Homofobia sin castigo

Ten¨ªa que haber sido un d¨ªa hist¨®rico para los colectivos que defienden los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) en Catalu?a. El Parlamento auton¨®mico iba a aprobar, despu¨¦s de un intento fallido, la ley para la erradicaci¨®n de la discriminaci¨®n por razones de opci¨®n sexual. Pero la fiesta no lleg¨®. El Partido Popular logr¨® postergar el jueves pasado la votaci¨®n definitiva en el ¨²ltimo minuto, tras solicitar al Consejo de Garant¨ªas Estatutarias que estudie si el r¨¦gimen de sanciones, que establece multas de hasta 14.000 euros, es acorde a la ley. ¡°Una norma as¨ª es papel mojado sin un r¨¦gimen sancionador¡±, denuncia Jes¨²s Generelo, secretario general de la Federaci¨®n Estatal de LGBT (FELGTB).

No es la primera vez que el PP se opone frontalmente a este tema. En abril, Galicia aprob¨® una normativa similar ¡ªla primera en Espa?a¡ª, pero los populares condicionaron su voto favorable a que se retiraran las multas. ¡°Ya existen mecanismos de sanci¨®n en los c¨®digos penal y laboral¡±, defiende la diputada Marta Rodr¨ªguez-Vispo (PP). ¡°Es cierto que la ley se ha rebajado, pero es una norma digna, creo que puede ayudar a acabar con la discriminaci¨®n¡±, justifica la socialista Carmen Gallego, ponente de la ley. Ambas formaciones resaltan el ¡°gran consenso¡± que ha permitido sacar la ley adelante.

Los art¨ªculos 9.2 y 14 de la Constituci¨®n aseguran que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. ¡°Son la garant¨ªa formal de la igualdad, pero son muy abstractos¡±, explica Maria Jos¨¦ Corchete, profesora de derecho de la Universidad de Salamanca. ¡°La cuesti¨®n no es la regulaci¨®n de la discriminaci¨®n, sino la garant¨ªa del cumplimiento de las normas que la regulan¡±, agrega la experta en derecho constitucional. ¡°Normativamente hay igualdad, pero socialmente siguen existiendo los comportamientos discriminatorios¡±, opina Carlos Villagrasa, profesor de derecho civil de la Universidad de Barcelona.

La Secretar¨ªa de Estado de Seguridad registr¨® el a?o pasado 1.172 ataques a personas debido a sus creencias, identidad sexual u origen ¨¦tnico, los llamados cr¨ªmenes de odio, tanto de tipo administrativo como penal. En Catalu?a y en M¨¢laga, por ejemplo, existen fiscales especializados en estos delitos. Sin embargo, como recuerda Eugeni Rodr¨ªguez, del Front de Alliberament Gai de Catalunya (FAGC),¡°la homofobia es un agravante, no un delito¡±.

El ¨²ltimo intento de regulaci¨®n estatal fue la propuesta de ley de igualdad de trato y no discriminaci¨®n que plante¨® el expresidente Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero en su ¨²ltimo Gobierno. Se trataba de una ley sombrilla que adem¨¢s de sancionar comportamientos hom¨®fobos tambi¨¦n inclu¨ªa multas de hasta 500.000 euros por discriminar por razones de creencias, sexo o hasta apariencia f¨ªsica. El adelanto electoral la dej¨® en el caj¨®n. ¡°No ser¨ªa la primera vez que los Parlamentos aut¨®nomos se adelanten al Congreso de los Diputados. Ya pas¨® con las normas de paridad¡±, recuerda Corchete.

La necesidad o no de una ley espec¨ªfica es una de las cuestiones a debate. ¡°Es necesaria porque toca todos los ¨¢mbitos, como el tratamiento en los medios de comunicaci¨®n p¨²blicos, la educaci¨®n, la sanidad, los servicios p¨²blicos y los convenios colectivos¡±, justifica Fito Ferreriro, activista LGBT de la plataforma Sete Cores. Desde el FAGC, Rodr¨ªguez cree que ¡°se pondr¨¢n en regla un mont¨®n de derechos y aspectos de la vida cotidiana, m¨¢s all¨¢ de lo penal. A pesar de todo, somos una de las comunidades que sufre una discriminaci¨®n mayor¡±, explica.

Gallego, por su parte, recuerda que hay casos como los de la intersexualidad que ¡°no est¨¢n reconocidos ni por asomo¡±. Uno de los m¨¢s conocidos es el de la viguesa Charlotte Goiar, de 41 a?os, que sufre del s¨ªndrome de Harry Benjamin, es decir, su cerebro es femenino pero su cuerpo es masculino. ¡°Hace dos a?os el Tribunal Supremo pidi¨® su operaci¨®n de cambio de sexo, a¨²n sin ¨¦xito¡±, explica la diputada.

El recurso del PP catal¨¢n pone en duda ¡°el exceso de discriminaci¨®n positiva y el r¨¦gimen sancionador¡±. En espec¨ªfico, el hecho de la carga inversa de la prueba, es decir, que el acusado de homofobia tenga que probar su inocencia, no al contrario. Este mecanismo, que se aplica por ejemplo en los casos de violencia de g¨¦nero, ¡°plantea dudas sobre el derecho a la presunci¨®n de inocencia¡±, asegura Corchete. ¡°La prueba la tiene que suministrar quien tiene mayor facilidad de darla, en estos casos el agresor¡±, explica Villagrasa. El escrito de los populares asegura que ¡°admitir que la simple denuncia de una situaci¨®n discriminatoria comporte el traslado de la carga de la inexistencia de la situaci¨®n denunciada es una subversi¨®n del sistema general vigente¡±.

Desde FELGTB creen que los populares y Uni¨® Democr¨¢tica ¡ªque tambi¨¦n se opuso, ambos suman el 22% de la C¨¢mara catalana¡ª ¡°buscan recovecos legales para no ser tildados de hom¨®fobos¡±, explica Generelo. Y con Rodr¨ªguez recuerda las presiones de la Iglesia para vetarlas. En Galicia, el Foro de la Familia pidi¨® paralizarla. Y un comunicado de la Conferencia Episcopal de Tarragona alerta de ¡°las graves consecuencias en el ejercicio de los derechos humanos de la libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia de los ciudadanos de Catalu?a¡±.

La mayor preocupaci¨®n, sin embargo, es que estas leyes no tengan dotaci¨®n econ¨®mica y as¨ª se queden en mero papel mojado. ¡°La ley gallega est¨¢ coja, pero ahora nos corresponde exigirle al Gobierno que empiece a desarrollarla. En Catalu?a, la aprobaci¨®n quedar¨¢ pendiente de lo que suceda en un oto?o pol¨ªticamente inestable y durante el que nadie descarta una convocatoria de elecciones anticipadas.