Quien puede no siempre debe

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Jos¨¦ Mart¨ªn Casallo, ha archivado la denuncia por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos presentada contra el m¨¢ximo representante del poder judicial, Carlos D¨ªvar. Este abrupto cierre de la v¨ªa jurisdiccional ha abierto el camino, sin embargo, a una discusi¨®n m¨¢s pol¨ªtica que legal, m¨¢s ¨¦tica o moral que penal o administrativa, acerca del comportamiento que deben observar quienes ejercen cargos institucionales. El de D¨ªvar qued¨® en entredicho al conocerse que en los tres ¨²ltimos a?os ha viajado a Marbella una veintena de largos fines de semana, y que todos los gastos, o una parte de ellos, fueron cargados al presupuesto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para archivar la denuncia, el teniente fiscal recurri¨®, en ¨²ltimo extremo, a un bucle burocr¨¢tico: no existen razones para investigar los gastos de D¨ªvar en Marbella porque el servicio de intervenci¨®n del Consejo no puso objeciones para convalidarlos.

¡°Nadie se cree que D¨ªvar haya trabajado tanto en Marbella¡±, declar¨® G¨®mez Ben¨ªtez. Lo que adem¨¢s de no creer tampoco entiende nadie es que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial disponga de tanto tiempo libre. Entre los vocales de esta ¨²ltima instituci¨®n son varios los que piensan que, pese al archivo de la denuncia, D¨ªvar deber¨ªa dimitir. Es tambi¨¦n la opini¨®n de la asociaci¨®n Jueces para la Democracia, cuyos portavoces dejan traslucir malestar por el hecho de que la fiscal¨ªa se haya conformado con el bucle burocr¨¢tico en lugar de comprobar si este se corresponde con la realidad de los viajes de D¨ªvar a Marbella. Viajes con alojamiento en hoteles de lujo, con cenas en restaurantes exclusivos de la costa y, eso s¨ª, facturas que, de acuerdo con la denuncia, se habr¨ªan computado en ocasiones a una actividad institucional que el presidente no llev¨® a cabo.

Para D¨ªvar, los gastos que ha afrontado el Consejo General del Poder Judicial por estos viajes son ¡°una miseria¡±. Si la v¨ªa jurisdiccional se hubiera abierto, habr¨ªa correspondido a un tribunal decidir si esa miseria era o no constitutiva de delito. Pero, al cerrarla el fiscal, el otro camino es por ahora el ¨²nico posible. Y, en ese otro camino, la primera pregunta que se impone es por qu¨¦, si eran ¡°una miseria¡±, el propio D¨ªvar no tuvo cuando menos el reflejo de pagarlos de su bolsillo, desterrando cualquier posibilidad de verse en una situaci¨®n como la que padece y la que est¨¢ haciendo padecer a las instituciones que representa. Sean cuales fuesen las razones por las que D¨ªvar no corri¨® personalmente con esos gastos, importan menos que la constataci¨®n de que es frecuente entre quienes ocupan cargos institucionales acabar ignorando la frontera entre la vida p¨²blica y la privada. ¡°El problema, creo¡±, escribi¨® Hanna Arendt en Responsabilidad y juicio, ¡°no es tanto el hecho de que el poder corrompa como que el aura del poder, sus llamativos oropeles, m¨¢s que el poder mismo, atraen¡±.

Nadie cree que D¨ªvar haya trabajado tanto en Marbella"

El ¡°aura del poder, sus llamativos oropeles¡± lo constituyen, sin duda, los despachos se?oriales, los coches de gran cilindrada, el c¨ªrculo de ayudantes y escoltas que moviliza cada desplazamiento, la atenci¨®n que los medios de comunicaci¨®n prestan a cada palabra y cada gesto, los entornos en los que conviene y no conviene a un cargo institucional dejarse ver. Estos y muchos otros son signos hacia el exterior que, hacia el interior, conspiran contra la conciencia del ciudadano igual a los dem¨¢s que ocupa por tiempo limitado un cargo institucional. Desde el exterior, esos signos se perciben como privilegios innecesarios e injustificados, y su simple existencia se considera argumento suficiente para explicar, y al mismo tiempo desacreditar, la vocaci¨®n que sienten algunos ciudadanos hac¨ªa la vida p¨²blica. Esta vocaci¨®n, seg¨²n una visi¨®n antipol¨ªtica que habr¨ªa saltado directamente desde la barra de las tabernas a las soflamas de los partidos populistas, solo esconder¨ªa la ambici¨®n de disfrutar del ¡°aura del poder¡±, de ¡°sus llamativos oropeles¡±. Por esta raz¨®n, la vocaci¨®n que sienten algunos ciudadanos hacia la vida p¨²blica nunca es para los partidos populistas un motivo de respeto, sino un indicio para la sospecha. Y por esta raz¨®n, tambi¨¦n, los l¨ªderes de los partidos populistas aseguran detestar la pol¨ªtica, como queriendo dar a entender que la pol¨ªtica se reduce exclusivamente al ¡°aura del poder¡± y a ¡°sus llamativos oropeles¡±.

Como en otros asuntos, tampoco en este los partidos populistas han necesitado vencer en las urnas para avanzar en la imposici¨®n, en todo o en parte, de su agenda. La crisis econ¨®mica y la decisi¨®n de hacerle frente, al menos en Europa, a trav¨¦s de recortes en el gasto social han exigido que los poderes del Estado comiencen por dar ejemplo. Gobiernos, Parlamentos y otras instituciones, como las judiciales, han anunciado bajadas en las retribuciones de sus miembros y reducciones m¨¢s o menos severas de sus presupuestos, haciendo especial hincapi¨¦ en las partidas que m¨¢s pueden confundirse con privilegios como las protocolarias o las previstas para viajes oficiales, precisamente aquellas por las que D¨ªvar se ha visto envuelto en el esc¨¢ndalo. El aspecto positivo de estas decisiones es que aportan un imprescindible suplemento de legitimidad a los poderes p¨²blicos en un momento en el que est¨¢n exigiendo duros sacrificios econ¨®micos a los ciudadanos. El aspecto negativo es que, de manera inevitable, admiten en su propia agenda uno de los puntos en los que m¨¢s insiste la visi¨®n antipol¨ªtica que inspira a los partidos populistas. Para estos, parece que bastar¨ªa con hacer del servicio p¨²blico una versi¨®n del monacato para que la crisis, as¨ª como el resto de los problemas, se resuelvan por s¨ª solos.

Varios vocales del CGPJ piensan que su presidente deber¨ªa dimitir

La dificultad de poner en valor el aspecto positivo cerrando al mismo tiempo el paso al negativo radica en no confundir la imprescindible b¨²squeda de un suplemento de legitimidad de los poderes p¨²blicos en tiempos dif¨ªciles, o el intento, tambi¨¦n imprescindible, de ejercer una cierta pedagog¨ªa, con la pura y simple propaganda. Llevando al extremo la visi¨®n antipol¨ªtica que inspira a los partidos populistas, se podr¨ªa imaginar que la soluci¨®n a la crisis y al resto de los problemas se hallar¨ªa privando al poder de cualquier aura y de cualquier oropel, llamativo o no. Pero, aparte de ser una soluci¨®n m¨¢gica m¨¢s que pol¨ªtica, o siquiera racional, acabar¨ªa por convertir el sistema democr¨¢tico en olig¨¢rquico, puesto que solo estar¨ªan en condiciones de acceder al poder, a la representaci¨®n de las instituciones, aquellos ciudadanos que dispusieran de medios de vida no vinculados a la actividad p¨²blica para la que son elegidos por varios a?os. Los sistemas democr¨¢ticos, y m¨¢s en tiempos de crisis, est¨¢n entonces obligados a buscar un equilibrio entre la profesionalizaci¨®n de la pol¨ªtica y un diletantismo que pocos ciudadanos se podr¨ªan permitir. Pero ?c¨®mo encontrar ese equilibrio?

El archivo de la denuncia contra D¨ªvar por parte del fiscal Mart¨ªn Casallo demuestra que la b¨²squeda del equilibrio entre la profesionalizaci¨®n y el diletantismo mediante normas jur¨ªdicas, ya sea con rango de ley o de reglamentos internos, tiene l¨ªmites que, llegado el momento, resulta relativamente f¨¢cil sortear. Como se ha comprobado en el caso de los viajes a Marbella, bastar¨ªa con conceder validez absoluta a un bucle burocr¨¢tico y olvidarse de su correspondencia con la realidad. Los cargos institucionales, pertenezcan al poder del Estado que pertenezcan, disponen siempre de recursos para dotar de una apariencia de legalidad a comportamientos o acciones que podr¨ªan no serlo, precisamente porque es a ellos, a los cargos institucionales, a quienes corresponde hacer la primera interpretaci¨®n de las normas a las que est¨¢n sometidos. Por m¨¢s controles legales que se establezcan, el riesgo del bucle burocr¨¢tico nunca desaparece por completo: cada interpretaci¨®n por parte de un cargo institucional de las normas a las que est¨¢n sometidos otros inferiores, como tambi¨¦n ellos mismos, ser¨¢ siempre la primera.

Max Weber pareci¨® advertir con meridiana nitidez el riesgo del bucle burocr¨¢tico en El sabio y el pol¨ªtico, donde en 1919 llev¨® a cabo una profunda reflexi¨®n, convertida en cl¨¢sica, acerca de las diferencias entre ambas vocaciones y ambos trabajos. ¡°La funci¨®n p¨²blica moderna¡±, escribi¨® Weber, ¡°exige en nuestros d¨ªas un cuerpo de trabajadores intelectuales especializados, altamente cualificados, preparados para su tarea profesional por una formaci¨®n de varios a?os y animados por un honor corporativo extraordinariamente desarrollado en el cap¨ªtulo de la integridad¡±. Mientras que las primeras cualidades que destaca Weber son, por as¨ª decir, objetivas, la ¨²ltima remite a unos valores morales ¡ªel honor, la integridad¡ª, a los que concede la m¨¢xima importancia. Tanta, que ¡°si este sentimiento de honor no existiera entre los funcionarios, estar¨ªamos amenazados por una terrible corrupci¨®n y no escapar¨ªamos a la dominaci¨®n de los aprendices¡±. Es decir, que la especializaci¨®n, la cualificaci¨®n, la formaci¨®n, de no estar orientadas por el sentimiento de honor, por la integridad, podr¨ªan llegar a dar la vuelta, a subvertir, la tarea que la funci¨®n p¨²blica moderna tiene asignada y en la que se apoya la legitimidad del ejercicio del poder en los sistemas democr¨¢ticos.

La pol¨¦mica anima la visi¨®n antipol¨ªtica que inspira a los populismos

La referencia a los valores morales del honor y la integridad en El sabio y el pol¨ªtico sugiere que, para Weber, la norma legal no agota el cat¨¢logo de obligaciones al que debe ajustar su comportamiento y sus acciones el servidor p¨²blico, el cargo institucional. En el caso de D¨ªvar, es lo que habr¨ªa querido recordarle el autor de la denuncia, G¨®mez Ben¨ªtez, cuando afirm¨® en una reuni¨®n del Consejo General del Poder Judicial que ¡°tanto viaje a Marbella no tiene justificaci¨®n ni ¨¦tica ni est¨¦tica, y debilita la imagen del Consejo y del Supremo y nuestra legitimidad¡±. Otra de las vocales que intervino en la misma reuni¨®n, Margarita Robles, habr¨ªa se?alado a D¨ªvar que ¡°esos 20 viajes no le han gustado a la opini¨®n p¨²blica¡±.

El problema que no resuelve Weber, y al que se enfrentan los vocales del Consejo que recriminaron a D¨ªvar su comportamiento a pesar de que el fiscal Mart¨ªn Casallo hubiese archivado la denuncia, es que el cumplimiento de las exigencias de la ¨¦tica, la est¨¦tica o la opini¨®n p¨²blica no puede hacerse a trav¨¦s de la coerci¨®n derivada de la ley, sino tan solo de la persuasi¨®n. Y para que la persuasi¨®n d¨¦ resultado, el ¡°aura del poder, sus llamativos oropeles¡± que conspiran contra la conciencia del ciudadano igual a los dem¨¢s que ocupa por tiempo limitado un cargo institucional no deber¨ªan haberla corrompido del todo. En caso contrario, el cargo institucional que ve afeados su comportamiento o sus acciones entiende que el remedio es resistir. A mayor capacidad de persuasi¨®n, mayor intensidad de resistencia, hasta acabar refugi¨¢ndose en la condici¨®n de v¨ªctima de una conspiraci¨®n.

Preocupa ver que altos cargos ignoran la frontera con la vida privada

El ¡°aura del poder, sus llamativos oropeles¡± que, hacia el exterior, se perciben en muchas ocasiones como privilegios innecesarios e injustificados de los que se valen los partidos populistas para su propaganda contra la pol¨ªtica, hacia el interior suelen ser descritos por algunos cargos institucionales que los tienen a su disposici¨®n como una servidumbre, como una esclavitud, de la que preferir¨ªan prescindir si se les permitiera. Hay ocasiones, numerosas ocasiones, en las que este lamento por parte de algunos cargos institucionales es cierto; pero hay otras, en las que solo expresa la falacia que se?ala Hanna Arendt en Responsabilidad y juicio: ¡°Verse forzado y verse tentado son casi lo mismo¡±. Alojarse en hoteles de lujo y frecuentar restaurantes exclusivos en la costa pueden ser interpretados por el cargo institucional, no como un privilegio, sino como una servidumbre, como una esclavitud a la que obliga la representaci¨®n que ostenta. Y, en ese caso, la frontera entre la vida p¨²blica y la privada se difumina hasta el punto de que parece razonable cargar los gastos a la instituci¨®n que obliga a esa servidumbre, a esa esclavitud, en lugar de a la cuenta corriente del ciudadano que disfruta de un privilegio.

Hanna Arendt escribi¨® que las ¨²nicas personas dignas de confianza son aquellas que, ¡°llegado el momento de la verdad¡±, dicen ¡°no debo hacerlo¡± en lugar de ¡°no puedo hacerlo¡±, anteponiendo una convicci¨®n ¨¦tica o moral a las posibilidades que le ofrecen las normas jur¨ªdicas. A la hora de pagar con fondos p¨²blicos algunas facturas de sus largos fines de semana en Marbella, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo consider¨® que pod¨ªa hacerlo, y el fiscal Mart¨ªn Casallo le dio la raz¨®n archivando la denuncia de G¨®mez Ben¨ªtez en virtud de un bucle burocr¨¢tico. Lo que le reprochan a D¨ªvar algunos vocales del Consejo es que, m¨¢s all¨¢ de aferrarse a ese bucle burocr¨¢tico, ni siquiera se haya preguntado hasta ahora si deb¨ªa hacerlo.