El PP aprueba la ¡®ley Wert¡¯ sin apoyos

La reforma educativa que impulsa el ministro Jos¨¦ Ignacio Wert nace sin apoyos parlamentarios fuera del PP. Y el debate ha alcanzado tal de nivel de beligerancia, que los cambios de la futura ley ¡ªevaluaciones externas al final de cada etapa que ser¨¢n rev¨¢lidas en ESO y bachillerato; adelanto de las v¨ªas alternativas y un nuevo ciclo de FP B¨¢sica en la ense?anza obligatoria¡ª se pierden en una dial¨¦ctica que se puede resumir en dos esl¨®ganes contrapuestos. El del Gobierno es que la situaci¨®n de la escuela espa?ola, con unas leyes socialistas que han fracasado, requiere sin dilaci¨®n este nuevo marco para salir adelante, y que no hay nada m¨¢s injusto que un abandono educativo temprano del 24,9%, casi el doble de la media de la UE. Y el del bloque de la oposici¨®n, que se trata de una ley segregadora, que vuelve al pasado y ataca a la escuela p¨²blica y las competencias auton¨®micas.

Si la misma inercia contin¨²a durante el tr¨¢mite de la ley en el Senado (all¨ª se enviar¨¢ ahora y, si hay alg¨²n cambio, despu¨¦s se devolver¨¢ al Parlamento para su aprobaci¨®n definitiva) la s¨¦ptima ley org¨¢nica que regular¨¢ la educaci¨®n en democracia volver¨¢ a nacer sin el consenso social y pol¨ªtico que permitir¨ªa un ansiado marco estable y duradero para las escuelas. Tan lejos est¨¢ el proyecto de ello, que ya hay amenazas de llevar la norma al Tribunal Constitucional y de insumisi¨®n, y todos los partidos de la oposici¨®n, excepto Foro Asturias, UPN y UPyD, se han comprometido por escrito a derogar la Ley Org¨¢nica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en cuanto se lo permita el juego de mayor¨ªas parlamentarias.

Se repetir¨ªa as¨ª la historia de la anterior ley educativa que se aprob¨® con un Gobierno del PP, la LOCE (2002), que cont¨® solo con el apoyo de Coalici¨®n Canaria en el Congreso y fue anulada, sin haber entrado pr¨¢cticamente en vigor, cuando el PSOE volvi¨® al Gobierno en 2004.

¡°?C¨®mo se ha llegado hasta aqu¨ª? Primero, porque la educaci¨®n en Espa?a ha estado en el ¨²ltimo siglo en el centro de una batalla pol¨ªtica no resuelta ¡ªense?anza p¨²blica frente a concertada; laica frente a religiosa¡ª que ha impedido el pacto, aunque en la anterior legislatura se estuvo muy cerca con el intento del ministro ?ngel Gabilondo.

Pero ahora mismo, adem¨¢s, influye un contexto de recortes presupuestarios en las escuelas y universidades de m¨¢s de 6.400 millones de euros desde 2010, con becas m¨¢s dif¨ªciles de conseguir por el endurecimiento de los requisitos acad¨¦micos, matr¨ªculas universitarias mucho m¨¢s caras en buena parte de Espa?a o eliminaci¨®n de programas de apoyo a los alumnos con dificultades fruto de la disminuci¨®n de profesores. La Plataforma en Defensa de la Escuela P¨²blica ¡ªen plena movilizaci¨®n¡ª ve la norma como la otra cara de la misma moneda, es decir, un cambio que institucionaliza una especie de escuela low cost.

El Consejo de Estado, por su parte, puso en duda que haya dinero suficiente para poner en marcha un cambio de tal calado, algo que tambi¨¦n preocupa a las comunidades, incluidas a las gobernadas por el PP. La memoria de la ley habla de 408 millones de euros en costes directos a financiar por el Estado en tres a?os y hasta 927 millones que deber¨ªan asumir las autonom¨ªas, aunque el ministerio espera obtener una parte de fondos europeos.

Tampoco ha ayudado mucho la sucesi¨®n de pol¨¦micas declaraciones de un ministro al que desde todo tipo de sectores han acusado de falta de di¨¢logo. De hecho, en la comunidad educativa (padres, alumnos, sindicatos, patronales) ha ocurrido como en el Congreso: casi todos, incluso en los sectores fuera de la Plataforma por la Escuela P¨²blica ¡ªque se ha movilizado contra la reforma¡ª han encontrado razones para no apoyar la LOMCE, aunque solo sea por unas formas que, aseguran, han impedido cualquier tipo de acercamiento. As¨ª, Foro Asturias se ha abstenido y UPyD, a quien el PP ha aceptado varias enmiendas al texto, ha votado en contra. Se ha llegado a un grado de rechazo parlamentario que ni siquiera UPN, que suele hacerlo, ha apoyado esta iniciativa del Gobierno, aunque lo haya hecho con ¡°una abstenci¨®n constructiva¡±, en palabras del diputado Carlos Salvador. ¡°Han perdido¡±, dicen los socialistas.

Y entre medias flotan en el aire las preguntas que, en el fondo, m¨¢s interesan. ?Acaso es tan mala esta ley? ?Servir¨¢ para mejorar la escuela o no? Sin duda tiene aspectos que muchos de los grupos pueden considerar positivos para el sistema o, al menos, sobre los que merecer¨ªa la pena discutir con m¨¢s detenimiento y calma ¡ªlas evaluaciones externas, la estructura de la educaci¨®n secundaria, el fortalecimiento de la FP¡ª, pero por delante se colocan otros que consideran l¨ªneas rojas que no pueden aceptar. Por ejemplo, para los nacionalistas es el reparto de competencias a la hora de establecer las rev¨¢lidas (las fijar¨¢ el ministerio) o los contenidos escolares y el tratamiento de las lenguas cooficiales, sobre todo en Catalu?a, donde se obligar¨¢ a escolarizar en castellano a quien lo pida, si hace falta, pagando un centro privado.

Wert, tambi¨¦n criticado por rescatar la asignatura alternativa a la Religi¨®n y el apoyo a la ense?anza concertada, ha reprochado a la oposici¨®n que sus argumentaciones ¡°nacen de prejuicios¡± y rechaz¨® que la LOMCE perjudique a la escuela p¨²blica; al contrario, asegur¨®, le permitir¨¢ especializarse y competir mejor con las privadas. ¡°Yo no creo que una ley vaya a arreglar todos los problemas de la educaci¨®n, pero marca reglas importantes¡±, dijo. En este caso, colocando al alumno en el centro del sistema, con evaluaciones externas que den transparencia y motiven a los alumnos y con caminos alternativos, pero sin v¨ªas muertas, para lograr el ¨¦xito de todos.

Y volvi¨® a insistir en que la norma sigue el camino que se?alan informes internacionales como el PISA de la OCDE (que eval¨²a a alumnos de 15 a?os de todo el mundo) o el reciente PIAAC (que hace lo mismo en lengua y matem¨¢ticas con adultos de 16 a 65 a?os), los cuales dejan a Espa?a en los ¨²ltimos puestos de la clasificaci¨®n de pa¨ªses desarrollados.

Los expertos de la OCDE apoyan abiertamente unas evaluaciones externas y la autonom¨ªa de los centros escolares que impulsa la ley. Sin embargo, Mario Bedera (PSOE) opina que ¡°no hace falta que esas evaluaciones tengan efectos acad¨¦micos¡±, y Carlos Mart¨ªnez Gorriar¨¢n (UPyD), que la autonom¨ªa no ser¨¢ tal porque ¡°las Administraciones elejir¨¢n a los directores¡±, dijo .

Un cuarto curso de la ESO con v¨ªas hacia el bachillerato o hacia la FP (los chicos tendr¨¢n unas asignaturas comunes y otras propias de cada alternativa) no est¨¢ muy lejos de lo que aprob¨® el anterior Gobierno del PSOE en la Ley de Econom¨ªa Sostenible, ni tampoco lo est¨¢ la FP B¨¢sica de los actuales Programas de Cualificaci¨®n Profesional Inicial para intentar reenganchar a los alumnos con m¨¢s dificultades y menos inter¨¦s en el sistema educativo, aunque estos programas reducen enormemente la posibilidad de sacarse el t¨ªtulo de ESO y es nuevo ciclo de FP tiene un complicado encaje dentro de la etapa obligatoria. S¨ª se les separa con claridad adelantar (aunque t¨ªmidamente con una materia) la elecci¨®n hacia la FP o bachillerato a tercero de ESO (14 a?os) y a los 13 la diversificaci¨®n curricular (programa con menos asignaturas y adaptadas para alumnos con dificultades).

El calendario de implantaci¨®n es el otro gran problema que se?alan unos y otros, porque se desarrolla muy r¨¢pido, en dos cursos, y empieza el que viene, por lo que queda menos de un a?o para dise?ar los curr¨ªculos y los libros de texto.