Los abusos marcan el Pontificado de Francisco

La Iglesia puso en marcha a la llegada de Francisco una serie de reformas que deb¨ªan devolverle el pulso ante el vendaval de cambios que recorr¨ªa el mundo. El Papa pens¨® en la econom¨ªa, en la modernizaci¨®n de la curia, en la transparencia o en la apertura del colegio cardenalicio a la periferia. Seis a?os despu¨¦s, sin embargo, el ¨¦xito de este pontificado pasar¨¢ por su capacidad para terminar con la plaga de los abusos a menores y responder a la justicia que piden las v¨ªctimas. No queda margen. Irlanda, Australia, Boston, Pensilvania, Chile o Alemania iniciaron ya un proceso de purga, prevenci¨®n que otros pa¨ªses, como Italia y Espa?a, siguen sin explorar. En parte, por la falta de una respuesta global, como pidi¨® Francisco el pasado agosto en su Carta al pueblo de Dios. Pero, sobre todo, creen los expertos, por la falta de una equiparaci¨®n de los castigos can¨®nicos con los de la justicia civil.

M¨¢s informaci¨®n

El Papa acepta la renuncia del arzobispo de Washington, acusado de encubrir abusos sexuales

Marruecos extradita a EE UU a un antiguo cura acusado de abuso de menores

Las l¨ªneas de actuaci¨®n y la relaci¨®n con los obispos se dirigen desde Roma. Pero los abusos suelen juzgarse en las di¨®cesis locales del pa¨ªs donde se han cometido. El obispo decide seg¨²n su criterio. Dise?a una investigaci¨®n, recoge documentaci¨®n y cuando termina, env¨ªa todo el material a Roma sugiriendo el tipo de proceso. Ah¨ª la Congregaci¨®n para la Doctrina de la Fe decide si se act¨²a judicialmente o de forma administrativa. Si el delito est¨¢ muy claro, no llega a constituirse el tribunal y el Vaticano solo supervisa la proporcionalidad de la pena. ?nicamente regresan a la Santa Sede las apelaciones en segunda instancia, casos de extrema gravedad o delitos cometidos por trabajadores del Vaticano. En ese caso, se juzgan en un tribunal vaticano y la pena se cumple en la ¨²nica celda de la que dispone.

El esc¨¢ndalo chileno

El viaje del Papa a Chile lo cambi¨® todo. Francisco se equivoc¨® gravemente al minusvalorar las denuncias de las v¨ªctimas. La tormenta de cr¨ªticas oblig¨® a una reflexi¨®n que le permiti¨® entender que una parte de la jerarqu¨ªa eclesial segu¨ªa encubriendo estos casos. Pidi¨® perd¨®n, encarg¨® una investigaci¨®n al mayor experto del Vaticano y forz¨® la dimisi¨®n de todos los obispos. Desde entonces han ca¨ªdo torres muy altas, como el cardenal estadounidense Theodore McCarrick (el primero al que se retir¨® la birreta cardenalicia en 90 a?os) y su colega, el cardenal Donald Wuerl, acusado de encubrimiento. Pero los castigos espirituales no contentan a las v¨ªctimas y el problema m¨¢s evidente, se?alan todos los expertos, sigue siendo la falta de homogeneidad entre la justicia civil y la religiosa. Davide Cito, sacerdote canonista experto en procesos eclesiales, ilustra as¨ª una situaci¨®n extra?a. "Pongamos que un cura le robase el coche ?Le denunciar¨ªa ante el obispado o en una comisar¨ªa?", se?ala.

Sucede por diferentes motivos. En primer lugar, porque la mayor¨ªa de pa¨ªses no tienen un acuerdo que obligue a denunciar dichos casos. "La Iglesia responde ante la ley del Estado y se ampara en el C¨®digo Penal. Uno no est¨¢ obligado a denunciar todos los delitos que conoce. Pero eso no puede ser un motivo para ocultarlo, claro. Hay que acostumbrar a la gente a denunciar las cosas a la autoridad civil, no a la Iglesia", se?ala Cito. La Santa Sede no traslada esa obligaci¨®n al derecho can¨®nico.

Hay una cita clave para esta cuesti¨®n: la cumbre de febrero convocada por el Papa para tratar el tema de los abusos con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. Se esperan medidas concretas que afecten tambi¨¦n a la ordenaci¨®n jur¨ªdica, a las sanciones. Debe ser un punto de inflexi¨®n hist¨®rico, seg¨²n esperan en el Vaticano. El mayor experto del que dispone, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, que investig¨® a Marcial Maciel en M¨¦xico y el esc¨¢ndalo de Chile, desliz¨® el pasado lunes que deber¨ªa responderse a la sed de justicia de las v¨ªctimas ante lo que son unas recomendaciones insuficientes. Las indicaciones del Vaticano en 2010 son ambiguas. No hay sanciones para quien no lleva los casos a los tribunales cuando el pa¨ªs no lo exige.

Rete L'Abuso, la principal asociaci¨®n italiana de supervivientes (como se llaman a s¨ª mismas las v¨ªctimas), es la ¨²nica con una base de datos actualizada de casos. De hecho, ha monitorizado 300 denuncias a sacerdotes en Italia desde 2003, aunque los casos totales superan ese n¨²mero. Mario Caliguri, abogado de la asociaci¨®n, considera que el gran problema es la falta de un acuerdo que permita equiparar el proceso can¨®nico al civil. ¡°Italia debe hacer un gesto, tomar la iniciativa para pedir una nueva relaci¨®n entre dos estados. La clave del problema es que el obispo no tiene obligaci¨®n de remitir el delito a Fiscal¨ªa. Pero si se abre una causa sobre un prelado, es la fiscal¨ªa quien informa a la Iglesia. El problema es que no se interviene conjuntamente, y eso propicia el ocultamiento¡±, se?ala.