Nuevo varapalo judicial a la caza en Castilla y Le¨®n
El Tribunal Superior de Justicia suspende de forma cautelar la orden en la que se escudaban los cazadores para continuar con la actividad
Ya no queda resquicio para la duda: la actividad cineg¨¦tica est¨¢ paralizada de forma cautelar en Castilla y Le¨®n. La semana pasada el Tribunal Superior de esta comunidad (TSJCYL) suspendi¨® el decreto auton¨®mico que regula las especies que se pueden cazar, lo que implicaba la paralizaci¨®n de la actividad cineg¨¦tica. Pero quedaban dudas, porque todav¨ªa estaba en vigor la orden de caza anual, en la que se especifican las especies y periodos de veda. Ayer los jueces suspendieron de forma cautelar tambi¨¦n esa orden. El auto no es firme y cabe interponer recurso de reposici¨®n en un plazo de los cinco d¨ªas siguientes a su notificaci¨®n. El partido animalista PACMA, que denunci¨® ambas normativas, sostiene que con esta ¨²ltima decisi¨®n "se paraliza a todas luces cualquier actividad cineg¨¦tica en toda Castilla y Le¨®n".
La Real Federaci¨®n Espa?ola de Caza (RFEC) aseguraba d¨ªas atr¨¢s que al continuar en vigor dicha orden, se pod¨ªa continuar cazando. Ambas decisiones judiciales se basan en que la Junta de Castilla y Le¨®n no ha aportado "estudios cient¨ªficos objetivo y actualizados", que justifiquen que las especies puedan ser capturadas sin que se amenace su supervivencia. Sin esos datos, se pueden infligir da?os a las especies que pueden ser "irreparables o de dif¨ªcil reparaci¨®n", dice el auto judicial.
Los cazadores se preguntan ahora cu¨¢ndo podr¨¢n volver a salir al campo. Jos¨¦ Antonio P¨¦rez es uno de los afectados por la suspensi¨®n. Veterinario, cazador y especialista en conservaci¨®n de aves cineg¨¦ticas, cree que tanto la actuaci¨®n de la Junta como la de la justicia no han sido correctas. Por un lado, opina que la Administraci¨®n podr¨ªa haber revisado en su d¨ªa toda la norma. Por el otro, no entiende c¨®mo es posible que la magistrada del tribunal haya echado abajo el decreto y el informe encargado por la Junta. La Federaci¨®n de Caza de Castilla y Le¨®n se defiende y critica al tribunal. ¡°Esta sala lleva muchos a?os golpeando de forma sistem¨¢tica los intereses de cazadores, agricultores y ganaderos¡±, expuso en un comunicado tras publicarse el fallo.
Con la pol¨¦mica en plena ebullici¨®n, el Ejecutivo regional ha propuesto modificar la ley auton¨®mica de caza de 1996 e incluir en ella la lista de las especies que se pueden cazar y no en un decreto que se pueda recurrir. Porque, a?ade la Junta de Castilla y Le¨®n, la econom¨ªa de la comunidad se ver¨¢ afectada, dado que la caza supone un impacto econ¨®mico de 506 millones de euros y da trabajo a 8.000 personas. ¡°Los cazadores y pol¨ªticos saben que han perdido. Por eso est¨¢n tan enfadados y pretenden pisotear al poder judicial blindando la caza a nivel pol¨ªtico¡±, ha afirmado Silvia Barquero, presidenta de PACMA.
La Junta, entretanto, no ha tomado todav¨ªa una decisi¨®n de c¨®mo actuar y ha solicitado un informe a sus servicios jur¨ªdicos para evaluar los efectos del auto que dict¨® la suspensi¨®n provisional del decreto que regula la caza la semana pasada. ¡°Es precipitado dar una opini¨®n que recoja todos los supuestos planteables¡±, ha declarado a EL PA?S un portavoz de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente. Adem¨¢s, ha incidido en que ¡°es un tema delicado¡±, por lo que ¡°expresar¨¢ de manera formal¡± a su personal? las medidas a adoptar ¡°cuando se tengan los elementos necesarios para hacerlo con seguridad¡±.
No es la primera ocasi¨®n en la que el Ejecutivo castellano-leon¨¦s, liderado por el PP, se ha enfrentado a un problema similar. Desde 2004, Ecologistas en Acci¨®n ha denunciado en diversas ocasiones la regulaci¨®n de caza, y ha logrado que los tribunales les den la raz¨®n anulando ¨®rdenes de veda (se elaboran anualmente), adem¨¢s de varios art¨ªculos del decreto de caza, que fue sustituido por el que ahora ha denunciado PACMA.
Para elaborar ese decreto la Junta present¨® un informe que encarg¨® a la empresa privada Consultora de Recursos Naturales SL. Tanto el tribunal como los ecologistas afirman que dicho documento, liderado por el especialista Mario S¨¢ez de Buruaga, es subjetivo e inexacto. La asociaci¨®n profesional de agentes medioambientales de la comunidad ha calificado la actuaci¨®n de la Junta de ¡°chapucera¡± y ha criticado que encargase el estudio a una empresa externa y no a la plantilla de t¨¦cnicos auton¨®micos.
A Luis Oviedo, abogado de Ecologistas en Acci¨®n, no le ha sorprendido la decisi¨®n del tribunal, porque ¡°la Junta comete siempre los mismos errores y no aplica la directiva europea en cuanto a determinar c¨®mo se encuentran las especies que se permite capturar¡±. El auto afirma que es necesario que la caza se practique en unas condiciones que aseguren el buen estado de conservaci¨®n de las especies, con el objetivo de que dicha actividad pueda seguir siendo ¡°un elemento de desarrollo¡± econ¨®mico y social¡±.
Mientras pasea con sus perras Lida, Nabia y Vesta por un coto leones, P¨¦rez recapacita sobre el estereotipo social del cazador. ¡°Un cazador ama el campo, lo ¨²ltimo que quiere es que un animal se extinga o pueda estar en peligro. Aunque somos m¨¢s de un mill¨®n y hay de todo. Los furtivos o esos a los que les gusta grabarse mientras maltratan no son cazadores. Eso es deleznable y hay que ir a por ellos¡±, subraya. Porque ellos son los primeros interesados: ¡°Muchos hacemos censos propios en los cotos para que las poblaciones no decrezcan¡±, asevera.
¡°Ahora ha estallado la alarma por la suspensi¨®n, pero llevamos a?os advirtiendo del problema¡±, explica Ignacio Mart¨ªnez, miembro de la junta directiva de la Asociaci¨®n para la Conservaci¨®n y Estudio del Lobo Ib¨¦rico (ASCEL). Sus denuncias ante el TSJCYL consiguieron anular el plan de gesti¨®n de lobo de la comunidad y parar as¨ª la caza de 143 ejemplares del c¨¢nido el pasado septiembre. Los conservacionistas alegaban que no se evaluaba la tendencia poblacional del lobo ni se respetaban sus per¨ªodos de cr¨ªa o reproducci¨®n.
Mart¨ªnez, asesor ambiental y territorial, afirma que la ley de caza debe ser subsidiaria de la de protecci¨®n ambiental. Tambi¨¦n opina que todav¨ªa persiste ¡°el mito¡± de que la abolici¨®n de la caza puede desequilibrar la poblaci¨®n animal. P¨¦rez no piensa igual. ¡°Es una idea ut¨®pica. En la actualidad vivimos en un mundo humanizado que, de por s¨ª, condiciona la poblaci¨®n de los animales. El cambio clim¨¢tico, la contaminaci¨®n y el abandono de los montes es lo que ha ocasionado que los ejemplares de jabal¨ª crezcan y rompan el equilibrio¡±, explica el veterinario.
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