Tropieza el registro de pago

La reforma del Registro Civil aprobada al final del mandato del anterior Gobierno socialista con el apoyo de todos los grupos pol¨ªticos corre el riesgo de morir antes de aplicarse. La norma fue apoyada por todos los grandes partidos en julio de 2011. Tambi¨¦n por el Partido Popular, Izquierda Unida, los nacionalistas... Todos votaron a favor. La ley acababa con una organizaci¨®n secular en la que al frente de ese organismo ¡ªen el que se inscriben los nacimientos, matrimonios, divorcios, hijos o defunciones¡ª estaban jueces de primera instancia para dejar su llevanza a los secretarios judiciales y a los funcionarios con la licenciatura en Derecho. La informatizaci¨®n de su contenido y la interconexi¨®n de los diferentes registros hac¨ªan ya innecesaria la tradicional direcci¨®n de los magistrados que podr¨ªan as¨ª dedicarse a juzgar en lugar de a estas labores estrictamente burocr¨¢ticas. Y todas las fuerzas pol¨ªticas estaban de acuerdo.

A?o y medio despu¨¦s, ese acuerdo se ha hecho a?icos. Sin permitir que la norma entre en vigor ¡ªdada su complejidad y el necesario traspaso de los jueces a los secretarios y funcionarios se estableci¨® para julio de 2014¡ª el Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruiz-Gallard¨®n, ha cambiado de idea y ha decidido entregar la direcci¨®n del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles, un cuerpo de funcionarios que no cobra un sueldo mensual del Estado, sino un arancel por cada una de las operaciones en las que intervienen y que va directamente a su bolsillo. Adem¨¢s, a pesar de que se les selecciona por oposici¨®n, son aut¨®nomos en la organizaci¨®n de sus oficinas que funcionan como empresas en muchos aspectos, por ejemplo, el de contratar a su personal, que no es funcionario.

El Gobierno afirma que no habr¨¢ que abonar los registros obligatorios

El cambio, recogido en un nuevo borrador de anteproyecto que se encuentra todav¨ªa en fase de estudio y no tiene fecha de entrada en el Consejo de Ministros, ha roto el consenso pol¨ªtico y ha puesto en pie de guerra a todos los sectores afectados: notarios, secretarios judiciales y todas las asociaciones de jueces (salvo la conservadora APM) han puesto el grito en el cielo. En su opini¨®n, la reforma supone la privatizaci¨®n de este servicio p¨²blico en perjuicio del ciudadano, que tendr¨¢ que pagar por inscripciones y certificaciones que ahora son gratuitas. Los registradores se convertir¨¢n adem¨¢s en una suerte de ojo que todo lo ve que controlar¨¢ desde los actos m¨¢s ¨ªntimos, como el nacimiento o el matrimonio, hasta las principales transacciones de los 46 millones de espa?oles.

El pasado 12 de marzo, el director general de Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, Joaqu¨ªn Rodr¨ªguez (de profesi¨®n, registrador, al igual que el presidente del Gobierno), asegur¨® que la mayor¨ªa de actos cuya inscripci¨®n es obligatoria, como los nacimientos o defunciones, as¨ª como sus certificaciones, seguir¨ªan siendo gratuitos para el ciudadano. Pero el borrador de anteproyecto tambi¨¦n recoge otros hechos a inscribir como el r¨¦gimen econ¨®mico del matrimonio ¡ªsi se trata de sociedad de gananciales o de separaci¨®n de bienes¡ª, el domicilio, los poderes de representaci¨®n o el cambio de nombre, cuyos aranceles ¡ªel precio a pagar¡ª se est¨¢n valorando. Por lo pronto, la ¨²ltima versi¨®n del borrador solo exime expresamente del pago a las administraciones p¨²blicas. Ni una palabra sobre el resto de los usuarios, es decir, el conjunto de los ciudadanos. La reforma se plantea en un momento en el que los registradores ¡ªque cobran en funci¨®n del n¨²mero de inscripciones, notas simples y certificaciones que realizan¡ª han visto reducirse de manera notable sus ingresos con la explosi¨®n de la burbuja inmobiliaria.

Puede que, con el nuevo anteproyecto, algunos conceptos queden exentos de pago, como mantiene el Gobierno, pero por otros parece claro que habr¨¢ que pagar. El propio decano del Colegio de Registradores, Alfonso Candau, asegur¨® ayer que eso es lo que se est¨¢ barajando. ¡°La idea que queremos transmitir al ministerio es que no sean los ciudadanos los que paguen al consultar el registro civil, sino las empresas con las que contraten y que necesiten acceder telem¨¢ticamente a esos datos¡±, afirma el decano, gran defensor de la reforma. Candau estima que la cantidad que se podr¨ªa pagar por cada una de estas consultas ser¨ªa de ¡°unos cuatro o cinco euros¡±, pero, acto seguido, reconoce que lo normal es que esas empresas, despu¨¦s, repercutan esos costes en sus clientes.

El borrador solo exime de pago expresamente a las administraciones

Para asumir las tareas del Registro Civil, los registradores tendr¨¢n que asumir una importante carga de trabajo adicional y realizar inversiones que deber¨¢n ser remuneradas. Sobre todo, porque el borrador de anteproyecto del Gobierno ampl¨ªa sustancialmente los hechos inscribibles. Hasta ahora, en ¨¦l tienen cabida el nacimiento, la filiaci¨®n, el nombre y apellidos, la emancipaci¨®n, la limitaci¨®n de la capacidad de las personas declaradas en concurso de acreedores, las declaraciones de ausencia y fallecimiento (para desaparecidos), la nacionalidad, la patria potestad y la tutela, el matrimonio y la defunci¨®n. El plan es que tambi¨¦n incluya las uniones de hecho, los poderes (para ir a juicio, para gestionar el patrimonio o hacer alg¨²n negocio), el domicilio, los seguros de vida o los testamentos.

El Gobierno justifica la entrega del Registro Civil a los registradores de la propiedad por la necesidad de reformarlo y modernizarlo con el menor coste posible para el Estado y advierte que el servicio p¨²blico, tal y como est¨¢ configurado, cuesta 450 millones de euros al a?o. ¡°Ellos [los registradores] disponen de los medios humanos y t¨¦cnicos para poder hacerlo¡±, dijo la semana pasada el director general, que presenta el encargo a ese cuerpo como ¡°un sacrificio¡± que esos funcionarios deben aceptar en ¨¦poca de crisis y no como un privilegio. Sin embargo, los secretarios judiciales ¡ªlos funcionarios que estaban llamados a ocuparse del registro en la ley que el Gobierno ahora trata de reformar¡ª rechazan que el nuevo sistema represente un gran ahorro. ¡°Sustituir a los jueces como encargados del registro por secretarios u otros funcionarios de carrera no hubiera supuesto ning¨²n coste adicional porque las plazas se hubieran cubierto por concurso y las hubieran cubierto los que ya trabajaban en esas oficinas¡±, explica Rafael Lara, el presidente del Colegio de Secretarios Judiciales.

Lara recuerda que el Estado deber¨¢ seguir pagando el salario de todos estos funcionarios en su nuevo destino. ¡°Los secretarios somos los funcionarios m¨¢s indicados para realizar esa labor. Somos fedatarios p¨²blicos, actuamos con independencia y estamos especializados en ese tipo de asuntos de jurisdicci¨®n voluntaria [los que no implican conflicto con otra parte, a diferencia de los juicios]¡±. Adem¨¢s, sostiene Lara, cobran cada mes de la administraci¨®n y no por arancel. ¡°No me opongo a que se pague alg¨²n tipo de tasa por inscripciones y certificaciones, pero siempre que sirvan para mejorar el servicio¡±, a?ade Lara.

Otra de las reticencias que ha levantado la propuesta es que los registradores tienen un r¨¦gimen especial que los sit¨²a, de hecho, fuera de la jerarqu¨ªa de la Administraci¨®n. Seg¨²n el anteproyecto de Justicia el ciudadano puede recurrir contra sus actos a la Direcci¨®n General de Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, su ¨®rgano directivo, en caso de que se le deniegue la inscripci¨®n o no se est¨¦ de acuerdo con la minuta a pagar, por ejemplo. Pero el registrador no tiene por qu¨¦ aceptar la resoluci¨®n de ese organismo ¡ªcomo s¨ª har¨ªa un secretario judicial o un funcionario¡ª y puede recurrirla al juez. Candau, el decano de los registradores, confirma que la idea es que ese sistema siga vigente cuando hereden el registro civil. Y este ¨²ltimo es utilizado, m¨¢s tarde o m¨¢s temprano, por todos los ciudadanos.

Pero, adem¨¢s, la reforma deja en manos de este cuerpo de funcionarios otros registros hasta ahora separados. A los que tienen encomendados, el de la propiedad y el mercantil, se suman el civil, el de seguros de cobertura de fallecimiento (de vida) y el de actos de ¨²ltima voluntad (testamentos). Para el decano de los registradores, esto supondr¨¢ ¡°un ahorro de costes y de tiempo¡± para el ciudadano, que pondr¨¢ fin ¡°a ese viacrucis de ir de un registro al otro¡±. ¡°Todo estar¨¢ junto, en el mismo lugar, y ser¨¢ accesible por medios telem¨¢ticos¡±, explica Candau. Sin embargo, la exdirectora general de Registros y del Notariado Pilar Blanco-Morales, asegura que lo que supone en realidad esa acumulaci¨®n de informaci¨®n es la creaci¨®n de una suerte de Gran Hermano. ¡°Espa?a se convertir¨¢ en un Estado registral que entrega a los registradores el derecho a la privacidad¡±, escribi¨® en un art¨ªculo publicado en EL PA?S el 9 de enero. ¡°Un Estado en que los registradores carecer¨¢n de l¨ªmites para interferir en la vida de las personas y controlar¨¢n el ejercicio de derechos civiles y pol¨ªticos¡±.

Este cuerpo asumir¨¢ el Registro Civil, de vida y de ¨²ltimas voluntades

La propuesta tambi¨¦n ha suscitado las cr¨ªticas de los notarios, a pesar de que les atribuye los matrimonios, por los que tambi¨¦n cobrar¨¢n un arancel. Algunos aseguran que la reforma los posterga respecto a los registradores a pesar de que ellos tienen la misma formaci¨®n. ¡°Nosotros somos los testigos de los negocios jur¨ªdicos de los que damos fe, pero la reforma quita sentido a nuestra funci¨®n, ya que ellos, a la hora de inscribir, har¨¢n el control de legalidad ¨²ltimo y podr¨¢n rechazar nuestras escrituras¡±, afirman. El presidente del Consejo General del Notariado, Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa Collantes, se muestra, sin embargo, m¨¢s conciliador. ¡°Se trata de un anteproyecto retr¨®grado, porque supondr¨¢ m¨¢s tr¨¢mites para el ciudadano al tener que acudir para todo al registro¡±, afirma. Supone una mayor burocratizaci¨®n, mayores trabas y barreras, cuando la situaci¨®n econ¨®mica aconseja lo contrario¡±. Garc¨ªa Collantes se queja, adem¨¢s de que no se les haya tenido en cuenta a la hora de redactar la propuesta. ¡°Necesitamos una buena ley consensuada entre todos. Esta no nos gusta¡±, concluye.