M¨¢s permiso para ocupar el litoral

La Ley de Costas, uno de los pilares de la protecci¨®n ambiental, est¨¢ a punto de sufrir su primera gran reforma desde que entr¨® en vigor, en 1988. El Consejo de Ministros tiene previsto analizar este viernes el anteproyecto elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, que dirige Miguel Arias Ca?ete. Seg¨²n ha podido saber este diario, la norma alarga las concesiones a las viviendas construidas en la playa desde los 30 a?os actuales ¡ªque en algunos casos pod¨ªan llegar a 60¡ª hasta 75, y autorizar¨¢ la compraventa. Adem¨¢s, permite en las r¨ªas reducir la protecci¨®n de 100 a 20 metros, obliga a la Administraci¨®n a llevar el deslinde al Registro de la Propiedad, y distingue entre playas naturales y urbanas, en las que la regulaci¨®n ser¨¢ m¨¢s flexible. En general, supone una flexibilizaci¨®n de la norma para lo ya construido y facilita nuevos usos en la playa.

Arias Ca?ete, que es abogado del Estado, presume de conocer de primera mano c¨®mo se hacen los deslindes de Costas y sus deficiencias. El ministro ha emprendido una reforma integral de la legislaci¨®n ambiental y su primer anuncio en Medio Ambiente, en enero pasado, fue la ¡°muy profunda¡± reforma de la Ley de Costas.

En las r¨ªas, la protecci¨®n se podr¨¢ reducir de 100 metros a 20

La reforma busca ¡°promover una efectiva protecci¨®n del litoral, as¨ª como el uso sostenible del mismo¡±, pero, como ha declarado Medio Ambiente, eso debe ser compatible con ¡°el impulso de la actividad econ¨®mica y la generaci¨®n de empleo, siempre que sea plenamente respetuosa con la integridad y conservaci¨®n del dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre¡±. Para ello, el Gobierno ha preparado un texto con dos art¨ªculos, seis disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una derogatoria y tres finales.

La Ley de Costas, aprobada en 1988 bajo una enorme pol¨¦mica, aspiraba a liberar la playa de hormig¨®n en 60 a?os y salvar lo mucho que a¨²n quedaba entonces de playa virgen. La norma imped¨ªa construir sobre la arena, el dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre. Las casas construidas legalmente en primera l¨ªnea antes de la entrada en vigor de la norma pasaban a ser propiedad del Estado. Pero en vez de expropiar e indemnizar ¡ªalgo que habr¨ªa sido imposible en los 8.000 kil¨®metros de litoral¡ª, los propietarios recib¨ªan una concesi¨®n de uso por 30 a?os, ampliables a 60 en algunos casos, sin pagar canon. Los propietarios no pod¨ªan vender las concesiones. El Tribunal Constitucional aval¨® en 1991 esta ¡°muy singular forma de expropiaci¨®n¡±, como la defini¨®.

Medio Ambiente esgrime que da ¡°seguridad jur¨ªdica¡± a los propietarios

En 2018 se cumplen los 30 a?os, con lo que el Estado podr¨ªa comenzar entonces a recuperar propiedades y a derribarlas sin indemnizaci¨®n. Incluso ahora mismo rescatar las concesiones es extremadamente barato, puesto que solo hay que pagar por los a?os que quedan. Al acercarse el plazo, que un d¨ªa pareci¨® inalcanzable, crece la presi¨®n de los due?os de inmuebles en la playa.

La norma ha generado enormes pol¨¦micas en todo el litoral. Adem¨¢s, las embajadas de Alemania y Reino Unido, entre otras, han presionado a Espa?a porque afectaba a muchos de sus ciudadanos que compraron chal¨¦s en primera l¨ªnea.

El Gobierno considera que la ley y su aplicaci¨®n no ha dado garant¨ªas a los propietarios, y con la reforma pretende ¡°incrementar la seguridad jur¨ªdica¡± de los titulares de derechos ¡°presentes y futuros¡± en relaci¨®n con las costas.

Para ello, Medio Ambiente ha optado por ampliar el plazo m¨¢ximo de las concesiones hasta los 75 a?os, que se empezar¨¢n a cumplir en 2063. Esgrime que ese es el plazo que fijan otras leyes para concesiones, como la de Aguas y la de Patrimonio de las Administraciones P¨²blicas. Adem¨¢s, las concesiones se podr¨¢n vender, algo que ya intent¨® el Gobierno del PSOE pero cuya reforma encall¨® en el Congreso. As¨ª, Medio Ambiente pospone el problema.

Hay afectados que denuncian que compraron una casa en la playa despu¨¦s de la ley sin que el registro ni el notario les avisaran de que estaba en dominio p¨²blico, donde no puede haber propiedad privada sino concesiones. La norma obligar¨¢ a la Administraci¨®n a incluir en la web del ministerio y en el Registro de la Propiedad el deslinde, la l¨ªnea que delimita la parte p¨²blica y la privada de la playa, y que hasta ahora tiene efecto con solo publicarla en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. Costas no ha llevado al registro la inmensa mayor¨ªa de los deslindes. La duda est¨¢ en que seg¨²n c¨®mo quede el texto y c¨®mo se aplique puede suponer, de facto, que quienes tienen una casa en dominio p¨²blico se libren de la Ley de Costas. Y eso pese a que la Constituci¨®n se?ala que ¡°son bienes de dominio p¨²blico estatal (...) en todo caso, la zona mar¨ªtimo-terrestre, las playas, el mar territorial¡±.

La reforma incluye novedades como que en las r¨ªas podr¨¢ reducirse ¡°excepcionalmente¡± la servidumbre de protecci¨®n desde los 100 metros a los 20. En Galicia, la Ley de Costas ha generado muchos problemas por los n¨²cleos rurales aislados, que no ten¨ªan la consideraci¨®n de suelo urbano en la ley. Este cambio puede solucionar parte de ellos al rebajar la protecci¨®n en esa franja.

Medio Ambiente se compromete a publicar un desarrollo reglamentario posterior a la ley sobre la utilizaci¨®n de playas. All¨ª establecer¨¢ un r¨¦gimen diferenciado para las playas urbanas (las contiguas con suelos urbanizados) y las playas naturales. Previsiblemente en las playas urbanas los requisitos y los usos permitidos ser¨¢n mucho m¨¢s flexibles que en las naturales.

El PP ha hecho bandera de la defensa de los chiringuitos, porque con la norma actual tienen restringida su superficie a 150 metros cuadrados. Con el cambio, previsiblemente se facilitar¨¢n las instalaciones en la costa. Los socialistas de Gand¨ªa (Valencia), por ejemplo, ha denunciado que un empresario ya planea un chiringuito de 987,63 metros cuadrados y que conf¨ªa en la reforma para levantarlo el verano que viene.