Las verdades a medias para limitar el supuesto de malformaci¨®n

En julio de 2012, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, declar¨® que con su nueva ley la malformaci¨®n del feto ya no ser¨ªa un supuesto legal para abortar. En ese momento, en una entrevista con La Raz¨®n, equipar¨® la ¡°malformaci¨®n¡± con la ¡°minusval¨ªa¡±. Mantener el aborto por ese motivo ser¨ªa ¡°¨¦ticamente inconcebible¡±, dijo. El ministro de Justicia abr¨ªa as¨ª uno de los debates m¨¢s arduos y complejos que se han dado en torno a la reforma de la ley de interrupci¨®n voluntaria del embarazo, que el Gobierno de Mariano Rajoy ya hab¨ªa fijado en su agenda. Un debate que ha provocado tambi¨¦n serios conflictos en el seno del PP. Semanas m¨¢s tarde, Gallard¨®n asegur¨® que la nueva ley eliminar¨ªa ese supuesto para cumplir con los dict¨¢menes de la Convenci¨®n de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El ministro comenz¨® entonces a hablar de discapacidad en lugar de malformaci¨®n o anomal¨ªa fetal, y argument¨® que interrumpir un embarazo por ese motivo era discriminatorio. ¡°Significar¨ªa crear personas de primera y de segunda¡±, apunt¨®.

Las asociaciones reclaman el fin de la ¡°discriminaci¨®n¡± por minusval¨ªa

Sin embargo, el dictamen del comit¨¦ de la ONU ¡ªde finales de 2011¡ª en el que Gallard¨®n se escuda, y que este organismo emiti¨® tras las quejas de dos organizaciones de discapacitados, no obliga a Espa?a: solo hace recomendaciones. Y la recomendaci¨®n no es tampoco eliminar el supuesto de malformaci¨®n fetal, sino acabar con ¡°la distinci¨®n en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente¡±. Es decir, en todo caso, eliminar la distinci¨®n entre un plazo ¡ªel gen¨¦rico de aborto libre, de 14 semanas¡ª y el otro ¡ªel de malformaci¨®n, de 22 semanas¡ª, lo que podr¨ªa lograrse, por ejemplo, igualando ambos.

La ley actual, de 2010, permite abortar hasta la semana 22 de gestaci¨®n por grave riesgo para la salud del feto; y sin l¨ªmite cuando se trata de una enfermedad extremadamente grave e incurable o una anomal¨ªa incompatible con la vida. No habla, por tanto, de discapacidad sino de enfermedad y anomal¨ªa. De hecho, el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero contest¨® a este dictamen de la ONU exponiendo que, al igual que cuando existe riesgo para la salud de la mujer, el aborto por patolog¨ªa fetal grave es un ¡°supuesto m¨¦dico¡±.

El informe del Comit¨¦ de la Convenci¨®n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomienda a Espa?a tambi¨¦n otras cosas, como que el Estado destine ¡°recursos suficientes para garantizar¡± los servicios de asistencia a dependientes y que incluso los ¡°ampl¨ªe¡±. Un consejo del que el Ejecutivo del PP se ha alejado: las partidas destinadas a la dependencia no han hecho sino menguar en estos dos a?os.

El argumento que manej¨® Ruiz-Gallard¨®n para eliminar el supuesto de anomal¨ªa fetal es el mismo que defiende el Comit¨¦ Espa?ol de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), una plataforma que agrupa a numerosas organizaciones. Los representantes de esta entidad se reunieron con el titular de Justicia ¡ªtambi¨¦n lo hicieron con el Gobierno anterior¡ª para trasladarle su visi¨®n. Consideran que permitir el aborto ¡°para evitar el nacimiento de un ni?o con discapacidad¡± es discriminatorio. Eso, afirman, ¡°impl¨ªcitamente considera la vida de una persona con discapacidad como menos valiosa que la de otra persona sin discapacidad¡±.

Sin embargo, aunque el Cermi no tiene una posici¨®n institucional sobre la regulaci¨®n del aborto ¡ª¡°esa cuesti¨®n no forma parte de la agenda pol¨ªtica de asuntos de la discapacidad de los que se ocupa el Cermi¡±, dicen en su documento de posicionamiento¡ª, s¨ª considera que una ley en la que la mujer no tenga que alegar ninguna causa para interrumpir su embarazo (como hace la actual en las primeras 14 semanas) ser¨ªa perfectamente adecuada. El documento del Cermi, que no ha variado desde hace a?os, pide ¡°suprimir el aborto eugen¨¦sico¡± (el relacionado con anomal¨ªas fetales), pero a?ade: ¡°Una regulaci¨®n estricta de plazos, sin distinci¨®n ni diferencias por raz¨®n de discapacidad, no contiene elementos contrarios o incompatibles con una perspectiva de derechos humanos y discapacidad¡±.

El Cermi ped¨ªa un cambio legal pero sin descartar una ley de plazos

Naciones Unidas tiene una postura tibia sobre el derecho al aborto. No obstante, s¨ª ha hablado en distintos informes del riesgo de criminalizar esta intervenci¨®n, y ha aconsejado a los pa¨ªses que proh¨ªben el aborto en todas las circunstancias revisar su legislaci¨®n.

El Comit¨¦ para la Eliminaci¨®n de la Discriminaci¨®n contra la Mujer, el Comit¨¦ contra la Tortura y el Comit¨¦ de Derechos Humanos (CDH) de la ONU han apuntado que prohibir el aborto en los casos de malformaci¨®n fetal grave supone un ¡°trato cruel, inhumano y degradante para la mujer¡±. De hecho, el CDH se ha pronunciado contra varios pa¨ªses por vulnerar los derechos humanos de mujeres a quienes no permiti¨® interrumpir el embarazo por anomal¨ªas fetales graves. La primera vez que lo hizo fue en 2005, en el caso de K., una adolescente peruana a quien su pa¨ªs oblig¨® a continuar con el embarazo de un feto anencef¨¢lico (sin cerebro ni cr¨¢neo) a pesar de que los m¨¦dicos diagnosticaron que morir¨ªa a los pocos d¨ªas de nacer.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, ha sugerido en los ¨²ltimos meses que esos casos grav¨ªsimos de malformaci¨®n fetal s¨ª seguir¨¢n siendo supuesto legal de aborto en Espa?a.