10 aerol¨ªneas de China e India desaf¨ªan la norma de la UE sobre el CO2

Un total de 10 aerol¨ªneas de China e India no han enviado a la Comisi¨®n europea los datos de sus emisiones de CO2 en el a?o 2011. Ese es el primer paso para comenzar a cargarles por sus emisiones de gases de efecto invernadero, como marca la directiva europea, que incluye todos los vuelos con origen y destino en la UE y que ha sublevado a estos pa¨ªses. As¨ª lo ha anunciado en rueda de prensa en Bruselas la comisaria de Acci¨®n por el Clima, Connie Hedegaard, al presentar los datos de las emisiones industriales en 2011.

Hedegaard ha destacado que el cumplimiento de la norma de emisiones de la aviaci¨®n ha sido amplia, y ha citado que ha recibido los datos de "todas las aerol¨ªneas de EE UU, Canad¨¢, Rusia, Brasil, M¨¦xico, Sud¨¢frica, Catar, Jap¨®n, Arabia Saud¨ª y Emiratos ?rabes Unidos, entre otros. Las ¨²nicas excepciones son China e India". Se trata de 10 aerol¨ªneas: ocho de China dos de India. Seg¨²n la comisaria, esas "suponen menos del 3% de las emisiones totales" mientras que "1.200 aerol¨ªneas de otros pa¨ªses han cumplido sistem¨¢ticamente los requerimientos de la UE".

China e India han sido los pa¨ªses m¨¢s beligerantes contra la directiva europea, que fue ratificada por el Tribunal de Justicia de la UE, y que obliga a las compa?¨ªas a comprar el 15% de las emisiones de sus vuelos (el 85% lo reciben gratis, de momento). Seg¨²n distintas estimaciones, el pago por el CO2 supone un recargo de unos euros en un billete entre Par¨ªs y Pek¨ªn (aunque depende de la emisi¨®n y la asignaci¨®n de cada compa?¨ªa).

India amenaz¨® con dinamitar la negociaci¨®n clim¨¢tica en la ONU y Airbus ha denunciado retrasos en pedidos desde China en represalia. Ambos pa¨ªses consideran que al no estar obligados por el Protocolo de Kioto esta es una forma de la UE de comenzar a imponerles obligaciones en el sistema internacional del clima. Incluso compa?¨ªas europeas como Iberia han pedido a la UE que retire la directiva.

Hedegaard ha confiado en que se llegue a un acuerdo en el seno de la Organizaci¨®n de Aviaci¨®n Civil Internacional que permita terminar con las amenazas de guerra comercial. Al menos p¨²blicamente, la comisaria es la principal valedora del sistema europeo de cobrar el CO2, ya que apenas se oye a otros comisarios o al presidente de la Comisi¨®n defenderlo.

Las aerol¨ªneas que faltan tienen hasta mitad de junio para enviar sus datos de emisiones y si siguen sin hacerlo ser¨¢n los Estados miembros desde las que despegan o aterrizan los que podr¨¢n empezar el procedimiento para multar a las compa?¨ªas.

Hedegaard ha detallado que en 2011 las emisiones de las 12.000 industrias de los Veintisiete sometidas al comercio de derechos de emisi¨®n bajaron un 2% mientras que en la UE hubo crecimiento econ¨®mico: "Esto demuestra que la reducci¨®n de emisiones y el crecimiento econ¨®mico pueden ir juntos".

En Espa?a, las emisiones del sector industrial subieron el a?o pasado un 9,2%, principalmente porque las ayudas al carb¨®n nacional dispararon la generaci¨®n el¨¦ctrica con carb¨®n. Seg¨²n la norma que aprob¨® el Gobierno socialista, las el¨¦ctricas deb¨ªan quemar carb¨®n nacional en lugar del importado. Pero como ha demostrado Ecologistas en Acci¨®n, el carb¨®n nacional ha entrado en el sistema a costa de gas natural, que emite menos CO2. El resultado es la primera subida de emisiones en tres a?os.

El sistema de comercio de derechos de emisi¨®n est¨¢ en profunda revisi¨®n, ya que hay un exceso de asignaci¨®n a las f¨¢bricas (se hizo antes de que la crisis desplomara la producci¨®n industrial) y eso ha hundido el precio del CO2. Cada tonelada de derecho de emisi¨®n est¨¢ a unos 6,5 euros cuando toda la pol¨ªtica europea estaba dise?ada pensando en unos 20.

En pa¨ªses como Espa?a, con la producci¨®n industrial desplomada, el sistema ha supuesto grandes beneficios para la industria pesada, que vende las cuotas que recibi¨® gratis. As¨ª, la industria pesada ha logrado con este mecanismo unos 1.300 millones de euros desde 2008, mientras que el Estado ha pagado ya 770 para compensar el exceso de los llamados "sectores difusos", como viviendas y transporte.