Huellas dactilares para acceder a las ayudas sociales en Pa¨ªs Vasco
El servicio de Empleo de Euskadi recoge los datos biom¨¦tricos de 8.000 cientes que a¨²n no puede usar. Las asociaciones lo ven "estigmatizante"
Una luz verde f¨®sforo envuelve los dedos de la mano izquierda de V.M. hasta que un pitido le avisa de que sus huellas dactilares ya han sido memorizadas. No est¨¢ sacando el DNI, tampoco est¨¢ detenida en una comisar¨ªa, es una oficina del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, y sus datos biom¨¦tricos -cara y las diez huellas dactilares de sus dedos- ser¨¢n obligatorios en el futuro para acceder a las ayudas sociales o solicitar un trabajo, si prospera la proposici¨®n de ley que PNV y PSE siguen negociando con los partidos para reformar el actual sistema de la Renta de Garant¨ªa de Ingresos e Inclusi¨®n Social. La pol¨¦mica medida, que figura en una disposici¨®n adicional y que se anunci¨® como un avance para combatir el fraude al identificar mejor a los perceptores, est¨¢ en manos de la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos tras la denuncia del colectivo social, Berri Otxoak, que cuestion¨® su legalidad. Pese a que queda por aclarar si se puede obligar a los usuarios a ceder los datos, o tiene que ser voluntario, Lanbide sigue tomando huellas.
¡°Te sientes un poco sospechosa, la verdad. Me parecer¨ªa m¨¢s normal si se extendiera a todos los ciudadanos para el acceso a la Administraci¨®n, pero nos la van a acabar imponiendo a los m¨¢s vulnerables y a los que est¨¢n en riesgo de exclusi¨®n social¡±, cuestiona V. M. Ella, casada y con dos hijos, cedi¨® sus huellas este pasado mi¨¦rcoles en una oficina de Gipuzkoa. Lanbide est¨¢ probando el sistema en diez de sus oficinas. Sus funcionarios advierten de que solo recogen las huellas y la foto, pero que no se usan, y que ni siquiera la base de datos la mantienen ellos, reside en los servidores de? Izenpe, una empresa privada pero con capital p¨²blico creada por las sociedades inform¨¢ticas de las Administraciones p¨²blicas vascas.
Si no se usan, ?para qu¨¦ se recogen? La asociaci¨®n Berri Otxoak que ha denunciado a Lanbide lo tiene claro: ¡°Es una manera de estigmatizar a los m¨¢s necesitados, a la gente de aqu¨ª con problemas y a los que tambi¨¦n los tienen y que han venido de otros pa¨ªses¡±, critica su portavoz Alfredo Castro. ?Por qu¨¦ no lo ponen para los usuarios de la Seguridad Social o a los empresarios que piden ayudas a la administraci¨®n, donde los fraudes son mucho mayores cuantitativamente?, se pregunta. Desde el Partido Socialista de Euskadi aseguran que se har¨¢ de forma legal o no se har¨¢. Los funcionarios del Ayuntamiento de Vitoria acceden con la huella dactilar a las oficinas.
Perfil del usuario de Lanbide
El 61% de los perceptores es espa?ol, el 14% procede de Am¨¦rica del Sur y un 10,3% del Norte de ?frica. El n¨²mero de beneficiarios nacional ha ido en aumento, especialmente durante los peores a?os de la crisis.
Hasta 11.500 perceptores de la RGI tienen alg¨²n tipo de trabajo, pero recurren a la ayuda social debido a sus bajos salarios. Son los trabajadores pobres y suponen hasta el 20 % de los beneficiarios de la RGI.
Del total de beneficiarios el 67 % tiene los estudios obligatorios, un 10% ha cursado un grado de FP y un 7,8% tiene el bachiller frente a un 10,5% de universitarios.
El 18 % de los beneficiarios tiene m¨¢s de 65 a?os, un tramo de edad que engloba, l¨®gicamente, a los jubilados que complementan con la RGI sus bajas pensiones. Entre los 35 y los 54 a?os se agrupa el grueso de los perceptores. El perfil del perceptor de la RGI es mayoritariamente el de una mujer, en una proporci¨®n de 57% frente al 43% de hombres. Entre las mujeres, sobresale el colectivo de viudas que tienen que recurrir a la prestaci¨®n social debido a la escasa ayuda que tienen.
Sin embargo, el primero en solicitar en uso de huellas dactilares para evitar el fraude en la RGI fue, en 2015, el entonces alcalde de Vitoria, Javier Maroto, del PP. En 2014 ya incendi¨® el debate en la capital vasca cuando asegur¨®, levantando en pie de guerra a toda la oposici¨®n y colectivos sociales, que ¡°marroqu¨ªes y argelinos viven de las ayudas y no quieren trabajar¡±. La consejera de Empleo y Pol¨ªticas Sociales, Beatriz Artolazabal, anunci¨® en 2017 que se implantar¨ªa con car¨¢cter obligatorio, aunque de momento no es as¨ª. La directora de la Agencia Vasca de Protecci¨®n de Datos (AVPD), Margarita Uria, explic¨® esta semana que ya hay 8.000 personas fichadas entre los usuarios del servicio de empleo y sus funcionarios -a los que la administraci¨®n ha incorporado tras la pol¨¦mica- de un total de 57.377 perceptores que en agosto recibieron la Renta de Garant¨ªa de Ingresos.
La RGI es un derecho que tienen los ciudadanos vascos a cobrar (o completar) entre 732 y 988 euros dependiendo de si se trata de familias monoparentales o tienen dos o tres miembros, siempre que sus ingresos est¨¦n por debajo de una cifra similar al Salario M¨ªnimo Interprofesional y tengan un patrimonio limitado. Para hacerse acreedores del derecho tienen que acreditar un empadronamiento de tres a?os. El cobro de la RGI da derecho a solicitar adem¨¢s la pensi¨®n complementaria de vivienda que asciende a otros 250 euros. Las mujeres son mayor¨ªa, el 57% frente a los hombres.
De hecho, fue la AVPD la que record¨® al Gobierno que la normativa europea exig¨ªa una autorizaci¨®n previa. De todos los que reciben ayudas en Euskadi el 64% son espa?oles, el 14% procede de Am¨¦rica del Sur y un 10,3% del Norte de ?frica. Entre los restantes hay de diversos pa¨ªses de la Europa del este y de oriente pr¨®ximo. Uno de los casos que aceler¨® la decisi¨®n de implantar el sistema, m¨¢s all¨¢ de las necesidades del PNV y PSE que gobiernan en minor¨ªa, fue la desarticulaci¨®n de una banda que proporcionaba documentaci¨®n falsa a extranjeros, principalmente ciudadanos de Pakist¨¢n, para obtener ayudas sociales. Desde 2013 hasta que en 2017 se les dio caza, en torno a 200 personas se beneficiaron en total de 3,7 millones de euros. En total se localizaron 331 documentos falsos. En muchos casos, los imputados cobraban las ayudas vascas mientras resid¨ªan fuera en Espa?a.
¡°La huella evitar¨¢ este tipo de casos y har¨¢ el sistema m¨¢s eficiente al identificar sin dudas al perceptor¡±, aseguran desde el Gobierno vasco que insiste en que no se implantar¨¢ de forma obligatoria hasta que no se cumplan todas las garant¨ªas. El fraude afect¨® en 2017 a poco m¨¢s del 1% de los en torno a 500 millones presupuestados en 2018 para la renta m¨ªnima y para el complemento de vivienda. En 2016 el fraude fue de un mill¨®n de euros seg¨²n datos de Lanbide. ¡°No nos gusta que los experimentos se hagan con los m¨¢s vulnerables. Ellos no se pueden quejar, dependen de las ayudas para comer y si te piden las huellas dactilares y una foto es dif¨ªcil decir que no, les das hasta los pendientes porque tienes miedo de que te paralicen o retiren las ayudas¡±, asegura Timisoara Guanche, la portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento vasco.
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