El Gobierno desoye el varapalo de la justicia a la exclusi¨®n sanitaria

El Gobierno y el PP hicieron ayer como si no fuera con ellos el varapalo propinado por el Tribunal Constitucional a la medida impulsada por el Ministerio de Sanidad de retirar la tarjeta a los inmigrantes en situaci¨®n irregular y excluirlos de la atenci¨®n normalizada en la red p¨²blica.

Fuentes del departamento que dirige Ana Manto indicaron a este diario que no se sienten ¡°en absoluto¡± desautorizados por la resoluci¨®n del alto tribunal, que levanta la suspensi¨®n del decreto vasco que ampara la atenci¨®n a los sin papeles; y que la tarjeta que esta autonom¨ªa entregue a los inmigrantes no tendr¨¢ validez fuera de Euskadi.¡°Seguimos pensando que el decreto vasco es anticonstitucional¡±, manifest¨® la propia ministra. En todo caso, desde el departamento de Mato manifestaron que acatan y respetan el auto, y que? el pronunciamiento del Constitucional se limita al Pa¨ªs Vasco.

El secretario de Sanidad del PP, Ignacio Ech¨¢niz, fue quien m¨¢s se extendi¨® sobre la cuesti¨®n.¡°En ning¨²n caso, supone una llamada de atenci¨®n al Gobierno¡±, dijo en un acto en Toledo. ¡°No entra en el fondo del asunto¡±, por lo que se mantendr¨¢ la exclusi¨®n, que limita la asistencia a los extranjeros sin papeles a las embarazadas, los menores y a los servicios de urgencias.

Ech¨¢niz trat¨® de confundir sobre las principales v¨ªctimas a las que est¨¢ afectando la medida, vigente desde el mes de septiembre. Fue el entonces lehendakari Patxi L¨®pez el que desarroll¨® un decreto para garantizar la asistencia integral a los inmigrantes en Euskadi. Y en un auto, el Constitucional ha tumbado, provisionalmente, la suspensi¨®n de la norma auton¨®mica que decidi¨® el Gobierno de Mariano Rajoy, que ha impugnado el decreto vasco.

Ech¨¢niz manifest¨® ayer que si el nuevo Gobierno de ??igo Urkullu (PNV) quiere heredar de los socialistas vascos una ¡°situaci¨®n en la que la sanidad ponga las pr¨®tesis gratis a los alemanes, all¨¢ ellos, pero que no compliquen la vida al resto de los espa?oles¡±.

No son, sin embargo, los jubilados o turistas europeos los m¨¢s afectados por el veto sanitario, sino los inmigrantes sin permiso de residencia, un colectivo en situaci¨®n de grave vulnerabilidad social y econ¨®mica.

El responsable de sanidad del PP tambi¨¦n trat¨® de dar la vuelta a los argumentos que plantea el Constitucional. La iniciativa ¡ªy las medidas de ahorro sanitarias en las que se enmarca¡ª ¡°ha sido extraordinariamente positiva para los espa?oles, para la sanidad, para la sostenibilidad y para su futuro¡±.

El auto a¨²n no entra en cuestiones como el conflicto de competencias que plantea el Gobierno en su recurso ¡ªremite a la futura sentencia¡ª. Pero s¨ª es muy expl¨ªcito en otros aspectos. Por ejemplo, al entender que no est¨¢ claro que esta medida suponga un ahorro, como sostiene Ech¨¢niz, y que sirva para controlar el d¨¦ficit p¨²blico.

En cualquier caso, aunque existiera un argumento econ¨®mico, no ser¨ªa un motivo v¨¢lido. Tanto el derecho a la salud y a la integridad f¨ªsica de las personas afectadas como la conveniencia de evitar riesgos para la salud de la sociedad ¡°poseen una importancia singular en el marco constitucional que no puede verse desvirtuada por la mera consideraci¨®n de un eventual ahorro econ¨®mico que no ha podido ser concretado¡±, recoge el auto.

Esta es la principal tesis sobre la que el Constitucional se apoya para levantar la suspensi¨®n del decreto vasco. Y si finalmente se impone a otros condicionantes en la sentencia, supondr¨¢ un torpedo en la l¨ªnea de flotaci¨®n de las medidas de restricci¨®n sanitaria del Gobierno que marginan a los sin papeles.

Mientras los populares cerraron ayer filas en torno al pol¨¦mico veto sanitario, juristas, m¨¦dicos, ONG, entidades de inmigrantes y los partidos de la oposici¨®n reclamaron al Ejecutivo que devuelva a los sin papeles el derecho ¨ªntegro a la salud.

¡°El auto es un mensaje muy claro al Gobierno para que restituya la universalidad de la atenci¨®n sanitaria¡±, traslad¨® a este diario Stefan Meyer, director adjunto de M¨¦dicos del Mundo. Tambi¨¦n Amnist¨ªa Internacional se congratul¨®. Es una ¡°muy buena noticia¡±, indic¨® Marta Mendiola. ¡°En ¨¦poca de crisis, los derechos humanos est¨¢n siendo secuestrados por un debate econ¨®mico, pero no son un logro de los tiempos de bonanza¡±, a?adi¨®.

Josep Basora, presidente de la Sociedad Espa?ola de Medicina de Familia y Comunitaria mostr¨® su alegr¨ªa por lo que supone de reconocimiento al derecho a la asistencia y hacia los m¨¦dicos que se acogieron a la objeci¨®n de conciencia.

¡°Celebramos este auto y su sensibilidad¡±, a?adi¨® el presidente de la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial, Juan Jos¨¦ Rodr¨ªguez Send¨ªn.

A los motivos que expone el Constitucional, algunos juristas a?aden otros que socavan a¨²n m¨¢s la solidez legal de la exclusi¨®n sanitaria. La norma puede chocar, advierte Pascual Aguelo, presidente de la subcomisi¨®n de Extranjer¨ªa del Consejo General de la Abogac¨ªa, con los estatutos de autonom¨ªa de comunidades como Andaluc¨ªa, Catalu?a, Pa¨ªs Vasco o Arag¨®n que recogen expresamente la universalidad de la atenci¨®n sanitaria.

Adem¨¢s del Pa¨ªs Vasco, hay otras tres autonom¨ªas que no aplican la restricci¨®n del acceso a la sanidad. Se trata de Asturias, Andaluc¨ªa y Catalu?a. En ninguno de estos tres casos, el Gobierno ha planteado ning¨²n recurso, ya que no han desarrollado ning¨²n decreto que colisione con la norma estatal. Las barreras al acceso a la sanidad se esquivan de facto (Andaluc¨ªa) o mediante instrucciones administrativas (Catalu?a y Asturias). ¡°Act¨²an en el ¨¢mbito de sus competencias¡±, sostiene una portavoz del Ministerio de Sanidad.