Unos funcionarios con mala salud de hierro
El plan del Gobierno de reducir el sueldo a los empleados p¨²blicos enfermos pone en duda su profesionalidad y la de los m¨¦dicos. Los expertos abogan por una mejor inspecci¨®n
![Los recortes de funcionarios implican convocar menos oposiciones.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/NRQ4KJVVVXGTQ67Z5IY7VNSD5E.jpg?auth=d3a5a29e305aed3336f517e74e32419aab7ba80b3249f759d31b198b614157b6&width=414)
Del t¨®pico del cafetito a mediod¨ªa al de que los funcionarios se ponen enfermos mucho m¨¢s que el resto de los ciudadanos. Estos y otros lugares comunes han servido a los sucesivos Gobiernos para a?adir argumentos a varias iniciativas que penalizan a los trabajadores p¨²blicos: bajadas de sueldo, aumento de la jornada laboral, suplencias y contratos interinos sin cubrir. La ¨²ltima, la propuesta de que estos empleados no cobren su salario ¨ªntegro durante los primeros 90 d¨ªas de baja por enfermedad, ataca una de las partes m¨¢s sensibles y m¨¢s incontrolables: la salud. Y adem¨¢s lo hace sin una base estad¨ªstica que acredite que los funcionarios, en su conjunto, abusen del sistema. El plan presentado esta semana en el paquete enviado a Bruselas, y que ya funciona ¡ªaunque con matices¡ª en algunas comunidades, como Pa¨ªs Vasco, Galicia o Madrid, para su propio personal, no solo siembra la duda sobre los trabajadores p¨²blicos. Tambi¨¦n pone en la picota el criterio de los m¨¦dicos, que son quienes otorgan las bajas por enfermedad.
La medida, pensada te¨®ricamente para reducir el absentismo, es de gran calado, pero su justificaci¨®n no est¨¢ clara. Al menos, no se sustenta en datos. ¡°Es muy dif¨ªcil hallar cifras para comparar el absentismo entre los trabajadores p¨²blicos y los del sector privado¡±, explica Jes¨²s Cruz Villal¨®n, catedr¨¢tico de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. Ni siquiera Octavio Granado, quien fue secretario de Estado de Seguridad Social con el PSOE, tiene cifras globales. Afirma tajantemente que ¡°es imposible¡± comparar si los funcionarios se cogen m¨¢s bajas que el resto. De los cinco millones de incapacidades temporales (bajas) que la Seguridad Social registra al a?o, con una incidencia mensual de 23,60 por cada 1.000 trabajadores, no se especifica cu¨¢ntas corresponden a los p¨²blicos. Y ello, a pesar de que la mayor¨ªa de los funcionarios se incluyen ya en el r¨¦gimen general de la Seguridad Social.
Tampoco se puede llegar a conclusiones a trav¨¦s de las cifras de las mutuas que dan prestaciones a algunos trabajadores p¨²blicos y sus familias ¡ªcomo los militares, personal docente o de justicia. Seg¨²n la memoria de 2010 de Muface ¡ªuna de esas entidades¡ª, ese a?o tuvo 12.083 notificaciones de incapacidad temporal, riesgo en el embarazo y riesgo de lactancia. Teniendo en cuenta que ten¨ªa 971.540 afiliados titulares, esto quiere decir que registr¨® 12,48 bajas por cada 1.000 personas, la mitad que la media mensual de la Seguridad Social. Es decir, que los funcionarios tienen una salud de hierro.
Un 75% de los procesos que se revisan son correctos
?Es eso verdad? Granado lo desmiente: ¡°Lo que sucede es que los funcionarios con ese sistema cobran lo mismo est¨¦n de baja o no; y para eso no hace falta darles de baja. Solo se hace en los casos en que hay que contratar un sustituto¡±. La diferencia con el resto de los trabajadores es que estos, al menos en teor¨ªa, no cobran los tres primeros d¨ªas de baja, ¡°aunque la inmensa mayor¨ªa de los convenios establecen que les pague la empresa, por lo que no lo notan¡±, aclara. Este peri¨®dico ha intentado sin ¨¦xito recabar la opini¨®n del Ministerio de Administraciones P¨²blicas.
Fernando Garc¨ªa Benavides, director del Centro de Investigaci¨®n en Salud Laboral en la Universidad Pompeu Fabra, explica que los ¨²nicos datos que hay son indirectos. ¡°De los casos de baja que son revisados por la inspecci¨®n m¨¦dica, que suelen ser ya de larga duraci¨®n, se confirman aproximadamente un 75%. De lo que se deduce que tres de cada cuatro casos est¨¢n justificados¡±, explica, independientemente de qui¨¦n contrate.
En el sector privado, explica Cruz Villal¨®n, es la empresa la que paga al trabajador durante los 15 primeros d¨ªas de baja (por una enfermedad no laboral) y solo tiene obligaci¨®n legal de cubrir el 60% del sueldo; tras este tiempo empieza a ser la Seguridad Social quien paga al empleado (tambi¨¦n solo debe pagarle el 60% del sueldo). A partir del d¨ªa 20 la obligaci¨®n es que la Seguridad Social pague al trabajador el 75% del salario. ?Qu¨¦ pasa con el resto del salario? Que suele compensarse, explica Benavides, a trav¨¦s de acuerdos y mejoras voluntarias que en algunas empresas suelen cubrir hasta el 100%. Algo que, sin embargo, est¨¢n empezando a dejar de hacer. Y con el plan del Gobierno, que se acerca m¨¢s al modelo del sector privado, las empresas pueden encontrar un argumento comparativo para retirar esos beneficios de sus convenios.
Un sector en permanente sospecha
- Datos del sector. Los funcionarios son, aproximadamente, 2,7 millones.
- Control de bajas. La ¨²ltima propuesta del Gobierno es aprobar este a?o un plan contra el absentismo de los funcionarios que incluye, seg¨²n las l¨ªneas iniciales de planteamiento, que estos no cobren su salario ¨ªntegro durante los primeros 90 d¨ªas de baja por incapacidad temporal.
- Pol¨ªtica de personal. El anterior Gobierno decret¨® una rebaja de los sueldos del 5% para los funcionarios. Este a?o, las retribuciones han sido congeladas, pese a la subida del IPC y del IRPF.
- E Sectores en dificultades. Sanidad. Se estudia que un 25% del sueldo corresponda a incentivos por productividad (parte variable). Educaci¨®n. Se ampl¨ªa la parte lectiva (para dar clases) en Secundaria de 18 a 20 horas.
- Aumento de jornada. Los empleados p¨²blicos han aumentado en 2,5 horas la jornada semanal.
- Pol¨ªticas de empleo. Se suspende la contrataci¨®n de interinos para cubrir bajas o dar servicios de apoyo (clases de refuerzo, guardias). La tasa de reposici¨®n (plazas nuevas que se convocan) ser¨¢ entre el 0% y el 10%. Es decir, por cada 10 trabajadores que se jubilen se incorporar¨¢ uno como mucho.
- Comentarios despectivos. Lo peor, para muchos de los afectados, han sido algunos comentarios de representantes pol¨ªticos. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, llam¨® "vagos" a los profesores p¨²blicos. El secretario de Estado de Administraciones P¨²blicas, Antonio Beteta, les dijo que se olvidaran "del cafelito y de leer el peri¨®dico".
Puesto en cuarentena el argumento de que hay un abuso generalizado de los funcionarios, queda acudir a quienes les dan ¡ªo no¡ª las bajas: los m¨¦dicos de primaria. Y en ellos tampoco se encuentran argumentos que avalen la medida. El presidente de la Sociedad Espa?ola de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), Josep Basora, tiene una opini¨®n contundente: ¡°Mi percepci¨®n es que los funcionarios tienen las mismas bajas que el resto de los trabajadores, sean por cuenta ajena o aut¨®nomos, y no existen estad¨ªsticas que digan lo contrario¡±. Adem¨¢s, ¡°en ¨¦poca de crisis las bajas se cogen con menos frecuencia. En eso han cambiado mucho las actitudes¡±, afirma el m¨¦dico. Un hecho cierto. Benavides muestra como ejemplo el caso de Catalu?a, donde existe un sistema de informaci¨®n exhaustivo. Ah¨ª, la incidencia por cada 100 afiliados ha disminuido un 10% entre 2008 (33,8) y 2010.
Para Juan Jos¨¦ Rodr¨ªguez Send¨ªn, presidente de la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial, el plan del Ejecutivo de Mariano Rajoy es sencillamente ¡°un disparate¡±. ¡°Puede ser que haya colectivos de funcionarios con mayor porcentaje de bajas, que adem¨¢s habr¨ªa que estudiarlo, pero no se pueden hacer medidas generales que afecten a todos por igual y penalizar de igual forma a quien se comporta bien que a quien no lo hace. Tampoco comparar patolog¨ªas. Qu¨¦ pasa con una enfermedad cr¨®nica, como un c¨¢ncer, o una indiscutible, como la rotura de un hueso. Es una propuesta injusta¡±, opina. El presidente de los m¨¦dicos espa?oles recuerda que no se puede penalizar ni discriminar al enfermo. Cree, adem¨¢s, que hay otros mecanismos para ver de manera inequ¨ªvoca si hay abuso, como poner m¨¢s mecanismos de inspecci¨®n. ¡°Nos parece bien que se limite el absentismo, pero no as¨ª¡±, a?ade.
Si se pregunta a los afectados, la respuesta es igual de rotunda. Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la mayoritaria entre los trabajadores p¨²blicos, cree que, igual que ha pasado con los inmigrantes en situaci¨®n irregular, a los que se va a retirar la prestaci¨®n por el abuso de alguno, se pretende hacer lo mismo con los funcionarios. ¡°Parece que lo ¨²nico que le interesa a los Gobiernos, este o el anterior, es resaltar esos casos¡±, dice Borra, ¡°cuando las bajas tienen la misma ratio que las del resto¡±. ¡°Si hubiera un abuso, habr¨ªa estudios que lo demostrar¨ªan. Cuando no los hay es que no se han producido¡±, a?ade.
La secretaria de Pol¨ªtica Social de UGT, Carmen L¨®pez, cree que todo el plan est¨¢ basado en la idea de que los funcionarios son unos corruptos a los que hay que amonestar. ¡°Es lamentable que ponga en la palestra a los trabajadores p¨²blicos y a los m¨¦dicos que les est¨¢n dando la baja¡±, dice. L¨®pez afirma que esto puede tener varias consecuencias. La econ¨®mica para los propios afectados y la implicaci¨®n en la salud de estos trabajadores y los ciudadanos que les rodean. Es decir, la medida puede fomentar lo que se conoce como presentismo: que el trabajador, por miedo a perder su empleo o a que le descuenten de su salario, acuda a su puesto enfermo. ¡°Esto puede suponer un problema para muchas personas porque los funcionarios cubren gran parte de los servicios fundamentales, como educadores, trabajadores sanitarios, bomberos. Lo que puede llevar a poner en riesgo a aquellos a quien cuidan¡±.
L¨®pez recuerda que el plan del Gobierno ya funciona en comunidades como la madrile?a, donde los empleados de baja pueden perder hasta el 40% de su sueldo. ¡°La propuesta presentada por el Gobierno de Rajoy a Bruselas lo que hace es generalizarlo y que se pueda aplicar no solo al personal laboral, como en esas regiones, sino tambi¨¦n al estatutario¡±, explica. No obstante, el plan presentado en la UE es todav¨ªa algo opaco. No queda claro si afectar¨¢ a todos los trabajadores p¨²blicos ni si ser¨¢ distinto en funci¨®n de las enfermedades. Como ocurre, por ejemplo en el Pa¨ªs Vasco, donde la regulaci¨®n, aplicada a 67.000 trabajadores, incluy¨® muchas excepciones: ¡°Cr¨®nicos, graves, accidentes de tr¨¢fico, laborales... Al final quedaron solo las enfermedades leves, como las gripes¡±, explica el exresponsable de Seguridad Social Octavio Granado. A pesar de esto parece que no ha ido del todo mal: el absentismo se ha reducido un 22%.
Los facultativos
afirman que las bajas caen con la crisis
Ese resultado, sin embargo, no convence a los propios afectados. Como Choni G., t¨¦cnica especialista en Educaci¨®n de la Comunidad de Madrid y por tanto personal laboral a quien ya afect¨® la medida. Esta profesional de 52 a?os que estuvo de baja 15 d¨ªas por una neumon¨ªa v¨ªrica recibi¨® el mes pasado 200 euros menos como consecuencia de esa incapacidad temporal. De los 1.300 que suele cobrar al mes pas¨® a cobrar 1.100. ¡°?Quieren que vaya a trabajar enferma? Eso repercute en mi salud y en la de los ni?os que est¨¢n en contacto conmigo¡±, se queja. Pero como este caso hay muchos m¨¢s. En Madrid, una trabajadora que est¨¦ de baja dos semanas puede llegar a perder 500 euros.
Estos argumentos contribuyen a alimentar las dudas que siembra la medida entre los expertos, que sin embargo s¨ª coinciden en una cosa: la necesidad de mejorar el sistema de bajas. ¡°Primero habr¨ªa que ver los datos de absentismo y despu¨¦s discutir con m¨¢s calma las medidas para abordarlo, saber si no funcionan los controles para frenarlo en la Administraci¨®n p¨²blica y por qu¨¦. Puede que no se tengan esos instrumentos¡±, analiza el catedr¨¢tico de la Universidad de Sevilla Cruz Villal¨®n.
¡°El sistema es antiguo¡±, dice el presidente de los m¨¦dicos de familia
Esa es una de las partes fundamentales y m¨¢s desatendidas. Lo asume Jos¨¦ Mar¨ªa Mor¨¢n, m¨¦dico inspector y vicepresidente de la Federaci¨®n de Asociaciones de Inspecci¨®n de Servicios Sanitarios (Faiss). Mor¨¢n afirma, por ejemplo, que el sistema que utiliza Muface necesita mucho m¨¢s control, y que los mecanismos de vigilancia de las bajas del r¨¦gimen general tambi¨¦n es mejorable. ¡°Si tienen indicios de fraude lo que deber¨ªan hacer es potenciar la inspecci¨®n. Pero hay pocos inspectores¡±, opina.
La funci¨®n de profesionales como Mor¨¢n es analizar las bajas. ¡°Tenemos un sistema inform¨¢tico en el que vemos las bajas que dan los m¨¦dicos y el tiempo de duraci¨®n de los procesos. Una baja de dos meses por una gripe, por ejemplo, chirr¨ªa. Es cierto que hay m¨¦dicos que dan muchas bajas, igual que los hay que recetan muchos gen¨¦ricos. As¨ª que lo suyo es establecer mecanismos de control para ver qu¨¦ hacen estas profesionales y tambi¨¦n conocer los procesos que duran m¨¢s de la cuenta¡±, explica. Para ¨¦l es ¡°poco cient¨ªfico¡± decir que de forma general los funcionarios abusan. Su asociaci¨®n ha elaborado un informe con datos de la Comunidad de Madrid del que se desprende, por ejemplo, que las bajas m¨¦dicas del personal p¨²blico duran menos, de media, que las del resto de trabajadores (16,5 frente a 28 d¨ªas).
¡°La reforma debe negociarse¡±, opina un catedr¨¢tico en Derecho
Tambi¨¦n el presidente de la Semfyc opina que los sistemas de control son anacr¨®nicos. ¡°El que tenemos es del siglo pasado. Est¨¢ excesivamente burocratizado. El m¨¦todo de partes semanales [que el empleado debe entregar en su lugar de trabajo] no se sostiene¡±, afirma Basora, quien cree que hay que dejar margen a la confianza en los profesionales y la concienciaci¨®n de los trabajadores. ¡°Donde se ha dado mayor capacidad al cl¨ªnico, como Pa¨ªs Vasco y Navarra, se han conseguido mejoras econ¨®micas¡±, dice el m¨¦dico. El presidente de CSIF tambi¨¦n admite que puede haber mayores controles, aunque sean para todos.
El tema tiene muchas aristas. Tanto que no parece lo m¨¢s correcto abordarlo de forma unilateral. ¡°Una cosa es reducir el absentismo injustificado, y otra es que se haga de manera universal a todo el que se encuentre enfermo. Es un asunto suficientemente delicado como para que se haga un proceso previo de consultas y con evidencias cient¨ªficas¡±, opina Cruz Villal¨®n.
Una visi¨®n que tambi¨¦n comparte el exresponsable de Seguridad Social, Octavio Granado, que cree que este tipo de cambios legislativos deben hacerse con mucho m¨¢s cuidado. ¡°Al final podr¨ªa pasar que mand¨¢ramos un soldado a Afganist¨¢n, le explote una mina, pierda una pierna, y, encima, le vayamos a rebajar el sueldo¡±, ironiza.
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