La prostituci¨®n, mejor debajo de la alfombra

Cuando Ivie Okundaye, de 21 a?os, vio a la patrulla de los Mossos d'Esquadra, ech¨® a correr. Era la noche de un 18 de septiembre de 2009. Por aquel entonces, el municipio de La Jonquera (Girona) hab¨ªa puesto en marcha una ordenanza que multaba a prostitutas y clientes. Okundaye confundi¨® a los Mossos, que hac¨ªan un control rutinario en un pol¨ªgono, con la polic¨ªa local. Por eso huy¨®. Estaba en la Nacional II. Un coche con matr¨ªcula francesa la atropell¨®, mat¨¢ndola, y se dio la fuga. Todav¨ªa no se sabe qui¨¦n conduc¨ªa el veh¨ªculo.

Las prostitutas se enfrentan a una situaci¨®n de alegalidad e incertidumbre en Espa?a. En una calle las pueden multar y, si cruzan a la siguiente, en otro municipio, quiz¨¢ no. Tampoco es igual si est¨¢n en Catalu?a o en Extremadura, si la carretera es estatal o auton¨®mica...

Hasta ahora, algunos pol¨ªticos han optado por perseguir la prostituci¨®n a trav¨¦s de ordenanzas municipales de convivencia, que acostumbran a sancionar a clientes y meretrices en la calle. En el ¨¢mbito auton¨®mico, la Generalitat de Catalu?a ha modificado la ley para que los Mossos puedan sancionar con hasta 30.000 euros a quienes negocien servicios sexuales en la carretera. La pol¨¦mica medida lleva aparejada la creaci¨®n de un fichero que incluye el nombre, el DNI, la direcci¨®n, la fecha de nacimiento, la nacionalidad de clientes y prostitutas sancionados.

Varios municipios utilizan argucias
legales contra la prostituci¨®n callejera

Pero la f¨®rmula de la multa se ha granjeado las cr¨ªticas de la mayor parte de los colectivos que protegen y defienden a las prostitutas. Organizaciones que afirman que sancionar a quienes ofrecen sexo en la calle no sirve para terminar con la prostituci¨®n. Solo contribuye a ocultarla en pisos y burdeles. ?Estigmatiza la medida a un colectivo ya de por s¨ª vulnerable? ?Ayudan acaso las mutas a detectar a las v¨ªctimas de la trata? La pol¨¦mica medida no aborda, adem¨¢s, el problema de fondo: que no hay una postura com¨²n que apueste por regular o, por el contrario, abolir esta pr¨¢ctica.

En Espa?a, aunque el proxenetismo s¨ª es un delito seg¨²n el C¨®digo Penal, la prostituci¨®n se mueve en un limbo de alegalidad. Las distintas propuestas para definir una postura reglamentada sobre el comercio sexual han fracasado. En 2008, el Congreso rechaz¨® regular o prohibir al considerar que distinguir tr¨¢fico de personas y prostituci¨®n era complicado. Ambas cosas, asegur¨® en su informe la comisi¨®n parlamentaria encargada del tema, ¡°son fen¨®menos ligados y relacionados que no pueden separarse¡±. Por eso, se aprobaron medidas para luchar contra la trata, se ampliaron las penas a los explotadores y las mafias y se cre¨® el Plan de Lucha contra la Trata, que recoge ayudas y apoyo a las mujeres explotadas por las mafias.

¡°Sirvi¨® para coordinarnos mejor¡±, explica la presidenta de la Asociaci¨®n para la Prevenci¨®n, Reinserci¨®n y Atenci¨®n de la Mujer Prostituida, Roc¨ªo Nieto. Pero las chicas siguen vendi¨¦ndose en las calles. Algo que molesta a algunos ciudadanos, que no quieren que sus hijos vean a mujeres con poca ropa que ofrecen su cuerpo por dinero. Por eso muchos municipios se han visto presionados para desarrollar ordenanzas que multan por vender o comprar servicios sexuales en la calle.

La Generalitat llama a acabar con el ¡°espect¨¢culo indigno
en las carreteras¡±

¡°Se est¨¢ bordeando el problema. Lo que hay que hacer es una ley seria contra de las personas que explotan a las mujeres¡±, contin¨²a Nieto. Su asociaci¨®n y muchas otras consideran que la mayor¨ªa de las mujeres que se prostituyen no lo hacen voluntariamente, sino que son v¨ªctimas de las mafias. Un argumento compartido tambi¨¦n por las administraciones que, sin embargo, no se puede apoyar en cifras ni datos oficiales; pero que choca de frente con el sistema de multas a mujeres. ?Multar a las propias v¨ªctimas?

Nieto apunta, adem¨¢s, que una persona a la que se persigue y se est¨¢ penalizando dif¨ªcilmente va a acabar admitiendo que est¨¢ siendo explotada. ¡°Es est¨¦ril, ni las chicas ni los proxenetas pagan esas multas. Es imposible, no tienen cuenta ni domicilio fijo¡±, a?ade un inspector del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa con una dilatada experiencia en la lucha contra las mafias que explotan a mujeres.

¡°Se da un rodeo al problema y se utiliza una argucia legislativa para que no haya chicas en las calles¡±, explica Mar¨ªa Luisa Balaguer, catedr¨¢tica de Derecho Constitucional en la Universidad de M¨¢laga. Sostiene, adem¨¢s, que esas multas son recurribles porque est¨¢n en terrenos l¨ªmite: ¡°Se podr¨ªa esgrimir la inconstitucionalidad, por ejemplo, del derecho de libre deambulaci¨®n de las mujeres a las que multan por estar en una carretera¡±.

A su entender, los partidos pol¨ªticos deber¨ªan abordar el problema, pero no es una cuesti¨®n de f¨¢cil consenso. ¡°En cualquier caso, no se puede legalizar. Va contra el art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n que habla del derecho a la integridad f¨ªsica y moral de las personas. No se puede hacer un contrato entre un hombre y mujer para tener sexo porque atenta contra esa integridad¡±, opina.

Los propios Ayuntamientos reconocen que se valen de parches, ¡°subterfugios, apa?os transitorios¡±, en palabras del concejal de Seguridad del Ayuntamiento de M¨¢laga, Julio Andrade (PP), a la espera de una norma estatal. Pero mientras tanto, aseguran que la prostituci¨®n callejera ¡°afecta a la actividad comercial y a la tranquilidad vecinal¡±, cuenta Andrade.

El listado de municipios que multan la prostituci¨®n en la calle es extenso: desde Badajoz a M¨¢laga o La Jonquera, pasando por decenas de peque?as localidades. Incluso la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias redact¨® una ordenanza tipo en 2009 en la que se incluyen sanciones por negociar servicios sexuales.

La Jonquera fue de los primeros en ponerlo en pr¨¢ctica, pero un a?o despu¨¦s dej¨® de multar a clientes y chicas porque no era ¡°eficaz¡± ni ¡°efectivo¡±. ¡°El 99% de los clientes son franceses y las chicas no tienen con qu¨¦ responder¡±, admite la alcaldesa de la localidad, S¨°nia Mart¨ªnez (CiU). El municipio tom¨® la iniciativa porque ¡°los vecinos estaban cansados de salir en la prensa por este tipo de problemas¡±. Adem¨¢s, contin¨²a Mart¨ªnez, ¡°el consistorio quer¨ªa atajar la situaci¨®n por la mala imagen que da y por la propia seguridad de las mujeres¡±. Una seguridad, sin embargo, que las entidades en defensa de las prostitutas no cree que mejore mult¨¢ndolas.

¡°?C¨®mo puede ser que multemos a las trabajadoras del sexo por ofrecer servicios sexuales que no son un delito? Raya la inconstitucionalidad¡±, se queja Cristina Gariz¨¢bal, de la organizaci¨®n Hetaira, que defiende a las ¡°trabajadoras del sexo¡±. A su entender, no todas las personas que se colocan en una carretera a vender su cuerpo lo hacen explotadas. Por eso, piden lugares espec¨ªficos en los que puedan ejercer la prostituci¨®n con garant¨ªas de seguridad.

Una iniciativa que ya ha puesto en marcha el Ayuntamiento de M¨¢laga. El consistorio cedi¨® a las chicas un lugar apartado, junto al r¨ªo Guadalhorce. Lo ilumin¨®, allan¨® el terreno y las anim¨® a que, si quer¨ªan prostituirse, lo hiciesen en ese lugar, alejado de vecinos y comerciantes. El Ayuntamiento abri¨® una v¨ªa de di¨¢logo con las prostitutas cuando empez¨® a multar en el centro y considera que fruto de toda esa labor han conseguido casi erradicar esta pr¨¢ctica de la calle. ¡°De d¨ªa apenas existe la prostituci¨®n, se dan pocos casos. De noche hay algunas m¨¢s, pero saben que seguimos sancionando¡±, explica Andrade.

Ese paso de ocultar a las chicas en espacios apartados preocupa especialmente a algunas asociaciones. ¡°Con toda la penalizaci¨®n y la criminalizaci¨®n, tememos que al final las escondan en pisos, en los que no se tenga acceso a ellas y eso las haga a¨²n m¨¢s vulnerable¡±, avisa Helga Flamtermsky, del proyecto Mujer Frontera. Eso dificultar¨ªa m¨¢s el rescate de las mujeres en los casos de explotaci¨®n sexual, que ya de por s¨ª son complicados para la polic¨ªa.

Las entidades temen que la persecuci¨®n oculte a las mujeres en pisos o clubes

Gariz¨¢bal considera que las multas comportan otro problema a?adido: ¡°Se echa a las mujeres en manos de los clubes para que ah¨ª sean v¨ªctimas de abusos, ya que no hay ninguna ley que reconozca relaci¨®n laborar¡±.

Viviana Waisman, directora de Women's Link Worldwide, sostiene que las ordenanzas ciudadanas violan, adem¨¢s, varios tratados internacionales de prevenci¨®n y lucha contra el tr¨¢fico de seres humanos. ¡°Castigar a las mujeres que ejercen la prostituci¨®n tiene el peligro de colocarlas en una situaci¨®n de mayor vulnerabilidad, lo que contraviene todos los instrumentos internacionales de protecci¨®n a las v¨ªctimas de trata. Debe primar la persona y las violaciones a sus derechos humanos. Es esencial que este sea el marco, y no uno que se centre en la persecuci¨®n del delito ni en el control migratorio¡±, afirma.

Purificaci¨®n Causapi¨¦, secretaria de Igualdad del PSOE, tampoco est¨¢ de acuerdo con las normas municipales que penalizan a las personas que ejercen la prostituci¨®n. ¡°Estas ordenanzas tienen m¨¢s que ver con el vandalismo y el orden p¨²blico. Hay que combatir el tr¨¢fico de personas y las mafias y facilitar que las mujeres salgan de esta situaci¨®n con ayudas¡±, considera. Comprende la postura de los Ayuntamientos, pero cree que la manera de erradicar la prostituci¨®n es combatir el tr¨¢fico y la explotaci¨®n. ¡°Penalizar a las mujeres solo las estigmatiza, esconde y dificulta su seguimiento¡±, argumenta Causapi¨¦, m¨¢s partidaria de multar solo al cliente, como se hace en Sevilla.

¡°Se ha huido de intentar identificar a la mujer con prostituci¨®n. Es cosa de dos: quien ofrece y quien demanda¡±, argumenta el secretario general de Interior de Catalu?a, Xavier Gibert. ¡°Me cuesta pensar que multar a estas personas, teniendo en cuenta las p¨¦simas condiciones en las que se ven en la carretera, aumente su nivel de estigmatizaci¨®n¡±, a?ade.

La Generalitat de Catalu?a admite que la sanci¨®n en la carretera es solo un paso de un largo camino. ¡°El problema requiere debate social y pol¨ªtico¡±, dice Gibert, pero defiende que mientras tanto hay que luchar contra ¡°el espect¨¢culo humanamente y socialmente indigno como es la oferta y demanda en las carreteras¡±. Para ello, necesitan un fichero con datos de prostitutas y clientes. ¡°Se trata del tr¨¢mite administrativo m¨¢s habitual¡±, indica Gibert.

¡°La mera existencia del fichero es una fuente de problemas. Si una entidad privada incumple la ley de protecci¨®n de datos tiene una multa que oscila entre los 3.000 y los 600.000 euros. Pero si se pierden esos datos de un archivo p¨²blico no hay sanci¨®n econ¨®mica para la administraci¨®n¡±, contrapone Paloma Llaneza, abogada experta en protecci¨®n de datos. ¡°Es clave que cuando la multa prescriba, cuando acabe el expediente en firme, autom¨¢ticamente se cancelen esos datos¡±, a?ade el presidente de la secci¨®n de propiedad intelectual y derechos de imagen del colegio de abogados de Barcelona, Jordi Bacaria.

¡°Es est¨¦ril, ni chicas ni proxenetas pagan sanciones¡±, asegura un mando policial

En Europa, la perspectiva legal sobre prostituci¨®n es diversa. En Suecia, Noruega o Finlandia est¨¢ prohibida. Sin embargo, solo se penaliza al cliente, que se enfrenta a sanciones que pueden oscilar entre una multa econ¨®mica y la pena de c¨¢rcel, aunque esta ¨²ltima no se suele hacer efectiva nunca. Suecia inici¨® ese modelo abolicionista en 1999, un sistema que cuenta con la mayor¨ªa del apoyo ciudadano y que ha logrado disminuir el fen¨®meno.

El modelo abolicionista es, seg¨²n Balaguer, en el que se deber¨ªa fijar Espa?a. ¡°Se podr¨ªa haber desarrollado un plan estatal para abolir y reinsertar a las mujeres, pero entonces el dinero se gastaba en otra cosa y ahora no hay dinero para nada¡±, lamenta.

Algunos pa¨ªses del Este consideran la prostituci¨®n un delito y multan tambi¨¦n a las meretrices. Hungr¨ªa, por ejemplo, aplica una pol¨¦mica ley que sanciona m¨¢s a las prostitutas que a los clientes. Esta puede ser encarcelada o multada econ¨®micamente si ofrece sus servicios en ¡°¨¢reas protegidas¡±. Mientras, a los clientes solo se les aplica la multa si acuden a una menor; una multa, en cualquier caso, mucho menor que la de la meretriz.

En otros pa¨ªses, como Alemania u Holanda, la prostituci¨®n es legal, se considera a las mujeres como trabajadoras y necesitan una licencia municipal para ejercer. En Holanda una ley reglament¨® en el a?o 2000 la prostituci¨®n como un trabajo. Los empresarios de los clubes tienen que obtener permisos y pagar impuestos y las mujeres tienen prestaciones sociales por realizar ese trabajo. ¡°Eso no fren¨® la explotaci¨®n. Algunas mujeres han llegado al pa¨ªs pensando que iban a trabajar en otra cosa y a otras les obligan o incitan a mantener sexo inseguro o sin apenas descanso¡±, afirma la soci¨®loga Kareen Vryck, que ha estudiado la realidad holandesa. El Gobierno holand¨¦s y el sindicato de prostitutas, Hilo Rojo, tienen planes espec¨ªficos para proteger a las mujeres. Incluido un periodo de reflexi¨®n de tres meses para que decidan si quieren denunciar a sus explotadores, prestaciones sanitarias, y un subsidio econ¨®mico.

¡°Espa?a es un pa¨ªs de doble moral. Como no se consiguen muchos votos abordando el problema, solo preocupa la mujer que se ve en la calle. Estamos lejos de que alguien se plantee seriamente tratar la prostituci¨®n. Y para esto no hay ni izquierda ni derecha, nadie se atreve¡±, augura, pesimista, Gariz¨¢bal.