Los ecologistas desmontan los argumentos para no demoler Valdeca?as

El Tribunal Supremo orden¨® en febrero pasado el derribo del complejo tur¨ªstico Marina Isla de Valdeca?as, una macrourbanizaci¨®n situada en una isla del embalse de Valdeca?as (C¨¢ceres) construida en zona protegida por la Red Natura 2000. La Junta de Extremadura se resiste a cumplir la sentencia alegando que la demolici¨®n ser¨ªa muy gravosa --34 millones de euros-- y que el medio ambiente sale ganando si se deja como est¨¢. Ecologistas en Acci¨®n y Adenex acaban de contestar a los argumentos de la Junta: ni ser¨ªa tan caro el derribo ni es cierto que la urbanizaci¨®n haya mejorado las condiciones ambientales de la zona.

Las organizaciones ecologistas ya han remitido al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) el escrito en el que desmontan tambi¨¦n otros argumentos del Gobierno extreme?o para no restituir el terreno a su estado anterior: el complejo de lujo no ha creado empleo de forma significativa en la zona. As¨ª lo asegura un informe, consultado por este diario, en el que el catedr¨¢tico de Econom¨ªa de la Universidad de Sevilla Manuel Delgado y otros expertos concluyen que la generaci¨®n de empleo que muestran las estad¨ªsticas p¨²blicas en los dos municipios vinculados al complejo tur¨ªstico "son muy modestos en t¨¦rminos absolutos en el caso de El Gordo y negativos en el caso de Berrocalejo".?

En el caso de algunas empresas "presentadas como las m¨¢s relevantes" en los informes aportados por la Junta, estos expertos aseguran que "se constata que no hay conexi¨®n entre el complejo tur¨ªstico y la creaci¨®n de empleo". Su informe desmonta empresa a empresa la relaci¨®n entre su actividad y Marina Isla de Valdeca?as. Como en el caso de C¨¢rnicas Dibe, que se abri¨® antes de que empezara la construcci¨®n y cuyo mercado principal "est¨¢ fuera de la comarca". Las estad¨ªsticas muestran, seg¨²n estos expertos, que en El Gordo el empleo creci¨® en 219 puestos, de los cuales solo 78 estaban directamente relacionados con el complejo tur¨ªstico. En El Berrocalejo se redujo en una persona. "Estas cifras de generaci¨®n de empleo resultan insignificantes en t¨¦rminos de procesos de desarrollo local y regional, especialmente si se tiene en cuenta que ¨¦ste compromete alternativas de desarrollo sostenible en el futuro", escriben.

El escrito de los ecologistas repasa todos los argumentos de la Junta de Extremadura. En cuanto al coste de la demolici¨®n, se?alan que la Junta incluy¨® en el presupuesto de 34 millones tareas innecesarias como el desmantelamiento de la estaci¨®n depuradora y el desbroce y tala de toda la superficie vegetal. "Solo este arranque de vegetaci¨®n supone un gasto de 14 millones de euros, algo a todas luces innecesario y contraproducente puesto que en gran parte se trata de especies aut¨®ctonas, que deber¨ªan permanecer en la isla recuperada", aseguran.

La Junta tambi¨¦n argument¨® que algunas especies de aves se encontraban en mejor estado despu¨¦s de construido el complejo. Los estudios de los ecologistas, entre ellos el elaborado por la Sociedad Espa?ola de Ornitolog¨ªa (SEO/BirdLife), aseguran en cambio que 13 de las 14 especies de avifauna m¨¢s importantes de la zona protegida en la que se asienta la urbanizaci¨®n han disminuido sus poblaciones. Ponen como ejemplo el caso de los tres patos m¨¢s representativos de Valdeca?as en invierno, el silb¨®n europeo, el ¨¢nade friso y el azul¨®n, que "entre 2003-2005 y 2012-2014 han dividido sus poblaciones por 13, 116 y 11, respectivamente".

"La Junta asegura que no puede ir contra su propia normativa", recuerdan las organizaciones ecologistas, que sin embargo recuerdan que los cambios normativos se efectuaron "a la carta" para tratar de legalizar el proyecto a posteriori. El Gobierno de Extremadura aprob¨®, en 2007, el Proyecto de Inter¨¦s Regional (PIR) Marina de Isla de Valdeca?as, en el que se recalificaban los terrenos para permitir la construcci¨®n de un complejo tur¨ªstico de lujo. Los ecologistas lo recurrieron en el TSJE que, cuatro a?os despu¨¦s, en marzo de 2011, les dio la raz¨®n, declar¨® nulo el proyecto y oblig¨® a restituir los terrenos a su estado anterior. Solo tres semanas despu¨¦s el Parlamento extreme?o modific¨® la Ley del Suelo de la regi¨®n para permitir la urbanizaci¨®n en los espacios integrados en la Red Natura 2000. Es decir, para dar cobertura legal al complejo tur¨ªstico. Para los ecologistas, estos cambios "no son admisibles en un estado de derecho".?