El Gobierno reduce en cuatro a?os a la mitad el dinero para dependencia

Las comunidades aut¨®nomas no paran de quejarse de lo que le cuesta a sus presupuestos la factura de la dependencia. Y cada vez tienen m¨¢s raz¨®n. El sistema, que naci¨® para ser cofinanciado entre los Gobiernos aut¨®nomos y central, ha ido perdiendo ese equilibrio, si alguna vez lo mantuvo: en la actualidad, el Ministerio de Sanidad y Pol¨ªtica Social apenas aporta el 21,4% del total del coste, que es de 6.570 millones anuales, cuando en 2009 alcanzaba casi un 40%. La raz¨®n es que el Gobierno pasa a las comunidades una cantidad de dinero por cada dependiente que ingresa al sistema, una cantidad lineal que no tiene en cuenta el coste del servicio que recibe el beneficiario: da lo mismo por un gran dependiente atendido en casa por familiares que por otro que est¨¦ en una residencia geri¨¢trica. A eso hay que sumar el ¨²ltimo recorte del Gobierno de Rajoy en esta v¨ªa financiaci¨®n, de alrededor de un 13%, as¨ª como la ca¨ªda de partidas enteras de dinero que se destinaban a la dependencia o la rebaja de un 15% en la prestaci¨®n a las familias que cuidan a los suyos.

En total son 835 millones de euros anuales menos de los que se duelen las arcas auton¨®micas que, sin embargo, tienen que seguir atendiendo a los dependientes. ?Es eso posible? No sin que el sistema se paralice. Y as¨ª ha estado mucho tiempo. Ahora, sencillamente, va en retroceso, seg¨²n el ¨²ltimo informe de la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, presentado esta ma?ana y elaborado con datos oficiales, tanto del Ministerio de Sanidad como de Hacienda. En ¨¦l se pone de manifiesto que en los ¨²ltimos cuatro meses el incremento de personas atendidas es negativo en todos los grados de la dependencia, no solo para los severos, tambi¨¦n para los dependientes m¨¢s graves. Si el promedio de ayudas mensuales que se conced¨ªan en 2008 era de 28.847, el a?o pasado no alcanzaron las 1.172. ¡°Y eso que el Gobierno afirma siempre que la preferencia es atender a los grandes dependientes¡±, ha criticado el presidente de la asociaci¨®n, Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez. ¡°Adem¨¢s se est¨¢ produciendo una revisi¨®n brutal de los expedientes, adjudic¨¢ndose a las personas un grado de dependencia por debajo del que obtuvieron en su d¨ªa¡±, ha afirmado. Eso tambi¨¦n abarata la factura.

Mientras tanto, prosigue la lista de espera. 230.203 personas estaban a finales de diciembre sin ser atendidos, el 23% del total de los que tienen reconocido el derecho. Aunque no entrara nadie m¨¢s al sistema, al ritmo en que se conceden las ayudas ahora ¡°se tardar¨ªan 11 a?os en atender a todos ellos¡±, asegura Ram¨ªrez. Sin embargo, la lista de espera ha bajado en los ¨²ltimo meses, algo que no para de repetir el Gobierno. Pero lo que el ministerio llama eficacia, la Asociaci¨®n de Gerentes lo califica de ¡°una simple y llama p¨¦rdida de derechos. ?C¨®mo no va a bajar la lista de espera si han mandado a casa a 50.000 personas que estaban reconocidos como dependientes moderados. Esos ya no est¨¢n, y el resto est¨¢n falleciendo, por miles¡±, ha criticado Ram¨ªrez. El plazo de atenci¨®n a los dependientes est¨¢ en una media de 1,5 a?os y hay que tener en cuenta que la mayor¨ªa supera los 80 a?os y su salud no es la normal para esa edad puesto que son dependientes.

Ram¨ªrez ha acusado al Gobierno de llevar a cabo una ¡°demolici¨®n controlada de la ley, lanzando continuos mensajes sobre su inviabilidad. Es falso¡±. Ha recordado que por cada mill¨®n de euros invertidos en dependencia se generan ¡°m¨¢s de 30 empleos netos, estables y no deslocalizables¡±. ¡°Adem¨¢s se genera ahorro sanitario y, por ¨²ltimo, es una cuesti¨®n de justicia. No se puede dejar de atender a la gente que por ley tiene derecho a ello, es como si por cada enfermo que deja las urgencias no se dejara entrar a ning¨²n otro y esas camas se quedaran vac¨ªas¡±, ha dicho.

En la Asociaci¨®n se han mostrado preocupados tambi¨¦n por el incremento del copago, lo que aportan los beneficiarios al coste de los servicios que reciben, que en 2009 supon¨ªa un 10% (387 millones) y en 2012 ha alcanzado un 16% (1.051 millones).

Pero la mayor solidaridad de esta asociaci¨®n la han recibido hoy las comunidades aut¨®nomas, para las que se ha pedido, por primera vez, comprensi¨®n ante sus bajas calificaciones en la presentaci¨®n de los datos del Observatorio de la Dependencia, que tambi¨¦n se han hecho p¨²blicos esta ma?ana. La mitad de las comunidades suspenden. Solo Castilla y Le¨®n, Andaluc¨ªa y Pa¨ªs Vasco sostienen el sistema con notable dignidad. Este ¨²ltimo semestre estudiado, a partir de datos oficiales y siguiendo los mismo criterios de examen de 2008, destaca por el baj¨®n que han experimentado dos comunidades, Arag¨®n y Castilla-La Mancha. Esta ¨²ltima pasa de ser una de las mejor calificadas a quedarse en un suficiente (5,8). Y Arag¨®n, que el a?o pasado obten¨ªa un notable, tiene ahora un 3,8. ¡°Queremos destacar el esfuerzo de Navarra y Galicia, que mejoran. E insistir en que hay comunidades que no tienen excusa para hacerlo tan mal: Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares¡±, ha criticado Ram¨ªrez. ¡°En Canarias hay m¨¢s gente esperando que atendida y lo de Valencia es un destrozo de la ley¡±, ha dicho.

De los derechos a la caridad

Patrocinio de las Heras, experta en servicios sociales, que fue directora del Imserso y una de las personas que particip¨® activamente en la puesta en marcha de los servicios sociales modernos en este pa¨ªs, ha acompa?ado a Ram¨ªrez hoy en la rueda de prensa. Su intervenci¨®n trataba de alertar sobre el ¡°cambio de modelo¡± que se est¨¢ produciendo en Espa?a, el paso de los derechos sociales a la beneficencia. ¡°La Ley de Desarrollo Local que est¨¢ a punto de aprobarse en Consejo de Ministros desprovee a los Ayuntamientos de sus m¨ªnimas obligaciones y competencias en servicios sociales y se establece una asistencia social. Esto es grav¨ªsimo. Sustituyen los derechos por la beneficencia, un modelo que ya se extingui¨® con la Constituci¨®n. Eso significa que las ayudas, si las hay, depender¨¢n de la voluntad del pol¨ªtico de turno y del presupuesto¡±, ha criticado.

De las Heras ha recordado que los servicios sociales b¨¢sicos atienden a ocho millones de personas, una cifra que ha crecido exponencialmente en estos a?os de crisis mientras que el Plan Concertado, que es la v¨ªa de financiaci¨®n del Gobierno para estos servicios municipales, ¡°ha pasado de 96 millones a 27 desde que entr¨® Rajoy al Gobierno¡±. Este cambio que plantea el borrador de esta ley ¡°podr¨ªa afectar tambi¨¦n a 50.000 trabajadores sociales.