Pilar Coll, defensora de las v¨ªctimas de la violencia

Mar¨ªa del Pilar Coll Torrente, abogada espa?ola, misionera laica y fundadora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Per¨² en 1987 ¡ªen la ¨¦poca m¨¢s cruda de la violencia en el pa¨ªs andino¡ª, muri¨® el s¨¢bado por la ma?ana en Lima de un infarto a los 83 a?os.

Nacida en Huesca, sufri¨® la Guerra Civil espa?ola. Siendo una ni?a, su padre y otros 14 familiares m¨¢s fueron asesinados. ¡°Eso cambi¨® totalmente nuestra vida; la m¨ªa y la de mis hermanos mayores. Tuvimos una infancia dura en cuanto a circunstancias, aunque rica en lo que se refiere a afecto pero me marc¨® para opciones posteriores¡±, cont¨® la misionera en 2008 en un documental de la televisi¨®n p¨²blica.

Coll fue una de las primeras espa?olas formadas en Derecho Civil, carrera que estudi¨® en Barcelona a pesar de las dificultades que impon¨ªa la distancia, lo que no fue obst¨¢culo para ella, como demostr¨® m¨¢s tarde, en 1967, cuando lleg¨® a Per¨² como misionera seglar, donde trabaj¨® 10 a?os en la ciudad de Trujillo como maestra. Posteriormente se desplaz¨® a Lima para formar parte del equipo pastoral de la parroquia Virgen de Nazaret en El Agustino. All¨ª, adem¨¢s, cre¨® la comisi¨®n de derechos humanos.

La misionera fue pionera en la defensa de los derechos humanos en Per¨², primero desde la Comisi¨®n Episcopal de Acci¨®n Social, y posteriormente, de 1987 a 1992, como primera secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una entidad que reun¨ªa a una treintena de organizaciones de la sociedad civil que ayudaba a investigar muertes, desapariciones y torturas causadas tanto por el terrorismo de Sendero Luminoso como por las acciones antisubversivas de la polic¨ªa y las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, el rasgo que m¨¢s ha identificado a la incansable activista en las dos ¨²ltimas d¨¦cadas ha sido su dedicaci¨®n a la pastoral carcelaria, primero en la prisi¨®n de hombres de Castro Castro y luego en la de mujeres de Chorrillos, en la capital peruana. Visitaba la c¨¢rcel todos los martes y jueves. No solo se gan¨® el respeto de todo tipo de prisioneras, sino un gran cari?o expresado en pinturas, collages, y manualidades con las que la abrumaban en su cumplea?os.

La letrada desplegaba en cada acto elegancia, sencillez, coherencia y firmeza. La ministra de Justicia de Per¨², Eda Rivas, ha destacado en declaraciones a EL PA?S que la recordar¨¢ siempre por la sonrisa que ten¨ªa para todos. Otros, como el defensor del pueblo, Eduardo Vega ¡ªque fue su asistente en la d¨¦cada de los ochenta¡ª, destac¨® la aportaci¨®n de una labor que no fue totalmente comprendida en aquel tiempo, dado que ella luchaba por los derechos de todos. ¡°Es un ejemplo; m¨¢s ahora, cuando se necesita tolerancia¡±, a?adi¨®.

En 2008 recibi¨® la Medalla de la Defensor¨ªa del Pueblo por ¡°su labor destacada en la defensa y promoci¨®n de los derechos humanos y del orden constitucional en Per¨²¡±. Esa fue, quiz¨¢, la distinci¨®n que simboliz¨® la autoridad moral que la comunidad peruana dedicada a la defensa de los derechos humanos ve¨ªa en ella. Espa?a, por su parte, la distingui¨® en dos ocasiones: en 1990 recibi¨® el Premio Internacional de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos y en 1992 el lazo de dama de la Orden de Isabel La Cat¨®lica otorgada por el Rey.

Tambi¨¦n trabaj¨® como investigadora en el Instituto Bartolom¨¦ de las Casas, creado por uno de los fundadores de la teolog¨ªa de la liberaci¨®n, el sacerdote peruano Gustavo Guti¨¦rrez. Cuando tuvo noticia de su fallecimiento, Guti¨¦rrez destac¨® que ¡°sus compromisos la colocaron en un lugar peligroso. Su vida ha sido un testimonio de fidelidad a los m¨¢s pobres e insignificantes de nuestro pa¨ªs, por su incansable lucha por la justicia y su honda convicci¨®n de la dignidad del ser humano¡±.

Adem¨¢s de seguir colaborando voluntariamente desde 2001 con el Instituto Bartolom¨¦ de las Casas hasta su muerte, fue integrante, desde 2007, de un consejo ad honorem que elabora el Registro ?nico de V¨ªctimas, el censo oficial de quienes deben recibir una compensaci¨®n del Estado por haber sufrido la violencia del conflicto armado entre 1980 y 2000.