Poder pol¨ªtico fuerte, justicia d¨¦bil

En su primera comparecencia ante el Congreso, el ministro de Justicia anunci¨® que cumplir¨ªa el programa electoral del PP: los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial volver¨ªan a ser elegidos por los jueces. Ese es el esp¨ªritu de la Constituci¨®n, a?adi¨®, y hay que acabar con la imagen de politizaci¨®n del Consejo, concluy¨®. Como la oposici¨®n habl¨® de involuci¨®n y de que era la peor de las opciones, el ministro manifest¨® su sorpresa de que la oposici¨®n se sorprendiese de que un Gobierno cumpla con el programa electoral. El portavoz del Grupo Popular remat¨® la faena: ¡°Que los jueces y magistrados sean quienes se encarguen de elegir la mayor parte, el grueso de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, nos parece igualmente una magn¨ªfica decisi¨®n¡±. Parec¨ªa que en cuanto a la justicia no se dar¨ªa ese divorcio con las promesas que s¨ª predica Rajoy respecto de la econom¨ªa cuando dijo aquello de ¡°no he cumplido con mis promesas, pero he cumplido con mi deber¡±.

Sin embargo esa promesa electoral se va a incumplir. ?Qu¨¦ razones hay para hacerlo? Creo que dos, y tras ellas est¨¢n los intereses de toda la clase pol¨ªtica. La primera es que cumplirla equivaldr¨ªa a dar el gobierno del Poder Judicial a jueces levantiscos y, sobre todo, a unas asociaciones sindicalizadas. Visto del lado judicial hay que concluir que no estamos exentos de culpa: es dif¨ªcil reclamar esa responsabilidad de gobierno si no hay discurso propio de pol¨ªtica judicial. En su lugar hay un conglomerado de reivindicaciones profesionales que tambi¨¦n son parte de aquella, cierto, pero una parte. Una de las cr¨ªticas a la reforma es que acabar¨¢ convirtiendo al Consejo en una suerte de direcci¨®n general del personal judicial, pero esa cr¨ªtica tiene poco recorrido cuando el discurso asociativo no pasa de lo que se gestionar¨ªa desde una direcci¨®n general del personal judicial. Fuera de esto, lo que m¨¢s se aproximar¨ªa a una propuesta de pol¨ªtica judicial es el t¨®pico de aumentar sin m¨¢s el n¨²mero de jueces. A?¨¢dase la experiencia de los ¨²ltimos a?os de gobierno judicial, identificado por las asociaciones como gesti¨®n de intereses de grupo.

La reforma es, adem¨¢s, intencionadamente antiasociativa. No se discute la representatividad de partidos o sindicatos, pero s¨ª la de entes intermedios como las asociaciones judiciales que cuentan, adem¨¢s, con el plus de su expreso y espec¨ªfico reconocimiento constitucional. Enterrado definitivamente el modelo netamente constitucional (de 1980) se mantendr¨¢ el actual de 2001 y los jueces elegiremos precandidatos, pero dando m¨¢s facilidades a los no asociados, que son el 50% de la judicatura. Se incumple as¨ª lo dicho por el Constitucional: en el Consejo deben estar representadas las diversas tendencias existentes en la judicatura y asociarse o no, que yo sepa, no es una tendencia.

La reforma responde as¨ª al inter¨¦s de la clase pol¨ªtica por tutelar el gobierno judicial, pero tambi¨¦n a otra l¨®gica que pasa por otras reformas como la del proceso penal. Esta es la segunda raz¨®n. Ahora que se atisba que la corrupci¨®n no es tan aislada, vamos a un redise?o del sistema de controles favorable a todo el estamento pol¨ªtico. Nuestro sistema pol¨ªtico y sus protagonistas no tolerar¨¢n una versi¨®n espa?ola de la tangentopoli italiana, que aflore una corrupci¨®n estructural que entierre ¡ªcomo m¨ªnimo¡ª el actual r¨¦gimen de partidos.

Jos¨¦ Luis Requero es magistrado y exvocal del CGPJ a propuesta del PP.