La Justicia Europea anula la directiva que permite el cobro de multas entre Estados

La directiva anulada entr¨® en vigor en 2011 y permite a los Estados miembros el intercambio de informaci¨®n en caso de sanciones relativas al exceso de velocidad, la no detenci¨®n ante un sem¨¢foro en fase roja, la no utilizaci¨®n del cintur¨®n de seguridad, la conducci¨®n bajo los efectos del alcohol o de las drogas, la no utilizaci¨®n del caso en el caso de las motocicletas, la circulaci¨®n por un carril prohibido o la utilizaci¨®n del tel¨¦fono m¨®vil durante la conducci¨®n. De esta forma, los Veintiocho pueden acceder a los datos de matriculaci¨®n y de titularidad de veh¨ªculos radicados en otros pa¨ªses de la UE para proceder al cobro de la multa correspondiente.

La anulaci¨®n no tendr¨¢ efectos inmediatos sobre los conductores que hayan cometido alguna de estas infracciones en otro Estado miembro, ya que la justicia europea establece una pr¨®rroga de 12 meses en los que la actual directiva seguir¨¢ vigente. De lo contrario, aduce el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE), la cancelaci¨®n ¡°podr¨ªa repercutir negativamente en la puesta en pr¨¢ctica de la pol¨ªtica de la Uni¨®n en el ¨¢mbito de los transportes¡±. En la pr¨¢ctica, lo que el TJUE hace es otorgar un periodo de tiempo razonable para que el nuevo Ejecutivo comunitario y el Parlamento Europeo resultante de las elecciones del pr¨®ximo d¨ªa 25 puedan elaborar un nuevo texto legal.

La invalidaci¨®n de la normativa da la raz¨®n a la Comisi¨®n Europea ¡ªel Gobierno de la UE¡ª, que entend¨ªa en su recurso que el texto se asentaba sobre una base jur¨ªdica inapropiada. En la sentencia hecha p¨²blica este martes, la justicia comunitaria alega que la norma ¡°no guarda relaci¨®n directa con los objetivos de cooperaci¨®n policial¡± y que ¡°deber¨ªa haber sido aprobada¡± sobre el fundamento de la seguridad vial, al no tratarse de acciones penales en muchos Estados miembros.

El presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, califica la decisi¨®n del tribunal de ¡°muerte legislativa anunciada¡± y critica la falta de entendimiento entre las diferentes instancias europeas en materia de tr¨¢fico, en este caso entre el Ejecutivo y el Parlamento. ¡°El problema es que, al basar la directiva en la cooperaci¨®n policial, la UE dio por hecho que las sanciones de tr¨¢fico son penales y no administrativas. En muchos pa¨ªses, esto no es as¨ª¡±, subraya.

Seg¨²n sus c¨¢lculos, si la UE diera finalmente marcha atr¨¢s en la aplicaci¨®n de la directiva, Espa?a ¡ªun pa¨ªs eminentemente receptor de veh¨ªculos extranjeros derivados de los flujos tur¨ªsticos que recibe¡ª dejar¨ªa de ingresar 87,5 millones de euros al a?o al no poder cobrar las multas que se imponen a conductores comunitarios por infracciones cometidas en territorio nacional. Arnaldo calcula que, en la actualidad, un 5% de los conductores no residentes circulan por carreteras de otros Estados miembros. De esta cifra, entre un 2,5% y un 30% infringen las normas de velocidad. En el caso de Espa?a, el porcentaje de infracciones cometidas por ciudadanos de otros pa¨ªses europeos se sit¨²a en la banda alta de la horquilla (cerca del 25%).

El ¨²nico pa¨ªs que ha cumplido con los plazos de trasposici¨®n de la directiva a la legislaci¨®n nacional ¡ªla norma otorgaba de margen hasta noviembre de 2013¡ª ha sido Francia. En Espa?a, la normativa entrar¨¢ en vigor pasado ma?ana, dentro de la reforma de la Ley de Tr¨¢fico. Ahora, todos los puntos de la ley derivados de la trasposici¨®n de la directiva entrar¨¢n temporalmente en vigor hasta que el a?o pr¨®ximo la UE reformule la normativa comunitaria.