Desaparece la tarjeta, no el paciente

Aqu¨ª no hay rastro de demagogia: detr¨¢s de las leyes, escritas en el inevitable lenguaje fr¨ªo y neutro, est¨¢n las historias en caliente de aquellos y aquellas con problemas de salud que experimentan el v¨¦rtigo de la incertidumbre; detr¨¢s de los eufemismos est¨¢ la tragedia real del paciente joven con una enfermedad cr¨®nica que vino un d¨ªa a nuestro pa¨ªs, que trata hoy de abrirse camino y que no puede aguantarse las l¨¢grimas cuando cuenta que ya est¨¢ advertido en su centro de que su m¨¦dico no podr¨¢ atenderle en la que deber¨ªa ser la pr¨®xima cita.

La entrada en vigor de la norma promulgada por el Gobierno espa?ol (Real D 16/2012) deja sin prestaci¨®n sanitaria a personas que hasta ahora hab¨ªamos atendido en nuestras consultas porque su situaci¨®n es irregular. Y no deber¨ªamos mirar hacia otro lado, olvidarnos de nuestra lealtad al paciente y esperar a que las aguas se calmen. Los m¨¦dicos de familia, los que trabajamos en los centros de salud, en la puerta del sistema y vemos a diario a muchos pacientes, no podemos dejarles, de un d¨ªa para otro, abandonados a su suerte por culpa de una ley que vulnera gravemente los principios ¨¦ticos de beneficencia, justicia y no maleficencia. Habr¨¢ nuevos extranjeros y esa ya es otra historia porque deber¨¢n conocer las nuevas condiciones legales y atenerse a las consecuencias. Pero a los que ya hemos atendidos eran y son nuestros pacientes.

Y subrayo lo de ¡°nuestros¡± porque cuando una persona entra por la puerta y se sienta frente a ti es, desde ese momento, tu paciente independientemente del color de su piel, de su poder adquisitivo o de si tiene o no los papeles en regla. No hay gradaci¨®n posible: como m¨¦dico todos ellos son tuyos y lo son en la misma medida desde el preciso instante en que empiezan a contarte lo que les pasa. Y es que hasta donde sabemos todos son personas y nuestra posici¨®n sobre este asunto la venimos repitiendo, casi como un mantra, desde hace meses: tratamos personas, no asegurados.

Cabe preguntarse si la asistencia sanitaria es o no un derecho fundamental de las personas

Una manera de oponerse a lo que consideramos una medida inmoral e injusta pasa por ejercer nuestro derecho a la objeci¨®n de conciencia. Como presidente de una sociedad cient¨ªfica que representa a unos 20.000 profesionales de Atenci¨®n Primaria de toda Espa?a y que anima p¨²blicamente a objetar, creando incluso una red de m¨¦dicos objetores, confieso que me conmueve comprobar que cada vez m¨¢s colegas hacen suyas frases del documento de objeci¨®n: ¡°Mi lealtad con los pacientes hace que no sea posible faltar a mi deber ¨¦tico profesional e incurrir en el abandono (¡­) Es mi voluntad poder seguir atendiendo a las personas que son mis pacientes y que no tienen permiso de residencia¡±. Un documento que vamos a enviar al Colegio de M¨¦dicos Provincial, al Servicio de Salud correspondiente (excepto Andalucia, Asturias, Catalunya y Euskadi) y a la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial (OMC).

El mismo d¨ªa que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudi¨® al Congreso de los Diputados para informar de una nueva bater¨ªa de recortes, subidas y supresiones, nosotros, los m¨¦dicos de familia, presentamos un documento titulado ¡°An¨¢lisis ?tico ante la retirada de asistencia sanitaria a inmigrantes sin permiso de residencia¡±, elaborado por el Grupo de Trabajo de Bio¨¦tica de la Sociedad Espa?ola de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

Hago notar esa casual coincidencia porque en nuestro an¨¢lisis se indica precisamente que si bien entendemos que hay una legitimidad por parte del Gobierno a la hora de establecer criterios para distribuir o priorizar las pol¨ªticas p¨²blicas, lo cierto es que los objetivos sociales generales incluidos en el pre¨¢mbulo del Real Decreto Ley chocan frontalmente contra una importante limitaci¨®n: deben respetar los derechos fundamentales de los individuos, aquellos que hacen referencia a la igual consideraci¨®n y respeto. Cabe por eso preguntarse si la asistencia sanitaria es o no un derecho fundamental de las personas. Si es as¨ª, habr¨¢ que determinar cu¨¢l es entonces su alcance. Y si no lo es, entonces la cuesti¨®n es c¨®mo puede limitarse.

El derecho a la protecci¨®n de la salud, tal como figura en el art¨ªculo 43 de la Constituci¨®n, no constituye un derecho fundamental, pero s¨ª se establece que ser¨¢n los poderes p¨²blicos quienes, con el objeto de protegerla, adopten las medidas oportunas para eliminar las deficiencias de salud, prevenir enfermedades y fomentar la educaci¨®n en estas materias. Hasta la fecha se ha procedido as¨ª con los ciudadanos extranjeros que arrastran una situaci¨®n administrativa irregular, ya sea voluntaria o sobrevenida.

Los criterios utilizados no han respetado los m¨ªnimos de la Organizaci¨®n Mundial de la Salud

Por tanto, nada que objetar al Gobierno de Rajoy cuando decide acotar la asistencia sanitaria hasta dar con la cantidad que considera m¨¢s adecuada. Sin embargo, los criterios utilizados para imponer dichas limitaciones no han respetado unos m¨ªnimos, que seg¨²n la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS), deben contemplar atenci¨®n urgente s¨ª, pero tambi¨¦n de prevenci¨®n, medidas de salud p¨²blica, servicios especiales para discapacitados y acceso a medicamentos esenciales. Cumplir esos m¨ªnimos nos parece una propuesta razonable y¡­ econ¨®mica. Porque a los que ya atisban en esta propuesta un aumento del gasto me apresuro a aclararles que pueden estar tranquilos: aparte de que se conseguir¨ªan m¨¢s garant¨ªas de protecci¨®n para el resto de la sociedad en relaci¨®n a procesos infecciosos, se evitar¨ªan colapsos en los servicios de urgencia y se disminuir¨ªa el gasto siempre mayor que supone derivar a los dispositivos urgentes, que son m¨¢s caros que la atenci¨®n primaria o la prevenci¨®n.

Los m¨¦dicos no s¨®lo conocemos la crisis por los medios; sabemos de ella tambi¨¦n porque la traen los pacientes a las consultas e incluso porque est¨¢ afectando directamente a nuestros bolsillos. Pero precisamente es en ¨¦pocas duras como ¨¦sta, cuando no podemos olvidar los principios a los que nos debemos. Ahora que los profesionales vivimos como un verdadero conflicto el choque entre la lealtad que debemos al Servicio de Salud y la que merece nuestro paciente, optar por la segunda nos parece lo m¨¢s justo; de lo contrario, estaremos pasando por alto los valores que definen la labor que venimos realizando desde el primer d¨ªa que nos pusimos la bata frente a un paciente.

Falta muy poco para que los inmigrantes irregulares que han sido nuestros pacientes se queden sin tarjeta sanitaria. Pero que desaparezca la tarjeta sanitaria y las prestaciones que conlleva por orden del Gobierno no significa que ellos, los pacientes, nuestros pacientes, tambi¨¦n desaparezcan. No podemos permitirlo. No hay presunci¨®n alguna en esto: tenemos la fuerza, el coraje y la voluntad para cambiar las cosas y vamos a tratar de hacerlo.

Las noticias sobre nuestro deseo de hacer prevalecer la lealtad al paciente por encima de cualquier otra consideraci¨®n genera, como era de esperar, reacciones de distinto signo. Afortunadamente muchas son de adhesi¨®n. Pero tambi¨¦n las hay que nos animan a salir de la consulta y actuar por nuestra cuenta y riesgo si tan ¨¦ticos nos mostramos. No somos una ONG y tampoco creemos en la caridad. Me he acordado estos d¨ªas de Pl¨¢cido, la gran pel¨ªcula de Luis Garc¨ªa Berlanga. En aquella historia, que se desarrollaba en una provincia espa?ola en los primeros a?os sesenta, celebran en nochebuena una campa?a cuya nombre lo dice todo: Siente a un pobre en su mesa. Los ejemplos de hipocres¨ªa se suceden durante el metraje y cada uno piensa exclusivamente en lo suyo. Es una pel¨ªcula de hace cincuenta a?os pero la vigencia de su mensaje es indudable: aqu¨ª no se trata de echar una mano, de tener grandes gestos, de ser caritativos con los que hasta ayer eran nuestros pacientes. Eso ser¨ªa hip¨®crita e interesado; se trata simplemente de ser justos.

El Doctor Josep Basora es presidente de la Sociedad Espa?ola de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC)