los 32.000 a los 37.500 euros al mes.

Personal. Se crear¨¢ un registro de profesionales. Es una vieja aspiraci¨®n. Estar¨¢ en manos del Ministerio. Este establecer¨¢ la correspondencia entre las categor¨ªas profesionales de las distintas comunidades. Se suprimen la modalidad de prestaci¨®n de servicios de cupo y zona (un extra).