140.000 casas podr¨¢n acogerse a la amnist¨ªa de obras de la Ley de Costas
Medio Ambiente eleva en 15.000 viviendas la estimaci¨®n de posibles beneficiarios 900 hoteles pueden tramitar una remodelaci¨®n de sus instalaciones
La nueva Ley de Costas puede acabar teniendo m¨¢s beneficiados de los que se esperaban y, en consecuencia, un mayor impacto en el litoral espa?ol. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, estima que unas 140.000 viviendas del litoral est¨¢n situadas en zona de servidumbre ¡ªuna especie de segunda l¨ªnea de playa de las infracciones urban¨ªsticas¡ª por lo que podr¨ªan acogerse a una reducci¨®n de 100 a 20 metros de esta zona de protecci¨®n, y pasar de estar sometidas a controles rigurosos para hacer obras, a tener v¨ªa libre para construir si cuentan con los permisos de sus Ayuntamientos o comunidades.
El Gobierno no ha reforzado el equipo que debe responder las peticiones
El c¨¢lculo ha subido en 15.000 construcciones desde mayo, cuando se aprob¨® la Ley de Protecci¨®n y Uso Sostenible del Litorial, que modifica la Ley de Costas de 1988. Entonces se dec¨ªa que en esa zona de protecci¨®n hab¨ªa unas 125.000 edificaciones. ¡°Ha aumentado porque faltaban algunos datos por recabar¡±, explica un portavoz del Ministerio de Agricultura, Alimentaci¨®n y Medio Ambiente. Las comunidades aut¨®nomas han redondeado la cifra, aseguran, ya que de ellas depende el control de las construcciones situadas en zona de servidumbre. Con todo, el Gobierno subraya que estas 140.000 viviendas no terminar¨¢n benefici¨¢ndose de la reducci¨®n de protecci¨®n, sino que la medida tendr¨¢ un alcance ¡°muy limitado¡±. Medio Ambiente siempre ha insistido en que no se permitir¨¢ aumentar el volumen, ni la altura, ni la superficie de las construcciones existentes. Esos controles quedar¨¢n en manos de los municipios y las comunidades, algo que ha hecho que muchos expertos recelen de que se aproveche para rellenar de cemento el poco hueco que queda en el litoral espa?ol.
Con esta medida, introducida cuando la ley estaba en el Senado, el Gobierno pretend¨ªa responder a las reclamaciones de Canarias y Galicia. Afectar¨ªa a n¨²cleos de poblaci¨®n preexistentes a la Ley de Costas de 1988, que no ten¨ªan calificaci¨®n de suelo urbano entonces, pero cumpl¨ªan con algunos de los requisitos que ahora se contemplan. Para beneficiarse, los propietarios de las casas deben acreditar que sus construcciones cumpl¨ªan en esa fecha uno de los siguientes requisitos: tener acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuaci¨®n de aguas residuales y suministro de energ¨ªa el¨¦ctrica. O bien, estar ¡°en ¨¢reas consolidadas por la edificaci¨®n, al menos en un tercio de su superficie¡±.
18 meses de silencio administrativo implican autorizar las reformas
Los Ayuntamientos ten¨ªan hasta finales de agosto para recabar toda esta documentaci¨®n y presentarla al Ministerio. El secretario de Estado aleg¨® el jueves en el Senado que todav¨ªa no cuentan con datos globales de los n¨²cleos que lo han tramitado. Tras una pregunta del senador Miguel Fidalgo, del PSOE, Ramos asegur¨® que todav¨ªa tienen que llegar las solicitudes y estudiar caso por caso. ¡°Es un trabajo que se est¨¢ elaborando en estos momentos¡±, explic¨®.
El senador socialista mostr¨® su inquietud por los equipos con los que cuenta la secretar¨ªa de Estado de Medio Ambiente para estudiar todas estas peticiones, ya que la nueva Ley de Costas da un plazo de 18 meses para resolverlas y contempla el silencio administrativo como una aprobaci¨®n de las solicitudes. ¡°La administraci¨®n trabaja con los equipos que tiene la direcci¨®n general de Costas y con las distintas demarcaciones que tiene por todas las provincias del litoral¡±, coment¨® el secretario de Estado.
Los expertos temen que se aproveche la medida para a?adir cemento al litoral
El trabajo de Medio Ambiente es ingente. Quieren tener listo para finales de a?o o inicios del 2014 el reglamento que desarrolle la Ley de Costas. Entre otros aspectos, se desarrollar¨¢n los criterios para conceder concesiones administrativas a las viviendas m¨¢s cercanas al mar, teniendo en cuenta los efectos del cambio clim¨¢tico.
El Gobierno ha vuelto a presentar de forma general el n¨²mero total de afectados por el cambio legislativo. En cifras totales, habl¨® de 12.800 viviendas regularizadas en dominio p¨²blico, pr¨¢cticamente metidas en la playa, y cuyas concesiones administrativas se pueden prolongar hasta 75 a?os y vender o legar. La amnist¨ªa de los 12 n¨²cleos costeros salvar¨¢ otras 3.400 viviendas que tambi¨¦n se enfrentaban a la piqueta. Tambi¨¦n pegados al mar hay otros 3.000 restaurantes y chiringuitos, 1.700 industrias y 100 hoteles que tambi¨¦n podr¨¢n seguir trabajando.
El Constitucional ha admitido tres recursos contra la norma
En la segunda l¨ªnea, la denominada zona de servidumbre de protecci¨®n, est¨¢n las 140.000 construcciones citadas y unos 900 hoteles que, si pasan los filtros impuestos, podr¨¢n renovarse haciendo obras. ¡°Son cifras muy altas que merec¨ªan una respuesta y dar seguridad jur¨ªdica, dado que el limbo jur¨ªdico en el que estaban, o la falta de respuesta de la administraci¨®n no beneficiaba a nadie, ni proteg¨ªa el medio ambiente ni tampoco proteg¨ªa a ellos¡±, coment¨® el secretario de Estado.
La ley ha sido muy criticada por la oposici¨®n, que ve en ella una nueva oportunidad para enladrillar la costa. Se han presentado cinco recursos ante el Tribunal Constitucional contra ella. El alto tribunal ha admitido a tr¨¢mite los presentados por Andaluc¨ªa, Canarias, Asturias y el PSOE, pero no se ha pronunciado todav¨ªa sobre los tramitados por el Pa¨ªs Vasco y Catalu?a.
Entre la protecci¨®n de la costa y la de los propietarios
- La Ley de Protecci¨®n y Uso Sostenible del Litoral, aprobada el 29 de mayo, ampl¨ªa hasta 75 a?os las concesiones administrativas de viviendas o negocios a pie de costa que deb¨ªan ser devueltas al Estado en 2018, regulariza hasta 12.800 viviendas en dominio p¨²blico, casi metidas en el mar, o abre la posibilidad de otras construcciones situadas en la zona de servidumbre de protecci¨®n o hagan obras, algo hasta ahora muy controlado.
- La oposici¨®n y los ecologistas la han criticado duramente por desproteger el litoral, justo lo contrario de lo que presume su t¨ªtulo. El Gobierno defiende que refuerza la protecci¨®n de la costa y al tiempo aporta seguridad jur¨ªdica a los que se relacionan con el litoral. Destaca otros aspectos como la exigencia de un informe medioambiental de las comunidades cuando exista un ¨¢mbito industrial potencialmente contaminante, o cl¨¢usulas, como la anti-Algarrobico, con las que el Estado se reserva la potestad de suspender licencias urban¨ªsticas que atenten contra la protecci¨®n del litoral.
- La norma contempla soluciones ideadas para dar respuesta a numerosas quejas de ciudadanos extranjeros que adquirieron sus viviendas en primer¨ªsima l¨ªnea de playa y que se sent¨ªan perjudicados por la anterior Ley de Costas, aprobada en 1988 por un Gobierno socialista, y que les priv¨® de su propiedad privada. "Evita el llamado efecto 2018", puntualiza Ramos. Prorroga hasta 75 a?os la concesi¨®n de 1.108 viviendas que habr¨ªan pasado a manos del Estado dentro de cinco a?os. En esa fecha se cumpl¨ªan los 30 a?os del permiso administrativo fijado por la ley de 1988. A esta pr¨®rroga tambi¨¦n se pueden acoger otros 96 hoteles, 211 industrias incluidas salinas y establecimientos de cultivos marinos, adem¨¢s de 89 restaurantes y chiringuitos, que tambi¨¦n habr¨ªan tenido que entregar las llaves en esta fecha. Todos seguir¨¢n operando a cambio de un canon que justifique la ocupaci¨®n de dominio p¨²blico.
- El PSOE critica que las concesiones se hagan infinitas. "Algo que es p¨²blico se le da a un particular para que lo pueda transmitir a otros hasta 75 a?os", critica el senador Miguel Fidalgo. Creen que el Gobierno busca solucionar la vida a negocios muy destacados como la papelera Ence, las el¨¦ctricas, los grupos hoteleros y otra serie de propietarios.
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