Las autoridades de EE UU cada vez solicitan m¨¢s datos de usuarios de m¨®viles

Las compa?¨ªas de telefon¨ªa m¨®vil norteamericanas respondieron el a?o pasado a m¨¢s de 1,3 millones de solicitudes de las autoridades para que entregaran datos de sus clientes. Se trata de la primera recopilaci¨®n de este tipo de peticiones, obtenida por el diario The New York Times, a ra¨ªz de una petici¨®n por parte del Congreso de Estados Unidos.

El informe detalla que las empresas aportaron informaci¨®n como mensajes de texto, el nombre y apellidos del due?o del tel¨¦fono m¨®vil o su localizaci¨®n en un determinado momento. En otras ocasiones, se negaron a conceder los datos por considerar que la petici¨®n carec¨ªa de justificaci¨®n o porque les parec¨ªa dudosa, seg¨²n informa el diario.

Los congresistas Edward Markey y Joe Barton, dem¨®crata y republicano respectivamente, enviaron la pasada primavera diversas cartas a las compa?¨ªas norteamericanas solicitando datos sobre su colaboraci¨®n con las autoridades a ra¨ªz de un art¨ªculo del Times en el que se denunciaba c¨®mo la polic¨ªa utilizaba la vigilancia a trav¨¦s de tel¨¦fonos m¨®viles para determinar la localizaci¨®n de sospechosos.

¡°Durante los ¨²ltimos cinco a?os, ?cu¨¢ntas peticiones ha recibido su compa?¨ªa por parte de las fuerzas de seguridad en relaci¨®n al uso del tel¨¦fono m¨®vil de uno de sus clientes, incluida su localizaci¨®n, sus llamadas telef¨®nicas y mensajes de texto, as¨ª como el contenido de esas conversaciones?¡± preguntaba la carta enviada por los pol¨ªticos a una de las empresas.

En la respuesta de AT&T, por ejemplo, queda registrada la presentaci¨®n por parte de las autoridades de 131.400 citaciones judiciales -700 al d¨ªa, el doble que cinco a?os antes- para entregar datos de un usuario que fuera centro de una investigaci¨®n criminal. Otra de las empresas, Sprint, detall¨® que lleg¨® a recibir una media de 1.500 demandas diarias.

La Uni¨®n por las Libertades Civiles Americanas, (ACLU, por sus siglas en ingl¨¦s) tambi¨¦n hab¨ªa presentado el a?o pasado m¨¢s de 380 peticiones a diversas autoridades locales para que desvelaran hasta qu¨¦ punto se estaba utilizando la informaci¨®n que contienen los tel¨¦fonos m¨®viles. Pocos meses despu¨¦s, el Tribunal Supremo aceptaba un caso que marcar¨ªa un nuevo hito en el debate sobre sobre el avance de las nuevas tecnolog¨ªas y su uso por parte de las autoridades, especialmente cuando esto implica reducir la privacidad de los ciudadanos, cuando se hace en nombre de su seguridad y la de todo el pa¨ªs.

Ser¨ªa a comienzos de 2012 cuando los jueces del tribunal dieron la raz¨®n a un ciudadano que hab¨ªa denunciado a la polic¨ªa por violar sus derechos al implementar en su veh¨ªculo un dispositivo GPS que grab¨® su localizaci¨®n durante un mes. El Tribunal determin¨® que esa b¨²squeda de informaci¨®n hab¨ªa violado la Cuarta Enmienda de la Constituci¨®n -que protege a los norteamericanos de b¨²squedas sin causa justificada- por lo que las autoridades est¨¢n obligadas desde entonces a obtener el permiso de un juez.

Organizaciones como ACLU equiparan ahora la revelaci¨®n de datos por parte de las compa?¨ªas de telefon¨ªa m¨®vil con la colocaci¨®n de un GPS para seguir a un sospechoso. Seg¨²n han adelantado los diferentes proveedores, en algunas ocasiones proporcionaron a la polic¨ªa -aunque no contaran con una orden judicial- los datos de todos los n¨²meros conectados a una determinada antena de telefon¨ªa m¨®vil, por lo que la polic¨ªa tuvo acceso no s¨®lo a la localizaci¨®n de un sospechoso, sino tambi¨¦n la de miles de personas cuyo tel¨¦fono m¨®vil recibiera cobertura desde ese mismo lugar.

El informe desvelado este lunes demuestra adem¨¢s que las empresas habr¨ªan cobrado diferentes cantidades a las autoridades por la entrega de informaci¨®n y con el objetivo, seg¨²n alegan, de costear la creaci¨®n de equipos de abogados para determinar la legalidad de las solicitudes, as¨ª como el trabajo de los t¨¦cnicos que llevaron a cabo la recopilaci¨®n de datos.