El Defensor del Pueblo reprende a Madrid por las rentas m¨ªnimas

El Defensor del Pueblo considera que el procedimiento por el que la Comunidad de Madrid comunica las suspensiones de la renta m¨ªnima genera "indefensi¨®n" en las familias. Se trata de la prestaci¨®n a la que pueden recurrir quienes ya han agotado el resto de ayudas sociales (entre 400 euros para una persona y 900 para una familia), el ¨²ltimo colch¨®n para amortiguar la pobreza. La instituci¨®n se?ala que en "numerosas" ocasiones los beneficiarios reciben "resoluciones modelo" en las que se les informa de manera gen¨¦rica, por lo que "es dif¨ªcil que el ciudadano pueda saber con certeza por qu¨¦ no cumple los requisitos". Una vez enviada la carta, el beneficiario solo dispone de 10 d¨ªas h¨¢biles para presentar alegaciones. El Defensor realiza varias recomendaciones a la Comunidad de Madrid para que mejore el sistema. Las asociaciones que presentaron la queja aseguran que los casos de "gesti¨®n irregular" han ido en aumento el ¨²ltimo a?o.??

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"Hay d¨ªas que no tengo qu¨¦ llevarme a la boca", cuenta Manuela Cort¨¦s, que tiene 47 a?os y dej¨® de percibir la renta m¨ªnima hace a?o y medio. "Hay un bar enfrente y cada dos d¨ªas nos dan lo que sobra en la cocina, con eso tiramos", dice. "Tengo problemas de ri?¨®n, de coraz¨®n, diabetes, tensi¨®n alta, anemia severa... hace poco me hicieron una transfusi¨®n de sangre. Tengo depresi¨®n. No puedo valerme por m¨ª misma", enumera al tel¨¦fono de su nuera, que se lo ha prestado. Ella no tiene m¨®vil. Su historia es la de una mujer agotada, enferma, perdida entre la burocracia de la pobreza, que lleva a su vez a m¨¢s pobreza. Ella, su marido y sus seis hijos viv¨ªan en una chabola hace 20 a?os. Sobreviv¨ªan gracias a la chatarra. Fueron reubicados en un piso de protecci¨®n oficial en Alcal¨¢ de Henares. Entonces cobraban la renta m¨ªnima. "Pod¨ªamos llenar la nevera y pagar el alquiler", afirma. A?os despu¨¦s, en 2010, fueron desahuciados. "La ¨²nica opci¨®n que ten¨ªamos era ocupar", dice.

En 2017 recibi¨® la carta. Le comunicaban que dejaba de percibir la renta m¨ªnima, aunque no explicaban bien por qu¨¦. Le dieron una horquilla de opciones. Finalmente se enter¨®: los datos del padr¨®n no cuadraban con los de su residencia oficial. Ella segu¨ªa empadronada en su anterior domicilio. Intent¨® cambiarlo. Lo logr¨® el d¨ªa en que la desalojaban de la casa que hab¨ªa ocupado, pero no en los tres meses que le hab¨ªan dado como plazo. As¨ª que perdi¨® la renta m¨ªnima.?Volvieron a ocupar, esta vez en el municipio de Camarma de Esteruelas. Ahora vive con dos hijos ¡ªuno de ellos menor¡ª y su marido. Ha vuelto a pedir la prestaci¨®n, pero asegura que, de nuevo, tiene problemas con el padr¨®n. "Me exigen pagar una deuda de agua. Pero yo no puedo pagar ni las medicinas que necesito para vivir. El ¨²ltimo a?o he ingresado varias veces. Y ahora tengo el nuevo juicio para otro desalojo", dice.?

Su expediente fue uno de los que presentaron en mayo de 2018 una quincena de asociaciones ¡ªentre ellas el Movimiento ATD Cuarto Mundo Espa?a o Asociaci¨®n Apoyo¡ª en su queja al Defensor del Pueblo. Seg¨²n datos oficiales, en 2017 se notificaron 7.150 resoluciones de suspensi¨®n, temporales o definitivas. El a?o pasado, la cifra ascendi¨® hasta 10.040. De ellas, 4.710 se deb¨ªan a la incorporaci¨®n al mercado laboral. M¨¢s de 2.500, a falta de documentaci¨®n. Entre otras causas, fuentes del Gobierno regional tambi¨¦n enumeraban que los servicios sociales hab¨ªan perdido contacto con el usuario o variaciones en la unidad de convivencia, por ejemplo. Estas fuentes aseguran que en 2018, cuando se otorgaron unas 33.000 rentas m¨ªnimas en la comunidad, emitieron m¨¢s de 261.000 notificaciones a los perceptores y que la voluntad del Gobierno es que no se llegue a la suspensi¨®n.?

Pero la realidad es que se llega y que, seg¨²n las asociaciones que presentaron la queja, hay "irregularidades" en la gesti¨®n de estas ayudas. El Defensor del Pueblo ha recomendado a la Comunidad de Madrid que pase a otorgar "razones concretas" en las cartas en las que comunica la suspensi¨®n de las rentas m¨ªnimas. Tambi¨¦n ha criticado que, en los casos en los que posteriormente el ciudadano demuestra que s¨ª ten¨ªa derecho a percibir la ayuda, este no recibe autom¨¢ticamente los meses que dej¨® de cobrar ¡ªlo cual "perjudica gravemente a los beneficiarios, que se encuentran en situaci¨®n de precariedad econ¨®mica y por ello en riesgo de exclusi¨®n social"¡ª, por lo que insta al Ejecutivo a cambiar la legislaci¨®n para que se proceda "de oficio al abono de los atrasos". La instituci¨®n se?ala adem¨¢s que "se desconoce si existe alg¨²n caso en el que la Administraci¨®n haya realizado el tr¨¢mite de audiencia a la hora de suspender temporalmente una prestaci¨®n de renta m¨ªnima de inserci¨®n". "M¨¢s bien, parece que en todo caso se prescinde de dicho tr¨¢mite", critica el Defensor.

La renta m¨ªnima es subsidiaria, es decir, que quien la percibe debe acreditar que no se beneficia de otras prestaciones. La instituci¨®n se?ala que en ocasiones "a pesar de que los interesados acreditaban haber solicitado una prestaci¨®n ante el Servicio P¨²blico de Empleo Estatal, y que esta hab¨ªa sido denegada, se manten¨ªa la suspensi¨®n por no cumplir el requisito de subsidiariedad" , por lo que "se desprende la necesidad de adoptar medidas que eviten estas situaciones".?

Pero las organizaciones sociales que presentaron la queja aseguran que durante este a?o han documentado a¨²n m¨¢s problemas con las rentas m¨ªnimas. "Personas de origen migrante que llevan a?os viviendo en Espa?a a quienes se exige un certificado que demuestre que no cobran prestaciones en sus pa¨ªses de origen, aun con sistemas de cobertura diferentes al espa?ol. O madres divorciadas a las que se deriva al fondo de garant¨ªa de pago de alimentos para que sufrague la pensi¨®n alimenticia que deber¨ªa asumir el padre, al que se accede tras un proceso judicial que puede tardar a?os", explica Hontanares Arranz, portavoz de las asociaciones que acudieron al Defensor del Pueblo. Afirma que el pr¨®ximo viernes presentar¨¢n una nueva queja ante la instituci¨®n.?