Ni rastro de las medidas contra la ¡°violencia estructural¡±

El 7 de marzo de 2012, desde su esca?o del Congreso, Alberto Ruiz-Gallard¨®n expuso una de las razones que inspiraban la ley del aborto que preparaba. Afirm¨® que no solo era necesario proteger al nasciturussino tambi¨¦n a muchas mujeres embarazadas que, queriendo tener a su hijo, se ve¨ªan obligadas a abortar por la falta de ayudas econ¨®micas, laborales o asistenciales. Por la ¡°presi¨®n¡± de la sociedad. Es lo que llam¨® la ¡°violencia de g¨¦nero estructural¡±. El PP, prometi¨®, proteger¨ªa la ¡°dignidad¡± de esas mujeres defendiendo ¡°uno de sus valores fundamentales, que es el derecho a la maternidad¡±. Ese mismo d¨ªa, en una entrevista con EL PA?S, puso ejemplos de esa ¡°violencia estructural¡±: ¡°Pienso en el miedo a perder el puesto de trabajo o a no obtener un empleo como consecuencia del embarazo; pienso en la presi¨®n [que sufren] muchas inmigrantes; pienso en mujeres que en este tipo de situaciones [de embarazo no deseado] carecen de apoyos de los poderes p¨²blicos para poder libremente optar por una alternativa a la interrupci¨®n de su embarazo¡±. Y critic¨® la ¡°dejaci¨®n de los poderes p¨²blicos¡±, que se han ¡°conformado con establecer una despenalizaci¨®n¡± del aborto para cubrir esas carencias sociales.

En el anteproyecto de ley que ayer aprob¨® el Consejo de Ministros a propuesta de Gallard¨®n no hay ni una referencia a medidas sociales, econ¨®micas o laborales destinadas a combatir esa supuesta ¡°violencia estructural¡±. S¨ª hay un art¨ªculo que introduce modificaciones en otra ley, la Ley General de Sanidad, estableciendo que las administraciones p¨²blicas ¡°desarrollar¨¢n¡± programas de educaci¨®n para la salud, prevenci¨®n de embarazos no deseados y ¡°asesoramiento para resolver posibles conflictos de salud, familiares o de car¨¢cter socioecon¨®mico originados o agravados por el embarazo¡±.

La ley de plazos de 2010 ten¨ªa dos partes: una referida a la regulaci¨®n del aborto y otra sobre ¡°salud sexual y reproductiva¡±. Esta segunda parte, que dictaba que las Administraciones deb¨ªan garantizar la ¡°educaci¨®n sexual y afectiva¡±, tambi¨¦n quedar¨¢ derogada cuando entre en vigor la ley que ayer present¨® Gallard¨®n. Desaparecer¨¢n por tanto las medidas que inclu¨ªa destinadas a fomentar el acceso de m¨¦todos anticonceptivos seguros y de ¨²ltima generaci¨®n. Tambi¨¦n los programas espec¨ªficos de planificaci¨®n familiar.