Condenada una mujer por la ablaci¨®n genital que sufri¨® su hija en Senegal

La Audiencia Nacional ha condenado por primera vez a una mujer por la ablaci¨®n ¡ªmutilaci¨®n genital¡ª de la que fue v¨ªctima su hija fuera de Espa?a. La secci¨®n cuarta de lo Penal ha impuesto una pena de dos a?os de prisi¨®n a Fatoumata D., de 41 a?os, por las lesiones genitales que sufri¨® su hija menor en su pa¨ªs de origen, Senegal, tras ser sometida al ritual de iniciaci¨®n. La madre deber¨¢ indemnizar a la ni?a con 10.000 euros, seg¨²n la sentencia.

A diferencia de otras resoluciones en las que se condena a padres que viajaron con sus hijas a ?frica para que se les practicara la ablaci¨®n de cl¨ªtoris, este fallo, del pasado 4 de abril, condena por primera vez a progenitores que perpetraron o toleraron esta pr¨¢ctica antes de llegar a Espa?a con sus hijas. Esta es la raz¨®n por la que el caso ha correspondido a la Audiencia Nacional, el tribunal competente para investigar y juzgar los delitos cometidos en el extranjero sea o no espa?ol su presunto autor.

Fatoumata y sus cuatro hijos ¡ªtres varones y la menor¡ª llegaron a Premi¨¤ de Mar (Barcelona) en el a?o 2010 despu¨¦s de que su esposo, Bouly T., residente en Espa?a desde 1999, obtuviera el permiso para el reagrupamiento familiar. El 16 de agosto de 2010, en una visita m¨¦dica dentro del protocolo de actuaci¨®n de ni?os inmigrantes, la pediatra observ¨® que A. T., hija de la pareja, de seis a?os, presentaba la extirpaci¨®n del cl¨ªtoris y, como consecuencia, una obturaci¨®n de los orificios uretral externo y vaginal que precisar¨¢ reparaci¨®n quir¨²rgica. La lesi¨®n era antigua.

En el juicio, la madre, que no habla espa?ol, adujo que se enter¨® de las lesiones que presentaba su hija cuando acudi¨® al centro de atenci¨®n primaria de Premi¨¤ de Mar y que estas le produjeron ¡°profunda tristeza¡±. Fatoumata explic¨® que la mutilaci¨®n se le pudo practicar a la menor cuando, tras retirarle la lactancia materna, la dej¨® en la aldea de su abuela con un a?o de edad. Fatoumata asegur¨® que est¨¢ en contra de la ablaci¨®n ¡ªella tambi¨¦n la ha sufrido¡ª y que si hubiera dependido de ella, su hija no hubiera sido sometida a un proceso que ¡ªaparte de doloroso y traum¨¢tico¡ª en no pocas ocasiones deriva en infecciones incluso mortales.

Sin embargo, en la condena pes¨® el testimonio del enfermero que presenci¨® el reconocimiento pedi¨¢trico. Este se?al¨® que cuando se comunic¨® a los padres las lesiones que presentaba su hija, estos actuaron con ¡°indiferencia¡± e incluso ¡°jactancia¡±, y que el padre le coment¨® que la ablaci¨®n de la menor era ¡°normal¡± y ¡°propia de su cultura y tradici¨®n¡±. Ante tal testimonio, el tribunal, presidido por ?ngela Murillo, ¡°no alberga ninguna duda de la autor¨ªa de la acusada¡±. La sala cree que la madre pudo bien perpetrar la mutilaci¨®n o bien exponer a la ni?a, por omisi¨®n, al ¡°inevitable peligro de que le fuera practicada la lesi¨®n genital¡±.

La sentencia sostiene que el respeto a los derechos humanos es un ¡°principio o presupuesto normativo¡± en Espa?a que no puede eludirse por razones ¡°de tipo cultural, religioso o ideol¨®gico¡±, y recuerda que, desde 2005, las leyes espa?olas permiten ¡°perseguir extraterritorialmente¡± la pr¨¢ctica de la mutilaci¨®n genital.

Sin embargo, el tribunal entiende que Fatoumata ¡°ignoraba¡± que la mutilaci¨®n genital de su hija ¡°constitu¨ªa un delito no solo dentro de Espa?a, sino incluso fuera de ella¡±. Por esta raz¨®n, la sala reduce la pena por lesiones que solicitaba la fiscal¨ªa ¡ªsiete a?os de prisi¨®n e indemnizaci¨®n de 50.000 euros¡ª a una condena que, al no tener antecedentes la madre, puede no implicar el ingreso en prisi¨®n. La sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.

Algunos profesionales que trabajan en la prevenci¨®n de la ablaci¨®n opinan que la sentencia puede ser contraproducente. Es el caso de Aina Mangas, t¨¦cnica de Salud P¨²blica del Ayuntamiento de Badalona que participa en la mesa local sobre el tema. ¡°Es un error. La ablaci¨®n se produjo en el pa¨ªs de origen antes de que la ni?a fuera reagrupada en Catalu?a¡±, afirma. Mangas cree que la ley no est¨¢ pensada para estos casos, sino para evitar que familias que viven en Espa?a aprovechen las vacaciones para realizar la mutilaci¨®n. La diferencia, para ella fundamental, es si la familia ha entrado en los circuitos de prevenci¨®n y conoce las repercusiones sanitarias y penales de esa pr¨¢ctica. ¡°En pa¨ªses como Gambia no est¨¢ prohibida y las tasas de ablaci¨®n son del 97%. Eso significa que puede haber centenares de casos como este de ni?as que viven aqu¨ª¡±, afirma Mangas.