El Gobierno estudiar¨¢ incentivos para la regularizaci¨®n de las asistentas
Cientos de miles de trabajadoras no han sido a¨²n dadas de alta pese a que hoy termina el plazo
No habr¨¢ pr¨®rroga. Hoy termina el plazo de seis meses fijado para completar la integraci¨®n de todos los empleados de hogar en el r¨¦gimen general de la Seguridad Social, incluidos los que acuden unas pocas horas a la semana a distintos domicilios, pero cientos de miles de hogares no han dado a¨²n de alta a sus trabajadores, la mayor¨ªa mujeres. El colectivo present¨® el mi¨¦rcoles una petici¨®n formal al Gobierno para que ampl¨ªe el periodo de transici¨®n hasta final de a?o, pero el Ejecutivo descarta esta opci¨®n, seg¨²n un portavoz del Ministerio de Empleo. Lo que s¨ª asegura es que estudiar¨¢ incentivos para impulsar la regularizaci¨®n tras analizar los datos finales de afiliaci¨®n, que se presentar¨¢n el pr¨®ximo martes.
La reforma laboral
obliga a estudiar
medidas fiscales y simplificar tr¨¢mites
El Gobierno elaborar¨¢ en los pr¨®ximos meses un informe con posibles medidas para simplificar los tr¨¢mites e introducir incentivos fiscales como bonificaciones en las cotizaciones o desgravaciones en el IRPF. Le obliga a ello una enmienda introducida por CiU en la reforma laboral aprobada definitivamente ayer. Carles Campuzano, portavoz en materia laboral de CiU en el Congreso, cree que incluso hay que ir m¨¢s all¨¢. ¡°Hay que fijarse en otros pa¨ªses europeos que han logrado hacer aflorar mucho empleo informal en este sector. Por ejemplo, entre 2005 y 2009 Francia consigui¨® crear 500.000 puestos de trabajo gracias a un sistema de cheques que se pueden adquirir en los bancos. B¨¦lgica tiene algo parecido y en Alemania existen varios instrumentos para apoyar la contrataci¨®n, entre ellos el de los minijobs,que permite utilizar un procedimiento simplificado de registro¡±, se?ala Campuzano.
Hace menos de dos semanas la Comisi¨®n de Empleo y Seguridad Social en el Congreso aprob¨® una proposici¨®n no de ley impulsada por CiU para pedir al Gobierno que estudie f¨®rmulas de este tipo adecuadas al contexto espa?ol, en el que se calcula que m¨¢s de 400.000 trabajadoras del hogar no est¨¢n afiliadas. Muchas porque al ser irregulares no pueden ser contratadas, otras porque sus empleadores se niegan y otras porque prefieren mantenerse en la econom¨ªa sumergida. La nueva normativa prev¨¦ multas de entre 626 y 6.250 euros.
El colectivo reclama
un plan de
inspecciones eficaz
Pese a que el Gobierno rechaza ampliar el plazo, el sindicato Sindihogar ha convocado una concentraci¨®n ma?ana por la tarde en Barcelona para exigir de nuevo una pr¨®rroga. Las trabajadoras denuncian que el Gobierno no ha realizado una buena labor de informaci¨®n durante el proceso de transici¨®n, lo que ha creado confusi¨®n y temor entre los empleadores y ha llevado al despido de cientos de personas, especialmente de inmigrantes irregulares. ¡°No se les puede hacer contrato hasta que consigan el arraigo y muchas van a perder la tarjeta sanitaria en unos meses. Las familias tienen miedo de lo que pueda pasar si alguna tiene un accidente dentro de su casa¡±, explica Bego?a Arias, del centro Pueblos Unidos, que ofrece en Madrid asesoramiento y formaci¨®n a extranjeros.
El sector reclama tambi¨¦n soluciones para las discontinuas que trabajan por horas en diferentes casas, que hasta ahora pod¨ªan cotizar por su cuenta y que perder¨¢n su afiliaci¨®n si no han conseguido que alguno de sus jefes formalice su alta. A finales de mayo se encontraban en esta situaci¨®n 47.000 empleadas, aunque el Ejecutivo cree que esta cifra bajar¨¢ bastante cuando se conozcan los datos de junio porque muchos hogares han esperado hasta el final del plazo para ahorrarse las cuotas de los meses anteriores. Las colas registradas esta ¨²ltima semana en algunas oficinas de la Seguridad Social pueden apoyar esta suposici¨®n.
Los colectivos de trabajadoras consideran adem¨¢s que debe ponerse en marcha un plan de inspecci¨®n eficaz. ¡°Las autoridades siempre se han escudado en el hecho de que no se puede traspasar la puerta de un domicilio privado, pero hay otras maneras de iniciar un procedimiento si realmente hay voluntad¡±, indica Concha G¨®mez, portavoz de la Asociaci¨®n de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia (ATH-ELE). ¡°Es dif¨ªcil que ellas denuncien. No es f¨¢cil demostrar una irregularidad en un entorno tan informal como este, sin documentos que lo acrediten¡±, a?ade Bego?a Arias.
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