Los sin papeles tendr¨¢n que pagar entre 710 y 1.800 euros por la atenci¨®n sanitaria

Un mes despu¨¦s de que los inmigrantes irregulares fueran excluidos de la sanidad p¨²blica, se pone en marcha una p¨®liza que deber¨¢n pagar a partir de ahora si quieren volver a estar cubiertos, que costar¨¢ 710 o m¨¢s de 1.800 euros seg¨²n la edad. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, presidido por la ministra de Sanidad, Ana Mato, y formado por los consejeros auton¨®micos del ramo, ha ratificado en su reuni¨®n de esta ma?ana el proyecto que establece los requisitos b¨¢sicos del Convenio Especial de Prestaci¨®n de Asistencia Sanitaria a suscribir por personas que no tengan la condici¨®n de aseguradas ni de beneficiarias de la sanidad p¨²blica espa?ola.

La p¨®liza que aprob¨® ayer el Consejo es la v¨ªa ideada por el Ministerio de Sanidad para permitir que los inmigrantes en situaci¨®n irregular, a los que se ha retirado la tarjeta sanitaria desde el 1 de septiembre, puedan acceder de nuevo a la red p¨²blica sin que se les facture la atenci¨®n previo pago de 710,40 euros anuales en el caso de menores de 65 a?os, a raz¨®n de 59,20 euros mensuales, y de 1.864,80 euros anuales para mayores de 65 (155,40 al mes). Seg¨²n ha podido saber este peri¨®dico, la pretensi¨®n del ministerio es que la cobertura de esta p¨®liza se limite a la cartera b¨¢sica de servicios, lo que deja fuera el transporte sanitario o las pr¨®tesis externas (sillas de ruedas, cors¨¦s). Pero tambi¨¦n cualquier tipo de ayuda en la compra de medicamentos: quienes se acojan a esta opci¨®n deber¨¢n pagar el 100% de su coste.

Esta soluci¨®n restrictiva formulada por el Ministerio de Sanidad llega mientras la mayor parte de las autonom¨ªas gobernadas por el PP (Madrid, Comunidad Valenciana, Arag¨®n, Baleares, Castilla y Le¨®n) est¨¢n facturando o se disponen a facturar cada acto sanitario que presten a los inmigrantes en situaci¨®n irregular. La p¨®liza ser¨ªa la ¨²nica forma de evitar recibir una reclamaci¨®n de cobro por cada acto sanitario en la red p¨²blica.

La medida es una clara muestra de qui¨¦nes son los beneficiarios potenciales de estas p¨®lizas. No se trata de los inmigrantes sin papeles entendidos como los trabajadores extranjeros que est¨¢n en situaci¨®n irregular (subsaharianos, magreb¨ªes o latinoamericanos en su mayor¨ªa). Estos siguen desamparados, inmersos en el laberinto burocr¨¢tico de ver c¨®mo soluciona cada comunidad su caso ¡ªsi es que lo hace¡ª. La propuesta va dirigida a ciudadanos europeos o de pa¨ªses ricos (Estados Unidos, sobre todo) que pueden tener la tentaci¨®n de acudir a Espa?a para ser tratados de algo que o bien su pa¨ªs no les cubre, bien tarda mucho en hacerlo o bien lo hace pero cobr¨¢ndoles parte. Tambi¨¦n servir¨¢ para los espa?oles que no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social pero ganen m¨¢s de 100.000 euros anuales (rentistas). Es, claramente, el ejemplo de que los inmigrantes sin papeles son las v¨ªctimas colaterales del intento de frenar el llamado turismo sanitario ¡ªese sobre el que alertaba el Tribunal de Cuentas en 2009, con un coste de facturas impagadas de m¨¢s de 900 millones de euros¡ª. Fuentes del Ministerio de Sanidad admiten que esto es as¨ª, pero desde abril, cuando se puso de manifiesto la situaci¨®n de desamparo en que quedaban estas personas (unos 150.000 ciudadanos no comunitarios seg¨²n c¨¢lculos de EL PA?S, aunque otros c¨¢lculos lo elevan a 200.000), el departamento que dirige Ana Mato no ha formulado una soluci¨®n para atenderles, dada la manifiesta incapacidad econ¨®mica de muchos de ellos para suscribir estas p¨®lizas.

Momentos antes de comenzar la reuni¨®n, el consejero de Castilla-La Mancha, Jos¨¦ Ignacio Ech¨¢niz, ha asegurado que las comunidades gobernadas por el Partido Popular mantendr¨¢n las mamograf¨ªas dentro de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), desmintiendo as¨ª las informaciones que apuntaban que iba a revisarse la cobertura p¨²blica de estas pruebas esenciales para la prevenci¨®n del c¨¢ncer de mama.

La ministra y los consejeros auton¨®micos han dado adem¨¢s luz verde al proyecto de orden por la que se crea y se regula el funcionamiento de la Red Espa?ola de Agencias de Evaluaci¨®n de Tecnolog¨ªas Sanitarias y Prestaciones del Sistema nacional de Salud, un instrumento similar al NICE brit¨¢nico cuyo objetivo ser¨¢ la actualizaci¨®n permanente de la cartera de servicios para incluir los avances tecnol¨®gicos que hayan demostrado seguridad, eficacia y eficiencia.

El Consejo Interterritorial de Sanidad ha renovado tambi¨¦n a los seis vocales del Comit¨¦ de Bio¨¦tica de Espa?a propuestos por las comunidades aut¨®nomas. Con las nuevas incorporaciones, ganan peso los miembros de perfil conservador y, en algunos casos, con posiciones claramente contrarias a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo o a la investigaci¨®n con c¨¦lulas madre de origen embrionario, dos de los asuntos sobre los que el Comit¨¦ de Bio¨¦tica est¨¢ llamado a pronunciarse.

Por primera vez, ning¨²n miembro del equipo de Ana Mato compareci¨® tras el encuentro para explicar estas medidas. Seg¨²n Sanidad, la reuni¨®n ten¨ªa un car¨¢cter t¨¦cnico que lo hac¨ªa innecesario. Esta actitud ha motivado una protesta de la Asociaci¨®n Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), que entiende que es "una falta de respeto a los ciudadanos" y "a los periodistas que acudieron a cubrir el acto". "Con la situaci¨®n de cambio que est¨¢ sufriendo el sistema sanitario, los miembros de la Junta Directiva de ANIS consideran inaceptable que se niegue la oportunidad de hacer preguntas a los m¨¢ximos responsables de la sanidad espa?ola", indican en un comunicado. .