Las autonom¨ªas tendr¨¢n que revisar un mill¨®n de expedientes de dependencia

El acceso a las ayudas de la dependencia siempre ha sido un proceso administrativo complejo y lento. Pero diferentes autonom¨ªas temen que en el futuro a¨²n lo sea m¨¢s. Con m¨¢s de 213.000 expedientes de personas con derecho a percibir prestaciones o servicios atascados, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pretende que las comunidades dediquen parte de sus esfuerzos a revisar los expedientes e introducir nuevos datos del casi mill¨®n (996.088) de personas ya valoradas.

El Gobierno quiere incrementar la informaci¨®n que tiene de cada usuario. Tanto de los actuales, como de los futuros. En este ¨²ltimo caso, se ser¨¢ m¨¢s exigente hasta alcanzar los 59 datos de aspectos generales y otros 45 econ¨®micos. Y desea condicionar la cumplimentaci¨®n de estos ficheros a la transferencia de los fondos estatales que financian las ayudas. ¡°Este trabajo adicional va a dificultar notablemente el avance de la ley¡±, advierte el responsable de Dependencia de una de las autonom¨ªas con mayor n¨²mero de personas atendidas.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el organismo gubernamental encargado de supervisar la Dependencia, vinculado al Ministerio de Sanidad, sostiene que el sistema debe ser m¨¢s transparente. En especial, despu¨¦s de que el Tribunal de Cuentas advirtiera en un informe reciente irregularidades en el reparto de las ayudas y pagos a las autonom¨ªas por personas fallecidas o duplicadas. Con este argumento bajo el brazo, el Gobierno est¨¢ preparando una orden para crear un nuevo sistema de informaci¨®n de la dependencia (la base de datos inform¨¢tica que gestiona el Gobierno a partir de los datos remitidos por las autonom¨ªas). Est¨¢ previsto que este jueves se presente la norma al Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Dependencia, que reunir¨¢ a la ministra Ana Mato y a los responsables auton¨®micos. "Lo ¨²nico que se pretende es que se sepa ad¨®nde se destina el dinero y en qu¨¦ se gasta", indican fuentes del ministerio. "No se va a demorar la aplicaci¨®n de la ley bajo ning¨²n concepto, sino todo lo contrario", defienden.

El nuevo sistema de informaci¨®n contempla -seg¨²n el borrador, a¨²n provisional- que, mensualmente (antes de cada d¨ªa 25), un alto cargo auton¨®mico (de rango no inferior a director general) debe de certificar la veracidad de los datos incorporados al sistema relativos a las altas, bajas, modificaciones, revisiones y dem¨¢s registros incluidos en el fichero. Sin esta gesti¨®n, el Estado no pagar¨¢. Seg¨²n recoge el borrador de la orden que fue debatida el lunes en Madrid en una reuni¨®n entre el ministerio y directores generales de las distintas autonom¨ªas, este documento ¡°servir¨¢ para la liquidaci¨®n mensual del nivel m¨ªnimo [dinero por cada dependiente] as¨ª como para la acreditaci¨®n de la veracidad de los datos incorporados en el sistema de informaci¨®n¡±.

Adem¨¢s, los gobiernos aut¨®nomos deber¨¢n expedir una vez al a?o, antes del 30 de abril, otra certificaci¨®n para justificar en qu¨¦ han gastado los cr¨¦ditos trasferidos por los presupuestos estatales a su comunidad para financiar la dependencia.

La orden tambi¨¦n contempla conceder a las comunidades un a?o para incorporar toda la informaci¨®n requerida, un plazo que pareci¨® muy justo a buena parte de los responsables auton¨®micos. A pesar de que las autonom¨ªas consultadas por este diario admiten que el ministerio ha rebajado el list¨®n de exigencia del n¨²mero de datos a incorporar en los ficheros inform¨¢ticos, pr¨¢cticamente todas plantearon el lunes alegaciones a la propuesta presentada por el Imserso, seg¨²n han trasladado a este diario asistentes al encuentro. De ah¨ª que el listado final pueda variar respecto al borrador.

No todas las administraciones auton¨®micas se ver¨¢n afectadas en la misma medida. Algunas de las que usan la plataforma inform¨¢tica del ministerio ya incorporaban la nueva informaci¨®n solicitada, que hasta ahora era de cumplimentaci¨®n voluntaria. Pero son las menos. Y hay nuevos requisitos, como por ejemplo el relativo a la notificaci¨®n de enfermedades raras, que ni siquiera est¨¢ en la base de datos actual. Por eso, aun aquellas regiones que rellenaban todos los campos de los ficheros, a pesar de no ser obligatorios, tendr¨¢n que revisar y ampliar los datos de todos los expedientes.

Distintas autonom¨ªas trasladaron a este diario la ralentizaci¨®n que supondr¨¢ en el sistema de dependencia toda esta tarea, al verse obligados a destinar recursos a este nuevo trabajo administrativo. El ¨²ltimo informe de la Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales alerta de que los plazos para recibir atenci¨®n siguen ampli¨¢ndose y alcanzan ya los dos a?os y medio; y de que existen regiones con importantes bolsas de expedientes paralizados por resolver. En toda Espa?a hay 213.824 personas a las que se les ha reconocido el derecho a percibir las ayudas que contempla la ley de dependencia y que no las perciben, una lista de espera que en los ¨²ltimos meses ha disminuido sin que los nuevos ingresos al sistema puedan justificarlo: se trata m¨¢s bien de miles de muerto que no alcanza a percibir sus ayudas.

Desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, el sistema inform¨¢tico estatal, que cost¨® 22 millones de euros, ha sido cuestionado de forma repetida por sus fallos. Y ello a pesar de que estaba destinado a ser uno de los m¨¢s potentes, a la altura de los que maneja la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. En principio, fue criticado por los problemas de interconexi¨®n entre esta base de datos y las autonom¨ªas. M¨¢s tarde, por los errores detectados por el Tribunal de Cuentas (que finalmente fueron menos de los anunciados) sobre los que el Imserso ha culpado a las autonom¨ªas (por los datos remitidos) y estas al Imserso (por no comprobarlos y hacer los cruces de informaci¨®n pertinentes).

Desde la semana pasada, el Imserso cuenta con una nueva empresa responsable del soporte y mantenimiento del sistema de informaci¨®n. Una vez finalizado en contrato con Accenture -que llevaba desde el comienzo del proceso-, el Ministerio ha adjudicado el servicio a una uni¨®n de empresas. A pesar de tratarse de un contrato p¨²blico, desde el departamento que dirige Ana Mato se negaron a facilitar a este diario la identidad de las firmas que se hab¨ªan hecho con el contrato. Se trata de las compa?¨ªas Indra y Atia, que se har¨¢n cargo de la plataforma a lo largo de los pr¨®ximos dos a?os por 10,4 millones de euros.?