Las guarder¨ªas p¨²blicas rechazan a un ni?o con un 67% de discapacidad

Albano de Alonso tiene dos hijos mellizos. Uno de ellos qued¨® en los primeros puestos de reserva en las listas de admitidos en las guarder¨ªas p¨²blicas de San Crist¨®bal de La Laguna (Tenerife). El otro, que tiene una discapacidad del 67%, fue directamente rechazado. As¨ª, este padre afirma que en agosto recibi¨® una llamada en la que le informaron de que el primero de los peque?os, de dos a?os y medio, ten¨ªa plaza en una escuela cercana a su casa, mientras que el segundo, no. ?La raz¨®n? El menor ¡°no es compatible con el equipamiento, recursos humanos y el proyecto educativo¡± del centro, requisitos que establece la ordenanza municipal para que los ni?os que presenten un ¡°porcentaje de minusval¨ªa¡± ¨Cde esta forma se refiere el texto a la discapacidad- puedan ser aceptados en el sistema p¨²blico. El Ayuntamiento asegura que no dispone de medios para atender al cr¨ªo y argumenta que las escuelas no forman parte del sistema obligatorio de educaci¨®n. ¡°Mi hijo ha sido discriminado porque tiene una par¨¢lisis cerebral. Pero tiene los mismos derechos que su hermano¡±, se queja De Alonso.

A su hermano mellizo s¨ª le han dado plaza en una escuela p¨²blica

Todo iba bien en el embarazo hasta que, en la semana 38, el ritmo cardiaco de uno de los mellizos se volvi¨® muy d¨¦bil, casi plano. La madre fue sometida a una ces¨¢rea de urgencia y uno de ellos naci¨® sin problemas. El otro estuvo dos meses ingresado por una hipoglucemia severa. Fue la falta de az¨²car la que provoc¨® la par¨¢lisis cerebral que ha hecho que tenga una discapacidad motora del 67%. Pero De Alonso, profesor de instituto de 36 a?os, intenta que ambos menores tengan las mismas oportunidades. Ahora ¨¦l y su mujer van a volver a ser padres. ¡°Ella no puede hacerse cargo de los ni?os porque debe hacer reposo. Por eso en marzo solicitamos plaza en la guarder¨ªa. Lo que no tiene sentido es que a uno lo hayan aceptado y al otro, no. Y no es de recibo que me digan que la raz¨®n es que no disponen de medios y que mi hijo no se adec¨²a al proyecto educativo. ?Deber¨ªa ser al rev¨¦s!¡±, clama De Alonso.

La ordenanza que regula el acceso a las siete escuelas infantiles p¨²blicas de San Crist¨®bal de La Laguna (153.000 habitantes) ¡ªes una competencia municipal¡ª establece que, en caso de que el menor presente una discapacidad, sus padres deben adjuntar a la solicitud de plaza un certificado m¨¦dico en el que se certifique su situaci¨®n. De Alonso cuenta que, el pasado marzo, ¨¦l present¨® el documento en el que la doctora de cabecera de su hijo precisaba que el menor ten¨ªa una discapacidad del 67% y que requer¨ªa de un auxiliar. El padre asegura que, de agosto hasta ahora, su hijo ha avanzado ¡°a pasos agigantados¡± y puntualiza que en ning¨²n caso se indic¨® que el ni?o necesite asistencia continua. Es m¨¢s, sostiene que en la guarder¨ªa privada a la que acuden sus dos hijos ahora mismo no hay una profesora que atienda al cr¨ªo en exclusividad, sino que las mismas maestras que se encargan del resto del aula se ocupan del ni?o. ¡°?l habla y mira los cuentos como su hermano. Se mueve solo, camina con un andador y cuando est¨¢ sentado se arrastra. Ha aprendido a vivir con su discapacidad y es muy activo. Es m¨¢s, cogido de la mano ya camina¡±, dice De Alonso. El Ayuntamiento se agarra, sin embargo, al informe m¨¦dico.

El Ayuntamiento alega que no pueden contratar a nadie por la crisis

¡°No es agradable decir que no, pero en la situaci¨®n de crisis en la que nos encontramos es imposible contratar a alguien. Las escuelas infantiles no son obligatorias y nosotros las hemos mantenido. Si la familia no dispusiera de medios econ¨®micos, el Ayuntamiento habr¨ªa entregado una ayuda para que inscribieran al ni?o en un centro privado, pero su renta supera el umbral¡±, se?ala Miguel ?ngel Gonz¨¢lez, concejal de Bienestar Social. De Alonso puntualiza que, si bien ¨¦l es profesor de instituto y cobra unos 2.000 euros al mes, su mujer no trabaja, deben pagar una hipoteca, viene otro ni?o en camino y la guarder¨ªa les cuesta unos 500 euros. ¡°Hemos tenido que prescindir de las actividades de rehabilitaci¨®n que le coste¨¢bamos para que ambos puedan ir a la misma escuela. No queremos separarlos¡±, a?ade. Y se queja: ¡°La comisi¨®n que valor¨® el caso de mi hijo ni siquiera lo vio. No se reuni¨® con nosotros y evalu¨® la situaci¨®n. Simplemente lo rechaz¨® y no ha atendido a razones¡±.

De Alonso ha presentado recursos en el Ayuntamiento y, seg¨²n explica, ha agotado la v¨ªa administrativa. Todos han sido rechazados. De ah¨ª que tambi¨¦n haya reclamado ante el Diputado del Com¨²n, el Defensor del Pueblo, el Consejo Nacional de Discapacidad ¨Cdependiente del Ministerio de Sanidad-, ante las consejer¨ªas de Educaci¨®n y Sanidad de Canarias y ante el Comit¨¦ Espa?ol de Representantes de Personas con Discapacidad. ¡°Pienso seguir con esto. Y llegar hasta Estrasburgo si hace falta. No s¨¦ cu¨¢ntos ni?os con discapacidad pueden estar siendo excluidos del sistema p¨²blico, cuando deber¨ªa hacerse el m¨¢ximo esfuerzo posible por su integraci¨®n¡±, sentencia.