La lucha contra la violencia machista se apoyar¨¢ en los Ayuntamientos

Casi un a?o despu¨¦s de que se aprobara el pacto de Estado contra la Violencia de G¨¦nero ¡ª11 meses y 13 d¨ªas¡ª se convalidaron ayer en el Congreso las primeras medidas urgentes de este gran acuerdo. Los grupos parlamentarios lo respaldaron por unanimidad pero con cr¨ªticas. Las medidas suponen sobre todo dar m¨¢s protagonismo a los Ayuntamientos, que recuperan competencias, tendr¨¢n m¨¢s fondos y ser¨¢n las primeras instituciones desde las que acreditar a las mujeres como v¨ªctimas. Ser¨¢n ¡°un espacio seguro¡± para la mujer, seg¨²n la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo.

En lo que va de a?o, han sido asesinadas 33 mujeres por sus parejas o exparejas, 957 desde que hay estad¨ªsticas oficiales (2003). El Gobierno tuvo que rectificar el modo de tramitaci¨®n de estas primeras medidas de un real decreto ley a un proyecto de ley. El resto de partidos hab¨ªa criticado que la primera f¨®rmula no permite el debate. Algunos, como Ciudadanos, anunciaron enmiendas. Las nuevas medidas suponen la modificaci¨®n de tres normativas. Estos son los cambios y sus consecuencias:

Devolver competencias a los Ayuntamientos. La Ley de Racionalizaci¨®n y Sostenibilidad de la Administraci¨®n Local, aprobada en 2013 por el Gobierno del PP, reduc¨ªa las competencias y los servicios sociales de los municipios menores de 20.000 habitantes. Desde entonces, las plantillas de trabajadores sociales han mermado. Los municipios han seguido atendiendo a las v¨ªctimas en la medida de sus posibilidades: con menos fondos y menos personal y, en algunos casos, con las reticencias de los interventores municipales. ¡°Plantean dar m¨¢s protagonismo a los Ayuntamientos y al municipalismo para prestar servicios. El papel del Gobierno ahora es regular todo eso¡±, se?ala Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social. Esperanza V¨¢zquez, al frente de la Direcci¨®n General de la Mujer de la Junta de Castilla y Le¨®n, aplaude que haya m¨¢s financiaci¨®n para que los municipios atiendan a las v¨ªctimas. En los presupuestos est¨¢n previstos 200 millones para el pacto cada a?o, de los que 20 corresponden a los Ayuntamientos. El Gobierno anunci¨® que en 2019 doblar¨¢ la partida a 40 millones.

Ser v¨ªctima sin denunciar al agresor. Hasta ahora, para tener la consideraci¨®n de v¨ªctima de violencia de g¨¦nero se necesita una denuncia policial o judicial. El cambio supone que se pueda acreditar desde otras instituciones, como los servicios sociales municipales, pero solo a efectos administrativos, es decir, para facilitar su acceso a las ayudas y a la protecci¨®n social. ¡°Entre las m¨²ltiples razones por las que las v¨ªctimas no denuncian la situaci¨®n de violencia que est¨¢n sufriendo, se encuentra la falta de recursos econ¨®micos, uno de los factores que les impide romper el c¨ªrculo de la violencia¡±, se?ala el documento aprobado por el Congreso. Tres cuartas partes de las mujeres asesinadas no presentaron denuncia. El porcentaje es extrapolable a las denuncias totales, se?ala Miguel Lorente, forense y exdelegado de Violencia de G¨¦nero, que define as¨ª la filosof¨ªa de este cambio: ¡°Se trata de acercarse al problema y no esperar a que el problema venga a ti¡±.

El Gobierno y las comunidades aut¨®nomas deber¨¢n acordar un protocolo sobre c¨®mo hacerlo. Pero ya hay autonom¨ªas que lo aplican, como Andaluc¨ªa o Castilla y Le¨®n. ¡°No pretendemos llegar a una condena judicial al agresor, se trata de gestionar ayudas¡±, explica Esperanza V¨¢zquez, directora general de la Mujer de esta ¨²ltima comunidad. En esta regi¨®n se hace a trav¨¦s de los trabajadores sociales acreditados ¡ªlos llamados coordinadores de casos¡ª de los Ayuntamientos que trabajan en colaboraci¨®n con las secciones de la Mujer que dependen del Gobierno regional.

Psic¨®logo sin permiso paterno. Es una de las medidas que ha despertado m¨¢s cr¨ªticas porque supone modificar el concepto de patria potestad que incluye el C¨®digo Civil. El texto del Gobierno prev¨¦ que se pueda solicitar atenci¨®n psicol¨®gica a los menores por parte de uno de los progenitores si el otro ¡°est¨¢ incurso en un proceso penal¡±. Es decir, dejar de lado la decisi¨®n com¨²n que implica la patria potestad. ¡°En muchos casos, los maltratadores abusan de ese concepto y hacen mal a los hijos para hac¨¦rselo a la madre¡±, explica Marisa Soleto, directora de la Fundaci¨®n Mujeres. ¡°Hay otras cuestiones de la patria potestad que hay que corregir de manera urgente¡±, a?ade. Tras el asesinato de una mujer con hijos, ejemplifica Soleto, el padre y agresor tiene que ser consultado para saber sobre qui¨¦n recae la custodia. La patria potestad no se retira hasta que no hay sentencia firme.