Las 3.720 pedan¨ªas rurales se salvan en el Senado de ser borradas del sector p¨²blico

En plena crisis griega, dos diputados alemanes, Josef Schlarmann y Frank Sch?ffler, de la coalici¨®n de centro-derecha de Angela Merkel, sugirieron al diario sensacionalista Bild que lo mejor para evitar el crash heleno era que Atenas pusiese a la venta alguna de las 6.000 islas deshabitadas del pa¨ªs. ¡°?Vendan sus islas, griegos quebrados! Y la Acr¨®polis tambi¨¦n¡±, titul¨® el diario. Aquello no hizo ninguna gracia al ministro de Turismo griego de entonces, Pavlos Geroulanos, que tach¨® la ocurrencia de absurda. Tres a?os despu¨¦s, en Espa?a, nadie del Gobierno de Mariano Rajoy admit¨ªa hasta ayer querer enajenar el patrimonio forestal en manos de juntas vecinales, pero las pedan¨ªas rurales han estado a punto de sufrir la p¨¦rdida de sus bienes comunales gracias a la reforma de los Ayuntamientos que el Senado someti¨® a debate. Una enmienda de ¨²ltima hora logr¨® este lunes evitar el desastre: el PP admiti¨® no solo que mantengan su personalidad jur¨ªdica, sino que acept¨® una modificaci¨®n propuesta por el PSOE para garantizar su condici¨®n de "entidad local". El matiz, aparentemente inocuo, forzaba a las 3.720 existentes en Espa?a a dejar de ser titulares de bienes p¨²blicos, lo que las despojar¨ªa de montes e incluso de sus bienes comunales.

Tras lo sucedido ayer est¨¢ una intensa campa?a de las propias pedan¨ªas para impedir su supresi¨®n: "Se comprueba que los argumentos del Concejo General de Le¨®n y de la Federaci¨®n de Concejos Pedan¨ªas y Parroquias Rurales de Espa?a eran plenamente v¨¢lidos, cuando exig¨ªan en virtud de los mismos la menci¨®n expresa a que las Juntas Vecinales deb¨ªan seguir teniendo el car¨¢cter de Entidad Local", aseguraron en un comunicado.

Sin embargo la segunda parte de la nueva ley que m¨¢s tem¨ªan las pedan¨ªas sigue en pie, y tiene que ver con su integraci¨®n en los municipios de los que dependen. Si un concejo no presenta las cuentas o incumple un solo a?o la regla del gasto podr¨¢ ser absorbido por el Ayuntamiento de cabecera. En el ministerio que dirige Crist¨®bal Montoro repiten que ¡°lo m¨ªnimo que se les puede exigir¡±, es que las Entidades Locales Menores (ELM) publiquen sus balances y cumplan con sus obligaciones para evitar corruptelas pero muchas juntas est¨¢n formadas por un pu?ado de vecinos, muchas veces menos que los de cualquier edificio de una gran ciudad, y se administran sin la supervisi¨®n de un secretario municipal.?

Para Ecologistas en Acci¨®n, que lleva meses en campa?a contra la norma, la ley pretende el ¡°expolio de los bienes comunales¡±. De los 7.129 millones que pretende ahorrar, la partida correspondiente a la desaparici¨®n de 3.700 ELM era de 72 millones. Los ecologistas subrayan que las comunidades rurales, muchas con varios siglos de historia, funcionan de manera mucho m¨¢s sostenible de lo que la gente suele creer.

Francisco Sosa Wagner, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo y eurodiputado de UPyD, apunta que mezclar el debate sobre las entidades locales menores con los problemas del d¨¦ficit es ¡°absolutamente inadecuado¡±. ¡°Estas pobres Administraciones no son precisamente las causantes de nuestro d¨¦ficit. Si tenemos en cuenta que uno de los problemas territoriales espa?oles es el de la despoblaci¨®n, se comprender¨¢ que desnaturalizar estos tradicionales asentamientos no es el camino correcto. La experiencia europea nos dice que las tareas de repoblaci¨®n, conservaci¨®n de los montes y la rentabilidad de muchos aprovechamientos forestales est¨¢n vinculados a espacios territoriales como esos. Disparar sobre estas entidades no deja de ser una forma de practicar el tiro sobre un objetivo equivocado¡±.

Aunque jur¨ªdicamente sea un camino dif¨ªcil, la idea de que la Administraci¨®n pueda deshacerse de bienes p¨²blicos para sacar tajada econ¨®mica flota en casi todos los an¨¢lisis de expertos consultados por este peri¨®dico. Valent¨ªn Cabero Di¨¦guez, catedr¨¢tico de Geograf¨ªa de la Universidad de Salamanca, parte de un hecho: ¡°Las pedan¨ªas no tienen fuerza demogr¨¢fica ni pol¨ªtica para dar una respuesta, excepto en casos contados. Con esta ley la mayor¨ªa est¨¢n en trance de desaparici¨®n. Hablo de aquellos n¨²cleos con 20 o 30 habitantes, que manejan recursos estrat¨¦gicos, que son un valor goloso para los propios ayuntamientos¡­ me indigna escuchar de los pol¨ªticos el discurso de la defensa del mundo rural cuando detr¨¢s de esto hay intereses espurios, grandes lobbys, bancos. La labor de las entidades locales menores crea tejido rural con autoestima¡±. Al fin y al cabo, medita, cuando un acuerdo municipal justifique la necesidad de cambiar de uso un bien comunal como un monte ¡°ning¨²n juez se va a oponer¡±. De ah¨ª solo hay un paso para que ese bien pueda utilizarse como una mercanc¨ªa.

Francisco Velasco, director del Instituto de Derecho Local de la Universidad Aut¨®noma de Madrid, matiza que no cree que la ley persiga ¡°usurpar montes comunales¡±. Pero admite que es probable ¡°que pueda darse un problema de aplicaci¨®n, porque t¨¦cnicamente la ley es mala, muy mala¡±. El remiendo aceptado a ¨²ltima hora de este lunes por el PP viene a intentar corregir uno de esos fallos. Velasco tambi¨¦n cree que la norma ¡°parte de un planteamiento defectuoso en el c¨¢lculo de los ahorros¡±, esos 7.129 millones.

Echando un vistazo a lo que pasa alrededor, Espa?a no es el ¨²nico pa¨ªs que pone en jaque a sus comunidades rurales. Sergio Couto, coordinador de ICCA Consortium, una organizaci¨®n defiende peque?as poblaciones amenazadas en el mundo, recuerda que los Gobierno suelen acordarse de sus montes cuando no les salen las cuentas. Couto ha estudiado formas de organizaci¨®n hist¨®ricas como las Bardenas Reales, que comenzaron a gestionar derechos de pastos en el a?o 882, u otras m¨¢s recientes como cofrad¨ªas de pescadores, juntas de valle, montes de socios, sociedades de caza, facenderas, concejos¡­ ¡°Todas tienen elementos comunes, son las primeras interesadas en no sobreexplotar los recursos, en cuidarlos. Hacen una gran labor de desarrollo econ¨®mico, pero tambi¨¦n desde el punto de vista social y ecol¨®gico. Son un ejemplo de democracia, se gobiernan con sistemas de participaci¨®n directa¡±. Ninguna empresa, dice, ni administraci¨®n lejana podr¨¢ suplantar su papel porque ¡°sus habitantes est¨¢n pegados al territorio, no les interesa obtener beneficios para reinvertirlos en otro lado¡±.

En Soria, la asociaci¨®n forestal de la provincia apadrina una de esas iniciativas colectivas para recuperar tierras abandonadas. ¡°Lo que est¨¢ pasando ahora con la ley ya lo hemos vivido en las grandes desamortizaciones del S.XIX [de Mendiz¨¢bal y Madoz], cuando el Estado recurri¨® a la venta de bienes en manos muertas, de iglesias y ¨®rdenes militares¡±, reflexiona uno de sus promotores, Pedro Medrano. ¡°La mayor¨ªa acabaron en manos de algunos pudientes que se convirtieron en grandes latifundistas, pero ciertos pueblos se organizaron para comprar sus tierras. Aquello fue un ejemplo de rebeli¨®n del campo¡±. Su asociaci¨®n, Montes de Socios, reconocida por Naciones Unidas por sus buenas pr¨¢cticas, ha puesto en marcha un plan aplicable al mill¨®n y medio de hect¨¢reas de terrenos forestales abandonados a causa de la despoblaci¨®n. Su modelo de gesti¨®n pasa por reconstruir comunidades reinvirtiendo todos los beneficios de la explotaci¨®n del monte en su conservaci¨®n. ¡°Lo m¨¢s importante es el efecto social de rescate de las ra¨ªces, en acercar a los que se han quedado en el pueblo con los que se han ido¡±.