La Ley de Costas cambia 24 a?os despu¨¦s
El Gobierno estudia ma?ana el borrador de la reforma legal que alarga las concesiones a las viviendas en la playa Greenpeace critica "la amnist¨ªa" a casas construidas en dominio p¨²blico
La Ley de Costas, una de las principales y m¨¢s duraderas leyes de protecci¨®n natural, la norma que intent¨® salvaguardar al menos la playa del ladrillo, est¨¢ a punto de sufrir su primera reforma de calado. El Consejo de Ministros estudiar¨¢ ma?ana el borrador dise?ado para modificar la ley, que fue aprobada en 1988 tras una pol¨¦mica tramitaci¨®n. Previsiblemente, la reforma alargar¨¢ las concesiones a las casas construidas sobre la arena, permitir¨¢ nuevos usos en el litoral y faciltar¨¢ los tr¨¢mites para privatizar terrenos degradados. El cambio ha levantado a los ecologistas pero tambi¨¦n a expertos en urbanismo. En cambio, los propietarios de viviendas en primera l¨ªnea esperan ansiosos un nuevo marco legislativo que acabe con sus problemas legales. En la presentaci¨®n de su informe anual sobre la destrucci¨®n del litoral, Greenpeace ha criticado hoy? "la amnist¨ªa" que prepara el ministro de Medio Ambiente a las viviendas construidas en la playa.
El pinchazo de la burbuja inmobiliaria no impide que lo ya construido da?e gravemente el litoral, seg¨²n Greenpeace. La ONG se?ala que cada a?o hay que invertir 100 millones de euros en "actuaciones como regeneraci¨®n de playas, dragados, espigones y reconstrucci¨®n de paseos mar¨ªtimos", lo que califica como "parches que podr¨ªan evitarse con una pol¨ªtica de gesti¨®n integral de la costa". Greenpeace ha elegido ejemplos sobre lo que aporta una costa bien conservada, desde el buceo en la isla de El Hierro, el litoral de Do?ana o la Albufera de Valencia.
Pero, seg¨²n estos, el Gobierno va en la direcci¨®n contraria que su reforma de la ley que "parece obedecer a un anhelo de contentar a aquellos que permitieron determinadas barbaridades en el litoral". "Nos tememos que el nuevo texto de la Ley de Costas significar¨¢ un retroceso en la conservaci¨®n del litoral", declar¨® Pilar Marcos, responsable de Costas en Greenpeace.
"Nos tememos que el nuevo texto significar¨¢ un retroceso en la conservaci¨®n del litoral", dice Greenpeace
El ministro de Agricultura, Alimentaci¨®n y Medio Ambiente, Miguel Arias Ca?ete, anunci¨® en enero la "muy profunda" reforma de la ley. Ca?ete s¨ª ha insistido en que no tolerar¨¢ ning¨²n Algarrobico, que ha achacado una y otra vez a la gesti¨®n socialista. No parece que la reforma vaya tanto en la l¨ªnea de facilitar la construcci¨®n en primera l¨ªnea, pero s¨ª en la de suavizar las condiciones que impon¨ªa la ley a lo ya construido en dominio p¨²blico. La norma daba un plazo de 30 a?os (ampliables a 60) de concesi¨®n para mantener las casas construidas legalmente sobre la arena antes de su entrada en vigor.
La declaraci¨®n de dominio p¨²blico establecida en 1988 supone una "muy singular forma de expropiaci¨®n", como la defini¨® el Tribunal Constitucional en 1991, en la sentencia en la que aval¨® la mayor parte de la norma. Los terrenos pasan a ser propiedad del Estado, pero este no paga dinero a los due?os. La compensaci¨®n es una concesi¨®n por 30 o 60 a?os para mantener all¨ª la actividad existente. Pero no pueden vender el suelo ni construir.
As¨ª que a partir de 2018 empezar¨¢n a caducar con lo que el Estado podr¨ªa derribar miles de viviendas sin indemnizaci¨®n. Al acercarse la fecha, y al sumarse colectivos de extranjeros afectados, ha crecido la presi¨®n para modificar la ley -que el PP apenas toc¨® en los ocho a?os del Gobierno de Aznar y que el PSOE modific¨® puntualmente a trav¨¦s de otras leyes-.
Una de las cosas que har¨¢ la ley, seg¨²n ha anunciado Ca?ete, es ampliar las concesiones, que podr¨ªan acercarse a los 75 a?os que otorga el Estado en otras legislaciones. A cambio, los propietarios deber¨ªan pagar un peque?o canon, del que ahora est¨¢n exentos. Adem¨¢s, se facilitar¨¢ el tr¨¢mite de la desafectaci¨®n -el que permite privatizar el dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre- y se aplicar¨¢ a casos en los que el litoral est¨¦ degradado.
Los afectados por la ley han pedido en reiteradas ocasiones al Ejecutivo que suavice la definici¨®n de dominio p¨²blico, que hasta ahora incluye criterios geogr¨¢ficos, como la arena o el lugar al que llegan los mayores temporales conocidos. Eso hace que sean dominio p¨²blico terrenos incluso 4,8 kil¨®metros tierra adentro, como ocurre con las dunas en el Parque Nacional de Do?ana.
La ley tambi¨¦n flexibilizar¨¢ las condiciones de los chiringuitos de playa, una bandera del PP, especialmente en Andaluc¨ªa, y que actualmente no pueden tener m¨¢s de 150 metros cuadrados. Ya hay quien planea uno de mil metros que espera que pueda funcionar gracias al cambio. El objetivo declarado del Gobierno es facilitar el turismo, la actividad econ¨®mica en la costa. El plan integral del Turismo, del Ministerio de Industria, incluye "introducir la perspectiva de turismo" en la Ley de Costas.
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