El PP amnist¨ªa casas en la playa a sabiendas de la amenaza del mar

Los cambios introducidos por el PP, en el Gobierno, a la nueva Ley de Costas siguen apostando por prorrogar las concesiones de viviendas a pie de playa hasta 75 a?os, a pesar de que se reconoce la existencia de una ¡°amenaza por la invasi¨®n del mar o de las arenas¡± entre las que se incluyen ¡°los efectos del cambio clim¨¢tico¡±. Miguel Arias Ca?ete, ministro de Medio Ambiente, calcula que hay unas 10.000 construcciones en dominio p¨²blico en nuestro pa¨ªs. Sin embargo, apuesta por salvar de la demolici¨®n a unas 2.000, que deb¨ªan derribarse en 2018, para evitar la mala imagen de Espa?a en el exterior. Organizaciones conservacionistas y juristas consultados coinciden en que, lejos de acabar con la inseguridad jur¨ªdica, se est¨¢n fijando los mimbres para una avalancha de pleitos.

Las enmiendas del PP a la actual ley costera, vigente desde 1988, buscan adaptar la normativa a los efectos del cambio clim¨¢tico. Lejos de prevenirlo, tienen como punto de partida hechos consumados o graves amenazas. En ellas, concretamente en la 176, se establece que los ¡°derechos de ocupaci¨®n¡± de las construcciones que invaden dominio p¨²blico se van a mantener ¡°siempre que el mar no les alcance o exista un riesgo cierto de que lo haga¡±. Si se considera que la zona est¨¢ en ¡°riesgo de regresi¨®n grave¡±, algo que declarar¨¢ una orden ministerial, el Estado podr¨¢ asumir parte de las obras de defensa para protegerlas o imponer contribuciones. Se trata de que ¡°los concesionarios que est¨¢n en el dominio p¨²blico en riesgo se beneficien de las actuaciones de protecci¨®n de la Administraci¨®n (...) es una colaboraci¨®n financiera con los particulares beneficiados¡±, reconoce una portavoz del Ministerio de Medio Ambiente. ¡°Las ocupaciones se pueden mantener siempre que no exista riesgo de que el mar les alcance¡±, a?ade.

La reforma, denominada Proyecto de Ley de Protecci¨®n y Uso Sostenible del Litoral, apuesta por conceder permisos para negocios cada cinco a?os e ir revis¨¢ndolos. Se contempla tambi¨¦n la posibilidad de resolver las autorizaciones ¡°unilateralmente¡± y ¡°sin derecho a indemnizaci¨®n¡± cuando se establezca ¡°cierto peligro¡± de que el mar les alcance.

Una delegaci¨®n de la Euroc¨¢mara visit¨® Espa?a en marzo para investigar 76 quejas recibidas sobre la tramitaci¨®n de esta ley. En esos encuentros ¡ªque mantuvieron con representantes del Gobierno, damnificados y asociaciones no gubernamentales¡ª se interesaron por la situaci¨®n de los extranjeros afectados, pero tambi¨¦n por la vulneraci¨®n de directivas medioambientales, como la de riesgo de inundaciones.

¡°Se trata el cambio clim¨¢tico de una forma fr¨ªvola, si lo tomaran en serio optar¨ªan por retranquear la l¨ªnea de costa y no perpetuar las instalaciones¡±, contempla Juan Carlos del Olmo, secretario general de la ONG WWF. La organizaci¨®n ve ¡°imposible¡± certificar lo que ocurrir¨¢ en los pr¨®ximos cinco a?os y mucho menos ¡°frenar el avance del mar¡± con obras de defensa. ¡°No se est¨¢ previniendo nada¡±, a?ade Jos¨¦ Luis Garc¨ªa Varas, responsable del programa marino de WWF.

Medio Ambiente garantiza que el riesgo se evaluar¨¢ de forma cient¨ªfica

Greenpeace acusa al PP de ¡°falta de rigor¡±. ¡°No se contempla que sean susceptibles de sufrir cambio clim¨¢tico ni los 10 n¨²cleos amnistiados, ni la isla de Formentera, ni las salinas o numerosos tramos de r¨ªa, que pierden su protecci¨®n con la nueva Ley¡±, subrayaron ayer. Las medidas quedan para cuando suba el nivel del mar u ocurran cat¨¢strofes, como que el agua alcance viviendas. ¡°Se choca con el m¨¢s elemental principio de precauci¨®n¡±, advierten.

De momento no hay una memoria econ¨®mica que analice el coste de lo que se propone, como la construcci¨®n de espigones o rellenos para combatir sus efectos. ¡°Estos tramos que se enfrentan al cambio clim¨¢tico nunca deber¨ªan ser de titularidad privada y deber¨ªan ser devueltos al dominio p¨²blico mar¨ªtimo terrestre¡±, aconsejan en Greenpeace.

Medio Ambiente precisa que las medidas tienen todav¨ªa que concretarse en un reglamento que desarrolle la ley y presume de que su propuesta es ¡°m¨¢s ambiciosa y proteccionista del dominio p¨²blico¡± que cualquiera de las presentadas por cualquier grupo parlamentario en el Congreso o en el Senado. El Gobierno garantiza que se utilizar¨¢n ¡°criterios cient¨ªficos¡± para determinar esos tramos en riesgo y ¡°no discrecionalidad de la Administraci¨®n¡±.

"El cambio clim¨¢tico no se puede ver caso a caso", dice un exdirector de Costas

¡°Para empezar se considera propietarios a las personas que ocupan dominios p¨²blicos¡±, subraya el socialista Hugo Mor¨¢n, secretario federal de Ordenaci¨®n del Territorio y Sostenibilidad. El diputado critica que se conceda un t¨ªtulo de propiedad a un plazo que llega a los 75 a?os y al mismo tiempo el PP pretenda reservarse el derecho de suprimirlo sin exponerse a reclamaciones judiciales. ¡°Todo esto va a dar lugar a un derecho indemnizatorio, es una irresponsabilidad con los afectados que alcanza un grado supino¡±, a?ade.

¡°Se va a macizar la costa al amparo de las infracciones urban¨ªsticas¡±, aporta Jos¨¦ Fern¨¢ndez, director de Costas en la etapa en la que Cristina Narbona (PSOE) fue ministra de Medio Ambiente. ¡°El cambio clim¨¢tico no se puede dejar para ir vi¨¦ndolo caso por caso, o dejas la costa como est¨¢ o ampl¨ªas la protecci¨®n, no se puede reducir de ninguna manera¡±, aporta.

Los grupos parlamentarios presentan hoy sus enmiendas a la Ley de Costas en el Senado.