Vigilados por s¨ª mismos
El ¡®caso B¨¢rcenas¡¯ aviva el debate sobre la financiaci¨®n de partidos Todas las leyes, incluida la aprobada en 2012, tienen agujeros
?Se imagina que usted pudiera decidir cu¨¢l es su n¨®mina? Ese es, entre muchos otros, el principal problema de la financiaci¨®n de los partidos: son las formaciones pol¨ªticas quienes escriben su propia ley de financiaci¨®n. Y adem¨¢s inciden de manera indirecta en la supervisi¨®n posterior del cumplimiento de esta norma, a trav¨¦s de los nombramientos en el Tribunal de Cuentas.
Las sucesivas leyes para regular la financiaci¨®n de partidos han ido estableciendo l¨ªmites cada vez m¨¢s claros a las donaciones que pueden recibir estas organizaciones. Pero en todos y cada uno de los cambios legislativos se han mantenido, o introducido, resquicios para canalizar fondos m¨¢s o menos cuestionables.
La primera ley, de 1987, permit¨ªa las donaciones an¨®nimas siempre que no superaran el 5% de la subvenci¨®n p¨²blica estatal ¡ªen los Presupuestos de 1987 la dotaci¨®n para el conjunto de partidos era de 7.500 millones de pesetas (45,18 millones de euros)¡ª; y donaciones nominativas de hasta 10 millones de pesetas (60.000 euros) por persona. La segunda ley (2007) prohibi¨® los donativos sin identificar, pero elev¨® a 100.000 euros (16 millones de pesetas) las aportaciones individuales. La tercera y ¨²ltima, del pasado octubre, extiende la prohibici¨®n de recibir donaciones de empresas que contraten con la Administraci¨®n a todas las que formen parte de su grupo, pero elimina este requisito para las fundaciones asociadas a los partidos, lo que en la pr¨¢ctica ¡°desvirt¨²a la prohibici¨®n anterior¡±, seg¨²n auditores del Tribunal de Cuentas. Es decir, una constructora que contrate con la Administraci¨®n no puede hacer donativos al PP o al PSOE, por ejemplo, pero s¨ª a Faes o Ideas.
Esta ¨²ltima ley tambi¨¦n puso un t¨ªmido coto a lo que en la pr¨¢ctica es la tercera v¨ªa de financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos, por detr¨¢s de las subvenciones p¨²blicas y los donativos privados: la condonaci¨®n de las deudas bancarias. Con la ¨²ltima modificaci¨®n, las entidades financieras solo podr¨¢n perdonar a los partidos un m¨¢ximo de 100.000 euros al a?o.
Pese a lo reciente de la reforma, los grupos parlamentarios se han visto forzados a retomar el debate sobre esta siempre pol¨¦mica normativa tras el estallido del caso B¨¢rcenas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, propuso en el debate del estado de la naci¨®n que la ley de transparencia se aplique a los partidos pol¨ªticos, pese a que cuando el Gobierno la present¨®, en marzo de 2012, no los hab¨ªa incluido. En el debate pareci¨® rectificar, pero fuentes del grupo parlamentario popular indican que ahora ¡°hay que estudiar qu¨¦ criterios de la ley se pueden aplicar a los partidos¡±. Es decir, que la normativa de transparencia se aplicar¨¢ con restricciones a las formaciones pol¨ªticas.
Adem¨¢s, Rajoy propuso aprobar un nuevo proyecto de ley ¡°de control de la actividad econ¨®mica-financiera¡± de las formaciones pol¨ªticas, regular sus procedimientos de contrataci¨®n y fijar ¡°reglas claras¡± sobre el papel de los responsables de su gesti¨®n econ¨®mica, con la obligaci¨®n de que comparezcan anualmente en el Parlamento para explicar en qu¨¦ han invertido sus recursos.
Tambi¨¦n el l¨ªder de la oposici¨®n, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, present¨® su bater¨ªa de propuestas para ¡°prevenir, investigar y castigar la corrupci¨®n¡±: ¡°Que el que tenga la tentaci¨®n de corromperse no lo pueda hacer¡±. ¡°Hay que prohibir las aportaciones de las empresas, y decirles que si corrompen y los corrompidos son condenados no volver¨¢n a contratar con las Administraciones¡±.
Y todo esto solo cuatro meses despu¨¦s de haber aprobado una nueva ley de financiaci¨®n. El propio Rubalcaba reconoci¨® durante su intervenci¨®n en el debate que los pol¨ªticos no han sido capaces de establecer un verdadero sistema de control y transparencia en los partidos. ¡°Lo hemos intentado muchas veces desde dentro, desde aqu¨ª¡±, dijo en la tribuna del Congreso. ¡°Y, reconozc¨¢moslo, no lo hemos conseguido. Pidamos fuera que nos digan lo que tenemos que hacer dentro. Vamos a elegir una comisi¨®n independiente de personas de reconocimiento general para que haga un diagn¨®stico de lo que pasa, para que nos propongan v¨ªas de soluci¨®n y con ese informe podamos hacer la ley correspondiente¡±.
Las firmas con contratos p¨²blicos pueden donar a las fundaciones pol¨ªticas
Aunque el discurso parec¨ªa un¨ªvoco, tras el debate no hubo acuerdo entre todos los grupos. La resoluci¨®n se aprob¨® finalmente con la abstenci¨®n de PSOE e IU, que seg¨²n explican, reclamaban una propuesta ¡°m¨¢s ambiciosa¡±. El texto aprobado propone, sin concretar c¨®mo ni plantear plazos, ¡°un proyecto de ley de control de la actividad econ¨®mica y financiera de los partidos pol¨ªticos¡± y la elaboraci¨®n de otro proyecto de ley de reforma del Tribunal de Cuentas, dot¨¢ndolo de m¨¢s medios y estableciendo ¡°f¨®rmulas de colaboraci¨®n con Hacienda y la Seguridad Social¡±.
Este ¨²ltimo punto es crucial porque, incluso aunque ahora existiera la ley de financiaci¨®n perfecta, fallar¨ªa el control. El Tribunal de Cuentas tiene 801 empleados p¨²blicos, ¡°pero hasta ahora solo siete se dedicaban a fiscalizar a los partidos, porque adem¨¢s de controlarles a ellos fiscalizamos las cuentas de todos los procesos electorales, en lo que vamos al d¨ªa, de los m¨¢s de 8.000 Ayuntamientos, las diputaciones, las entidades p¨²blicas como RTVE...¡±, explica un miembro del pleno del Tribunal.
Siete funcionarios para 31 partidos, a los que se a?aden 26 fundaciones asociadas a las formaciones pol¨ªticas. El equipo pasar¨¢ ahora a ser de 22 personas y se ha puesto como objetivo fiscalizar de aqu¨ª a julio las cuentas de los partidos correspondientes a 2011, 2010, 2009 y 2008, realizando en cinco meses el trabajo acumulado de cuatro a?os. ¡°Adem¨¢s hay que entender que aunque se llame tribunal, funciona m¨¢s como una auditora. Nos limitamos a revisar lo que los partidos nos ense?an¡±, a?aden las mismas fuentes. Es decir, que a sus manos nunca hubiese llegado un cuaderno como el de Luis B¨¢rcenas.
Jos¨¦ Antonio Berm¨²dez de Castro, ponente del PP en la ley de financiaci¨®n de partidos, cree que la actual normativa ¡°es una de las m¨¢s exigentes¡± y resalta que en ella se han prohibido las donaciones de empresas que contraten con la Administraci¨®n y las de su grupo. ¡°El mundo de los negocios no debe tener vasos comunicantes con el poder¡±, afirma. Respecto al hecho de que la ley s¨ª permita a dichas empresas hacer donativos a las fundaciones asociadas a los partidos, sostiene que estas no pueden traspasar ese dinero a los grupos pol¨ªticos, ni tampoco financiar sus actividades. Pero no piensan lo mismo en el Tribunal de Cuentas. ¡°La fiscalizaci¨®n y el control al que estaban sometidas las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos pol¨ªticos ha sufrido modificaciones significativas que implican una mayor permisividad de los requisitos y limitaciones de las donaciones percibidas, lo que hace que la limitaci¨®n existente para los partidos pierda toda su virtualidad¡±, afirma un auditor del tribunal.
Siete empleados del Tribunal de Cuentas fiscalizaban 57 organizaciones
Berm¨²dez de Castro asegura que se analizar¨¢n propuestas para mejorar el sistema con vistas a su ¡°ejecuci¨®n en este periodo de sesiones o el siguiente¡±.
El socialista Diego L¨®pez Garrido cree que se deber¨ªan prohibir todas las donaciones de empresas. ¡°Un ciudadano puede hacer un donativo por ideolog¨ªa o simpat¨ªa, pero las empresas cuando dan algo es a cambio de algo¡±. Pone como ejemplo la desregularizaci¨®n del sector financiero en EE UU. ¡°Los dos partidos estadounidenses est¨¢n financiados por Wall Street. Clinton hizo la mayor desregularizaci¨®n del sector financiero pensando: ¡®T¨² me financias y yo no te controlo¡¯. Y ya sabemos todos c¨®mo acab¨®. La crisis nos arrastr¨® a todos... La democracia cuesta. Los partidos no pueden financiarse solo con cuotas de militantes, pero la financiaci¨®n debe ser eminentemente p¨²blica¡±. L¨®pez Garrido propone un control exhaustivo y, sobre todo, disuasorio: ¡°Que se persiga tambi¨¦n al corruptor¡±.
Fuentes del grupo parlamentario de CiU, el que m¨¢s donaciones privadas recibe, piden que no se ¡°criminalice¡± a los partidos y opinan que el debate no est¨¢ tanto en cu¨¢nto dinero reciben sino en cu¨¢nto gastan. ¡°Quiz¨¢ lo que hay que plantearse es la necesidad de ser m¨¢s austeros, recortar los gastos y las campa?as¡±. Y todo eso, a?aden, ¡°con la m¨¢xima transparencia y publicidad a trav¨¦s del Tribunal de Cuentas¡±.
Izquierda Unida propone que se proh¨ªban las donaciones de empresas privadas y las individuales por encima de los 50.000 euros.
A grandes rasgos, a la derecha le interesa que la financiaci¨®n privada no desaparezca. En 1993, la exministra del PP Pilar del Castillo propon¨ªa, en un debate del Centro de Estudios Constitucionales, tender al modelo de Estados Unidos y que los partidos se financiaran casi exclusivamente de donaciones privadas.
La izquierda defiende justamente lo contrario, y viendo las cifras no es dif¨ªcil entender por qu¨¦. Entre 2003 y 2011, solo en donaciones nominativas, el PP recibi¨® 43.920.004 millones de euros y el PSOE, 17.999.455. En cuanto a los donativos an¨®nimos, en 2006, ¨²ltimo a?o en que fueron legales, de los 3,74 millones de euros que el PP declar¨® en donativos, 3,10 millones proced¨ªan de donantes sin identificar. El PSOE recibi¨® ese a?o 560.439 euros en donaciones de las que solo estaban identificados particulares que dieron 1.484.
Sin embargo, el partido que m¨¢s donaciones recibe, a mucha distancia, es CiU: 46.557.782 millones de euros entre 2003 y 2011, sin contar con las an¨®nimas: casi 42 millones de los m¨¢s de 100 que recibieron todos los partidos entre 1987 y finales de 2006. Y eso pese a que su ¨¢mbito pol¨ªtico de referencia es Catalu?a, mientras que PP y PSOE tienen un ¨¢mbito nacional.
En la mayor¨ªa de pa¨ªses europeos el sistema de financiaci¨®n de partidos es mixto. Las leyes m¨¢s exigentes, como la de Portugal y B¨¦lgica, proh¨ªben las donaciones de empresas. Los portugueses dispusieron un l¨ªmite de 10.500 euros al a?o de donativo por persona. En Espa?a es de 100.000.
En su informe sobre Espa?a, de mayo de 2009, el Grupo de Estados contra la Corrupci¨®n, recomendaba ¡°tomar medidas para aumentar la transparencia de los ingresos de las fundaciones ligadas a los partidos¡±, ¡°aumentar los recursos del Tribunal de Cuentas, as¨ª como el establecimiento de sanciones que sean verdaderamente disuasorias¡±. Los partidos han fracasado en cada intento de elaborar una ley que garantice todo esto. Ahora, forzados por los esc¨¢ndalos y la creciente desafecci¨®n ciudadana, se muestran decididos a hacerlo. Y quiz¨¢ lo mejor, despu¨¦s de todo, sea encarg¨¢rselo a otro.
30 a?os de esc¨¢ndalos
Los casos de financiaci¨®n irregular de los partidos pol¨ªticos son tan antiguos como los propios partidos. Y tan variados como v¨ªas de escape han permitido las leyes de financiaci¨®n de formaciones pol¨ªticas a lo largo de los a?os.
¡°?No he recibido ni un duro ni de Flick ni de Flock!¡±. Esta irrepetible frase pronunciada en el Congreso en noviembre de 1984 por el entonces presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, fue casi lo ¨²nico que qued¨® de la ramificaci¨®n espa?ola del llamado caso Flick, nombre del empresario alem¨¢n acusado de sobornar a pol¨ªticos de su pa¨ªs a cambio de beneficios fiscales. Aquel caso provoc¨® en Alemania la dimisi¨®n del entonces ministro de Econom¨ªa y del presidente del Parlamento. La derivada espa?ola del caso vino por las declaraciones de un diputado socialdem¨®crata que asegur¨® que otro diputado de su partido hab¨ªa entregado un mill¨®n de marcos a Gonz¨¢lez. Las diligencias abiertas por el fiscal del Estado fueron archivadas y una larga comisi¨®n de investigaci¨®n parlamentaria tambi¨¦n se cerr¨® sin consecuencias. La primera ley de financiaci¨®n de partidos, de 1987, estableci¨® que los partidos no podr¨ªan aceptar ¡°cualquier forma¡± de donativo ¡°por parte de Gobiernos y organismos p¨²blicos extranjeros¡±.
E ¡®Caso Filesa¡¯ (1989). En el caso Filesa qued¨® acreditada la financiaci¨®n irregular del PSOE nacional con m¨¢s de 1.200 millones de pesetas obtenidos de forma ilegal (7 millones de euros de 1990). Un diputado y un senador del PSC crearon un conglomerado de empresas que cobraban informes inexistentes o intrascendentes a compa?¨ªas que pretend¨ªan que el Gobierno les debiera un favor, y dedicaron esos fondos a las campa?as del PSOE para las elecciones generales y europeas de 1989, seg¨²n consta en la sentencia del Tribunal Supremo del a?o 1997 que condena a ocho culpables. Veinticuatro a?os despu¨¦s, los partidos pol¨ªticos siguen discutiendo sobre la conveniencia de prohibir las donaciones de empresas. Las de firmas que contratan con la Administraci¨®n lo tienen prohibido desde 1987, pero el resto, no. PSOE e IU, los partidos que menos donaciones reciben por esta v¨ªa, reclaman ahora que se proh¨ªba a todas.
E ¡®Caso Naseiro¡¯ (1990). Fue un proceso judicial abierto por
el supuesto cobro ilegal de comisiones a una constructora para la financiaci¨®n del PP. Rosendo Naseiro, entonces tesorero del partido, permaneci¨® varios d¨ªas detenido en abril de ese a?o por orden del juez valenciano Luis Manglano por presunto cohecho. Las cintas magnetof¨®nicas grabadas por
la polic¨ªa y que recog¨ªan conversaciones entre Naseiro, Salvador Palop, exconcejal de Valencia y ?ngel Sanchis, extesorero de Alianza Popular, aportaban indicios de un presunto cobro ilegal de comisiones a empresas beneficiarias de obras municipales, pero el Tribunal Supremo rechaz¨® la validez de esas cintas magnetof¨®nicas como pruebas.
E ¡®Caso G¨¹rtel¡¯. Lleva el nombre del apellido traducido al alem¨¢n del cabecilla de la trama, Francisco Correa, que cre¨® un entramado empresarial y aprovech¨® sus relaciones con pol¨ªticos del Partido Popular para enriquecerse. La Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la polic¨ªa acaba de incorporar al sumario del caso m¨¢s de una decena de informes sobre el pago de comisiones ilegales por parte de media docena de empresas constructoras a la trama que dirig¨ªa Correa. En esos informes se acredita documentalmente que parte del dinero de las comisiones ilegales lleg¨® a dirigentes del Partido Popular, en muchos casos alcaldes o cargos auton¨®micos que ten¨ªan poder suficiente para adjudicar contratos a las empresas
de la trama corrupta o a constructoras con vinculaciones a la red G¨¹rtel. Algunas de esas empresas, como Sedesa o Constructora Hisp¨¢nica, figuran en la contabilidad secreta que manejaba Luis B¨¢rcenas como donantes de altas cantidades de dinero al Partido Popular.
El extesorero, ahora acorralado por una investigaci¨®n judicial que ha destapado su fortuna no declarada al fisco en Suiza, guarda 20 a?os de secretos financieros del Partido Popular.
E ¡®Caso Palau¡¯. Es la investigaci¨®n del desv¨ªo de fondos del Palau de la M¨²sica que ha acorralado a Converg¨¨ncia Democr¨¤tica de Catalunya (CDC). Su fundaci¨®n, la Trias Fargas, se nutri¨® de dinero de aportaciones del Palau, presidido por el imputado F¨¨lix Millet. El sumario del caso incluye una carta an¨®nima remitida al juez por parte de alguien que se identifica como extrabajador del coliseo y en la que asegura que el expresidente del Palau habr¨ªa ayudado a partidos, ¡°tambi¨¦n con recursos de la Fundaci¨®n Orfe¨® Catal¨¤ y siempre a cambio de favores¡±.
E ¡®Caso Fundescam¡¯. En la Comunidad de Madrid, el Partido Popular financiaba actos electorales de manera irregular con fondos procedentes de su Fundaci¨®n local Fundescam, que se nutr¨ªa de aportaciones hechas por empresas privadas que recib¨ªan contratos del Gobierno de Esperanza Aguirre. La fiscal¨ªa entendi¨® que el delito estaba prescrito.
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