Aborto en Uruguay, la excepci¨®n latinoamericana

El pasado mes de diciembre se cumpli¨® un a?o desde la aplicaci¨®n de la nueva legislaci¨®n de Uruguay sobre el aborto, objeto de treinta a?os de una batalla pol¨ªtica de rara intensidad.?Este pa¨ªs es el cuarto que autoriza el aborto en Am¨¦rica Latina, despu¨¦s de?Cuba, Guyana y Puerto Rico. En este ¨²ltimo la?ley te¨®ricamente proh¨ªbe el aborto que no est¨¦ indicado por un m¨¦dico para proteger la salud de la embarazada, pero esa ley contraviene un dictamen del Tribunal Supremo de EE UU?que es de aplicaci¨®n tambi¨¦n en la isla?al afectar a derechos fundamentales. La legalizaci¨®n de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo en Uruguay tiene, sin embargo, una importancia in¨¦dita en?Latinoam¨¦rica, teniendo en cuenta las restrictivas legislaciones de los pa¨ªses de su entorno como Brasil y Argentina.

Las mujeres uruguayas est¨¢n autorizadas a abortar en un plazo de doce semanas, hasta 14 cuando han sido v¨ªctimas de una violaci¨®n, sin plazo cuando hay riesgo para la salud de la madre o el feto es inviable. Para acceder a la interrupci¨®n legal, las mujeres deben pasar antes por la consulta de un ginec¨®logo, un psic¨®logo y un asistente social y despu¨¦s deben respetar un plazo de cinco d¨ªas de reflexi¨®n.

Seg¨²n cifras oficiales, en el primer a?o se produjeron 6676 abortos en Uruguay y se registr¨® una sola muerte en clandestinidad, una mujer falleci¨® el pasado mes de septiembre por un aborto autoprovocado con unas agujas de tejer.

Mart¨ªn Couto, de la organizaci¨®n feminista MYSU, destac¨® el "avance" que supuso la ley pero critic¨® "el abuso de la objeci¨®n de conciencia por parte de algunos m¨¦dicos que se niegan a practicar abortos, ejerciendo este derecho no como un ejercicio de libertad individual sino como el instrumento de un colectivo antiabortista". En departamentos como Salto y Soriano ¡ªen el este del pa¨ªs¡ª?hubo momentos en que todos los m¨¦dicos se negaron a practicar abortos dejando a las mujeres sin asistencia, afirma Couto.

Por su parte, Carlos Iafigliola, del Partido Nacional (centro derecha), considera que "hubo presiones indebidas y fuera de lugar contra los m¨¦dicos objetores por parte del Ministerio de Salud". Las autoridades sanitarias exigieron que la objeci¨®n de conciencia se expresara por escrito y quedara registrada.

Iafigliola considera que las consultas previas para acceder a la interrupci¨®n muchas veces no tuvieron lugar y que la ley se convirti¨® en un salvoconducto para las mujeres. "Sigue habiendo abortos en la clandestinidad y vamos a asistir a un aumento de la eliminaci¨®n de las vidas en el vientre materno, que es lo que sucede en todos los pa¨ªses cuando se despenaliza", afirma.

En Uruguay, la despenalizaci¨®n del aborto es el fruto de un largo y original proceso centrado en la lucha contra la mortalidad materna. El inicio puede situarse en el 2001 cuando, tras constatar un alarmante aumento de las muertes por aborto clandestino, la Asociaci¨®n de Obstetras de Uruguay decidi¨® tomar cartas en el asunto creando un dispositivo m¨¦dico ¨²nico y corriendo algunos riesgos.

Asesorados por juristas y amparados en el derecho a informar, empezaron a explicar a las mujeres c¨®mo abortar de manera segura, siendo la clave del dispositivo el misoprostol, un f¨¢rmaco indicado para prevenci¨®n de lesiones g¨¢stricas como ¨²lceras y recomendado por las OMS por sus propiedades para evitar hemorragias. Este f¨¢rmaco se utiliza de forma clandestina en toda Am¨¦rica Latina para provocar abortos.

Despu¨¦s de algunas citaciones a juzgado, los obstetras uruguayos lograron imponer un sistema que presentaba un l¨ªmite: la prohibici¨®n de recetar misoprostol. El resultado fue la emergencia de un importante mercado negro.

A pesar de esta situaci¨®n de semi clandestinidad, en el 2008 se registr¨® el primer a?o sin ninguna muerte materna por aborto clandestino en Uruguay, resultado que se mantuvo con pocas alteraciones en los a?os siguientes hasta convertir al pa¨ªs en un caso ¨²nico en Am¨¦rica Latina.

Mientras desaparec¨ªan las cl¨ªnicas clandestinas de aborto y se generalizaba el misoprostol, el debate pol¨ªtico alcanzaba uno de sus momentos m¨¢s dram¨¢ticos cuando en el 2008 Tabar¨¦ V¨¢zquez, el primer presidente de izquierda de Uruguay (Frente Amplio) desde la dictadura militar (1973-1984), esgrimi¨® razones de conciencia para vetar la despenalizaci¨®n que acababa de aprobar el parlamento.

De ese modo transcurrieron cuatro a?os en los cuales avanz¨® la instalaci¨®n real del aborto en medio del bloqueo del debate pol¨ªtico, como dos realidades separadas y paralelas.

Finalmente, en diciembre del 2012, el parlamento uruguayo aprob¨® la nueva ley. Pero los sectores antiabortistas plantearon inmediatamente la activaci¨®n de un sistema constitucional que permite organizar un refer¨¦ndum para anular una decisi¨®n legislativa. La convocatoria fue un rotundo fracaso ya que tan solo el 8,9% de los electores uruguayos apoy¨® una consulta sobre la despenalizaci¨®n. Por unos a?os, el tema qued¨® zanjado.

Un a?o despu¨¦s, las feministas uruguayas mantienen una cr¨ªtica de fondo a una ley que consideran basada en una "concepci¨®n y tutelaje y control sanitario de las decisiones de las mujeres", seg¨²n la presidenta de MYSU, Lili¨¢n Abracinskas. La ley se hizo desde un imperativo sanitario (evitar las muertes por abortos clandestinos) pero no desde la ¨®ptica del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

El Ministerio de Salud mantiene su apuesta por un modelo de aborto medicamentoso, defendido como la forma m¨¢s segura y privada de llevar a cabo un aborto. Uruguay es toda una excepci¨®n en Am¨¦rica Latina, pero, discretamente, autoridades de Brasil, Argentina o Venezuela est¨¢n copiando localmente su modelo a pesar de que la despenalizaci¨®n no aparece ni remotamente en sus agendas pol¨ªticas.