El Estado asumir¨¢ el coste de la restauraci¨®n ambiental de las ¨²ltimas minas de carb¨®n

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El principio de quien contamina paga tampoco se cumplir¨¢ con el fin de la miner¨ªa del carb¨®n en Espa?a. En este caso concreto, quien degrada los entornos naturales con las minas a cielo abierto y con las escombreras no afrontar¨¢ el coste de su restauraci¨®n, como establece la legislaci¨®n. El Gobierno asume que los avales que depositaron en su d¨ªa los propietarios de las minas ¡°no son suficientes¡±, con lo que el Estado deber¨¢ correr con los gastos de la recuperaci¨®n ambiental de esos entornos.

Salvo un peque?o pozo en Asturias ¨Cde la empresa p¨²blica Hunosa¨C, la extracci¨®n de carb¨®n en Espa?a ha llegado a su fin este 2019. En octubre, cuando el Gobierno y el sector de la miner¨ªa firmaron el acuerdo marco que ratificaba el final de esta actividad, quedaban 12 minas en producci¨®n en el pa¨ªs, seg¨²n el texto de aquel pacto. Y la mayor¨ªa de las empresas propietarias de los yacimientos estaba ya en situaci¨®n de concurso de acreedores o liquidaci¨®n, con lo que es a¨²n m¨¢s complicado exigirles la restauraci¨®n de los yacimientos, seg¨²n admiten fuentes del Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica.

En el acuerdo de octubre se se?alaba que ¡°las empresas mineras, en su calidad de entidades explotadoras, est¨¢n obligadas a asumir el conjunto de las medidas definidas en el plan de restauraci¨®n¡± de los yacimientos y, por tanto, correr con los gastos de ¡°rehabilitaci¨®n medioambiental y cierre de la explotaci¨®n¡±. Pero, a continuaci¨®n, el acuerdo a?ade: ¡°Teniendo en cuenta la coyuntura de las empresas de la miner¨ªa del carb¨®n se instrumentar¨¢n ayudas para contribuir a sufragar los trabajos de rehabilitaci¨®n del espacio natural afectado¡±. Hace cinco d¨ªas el Consejo de Ministros aprob¨® ya una l¨ªnea de ayudas por valor de 20 millones para los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 destinadas a cubrir ¡°costes derivados de la clausura de las instalaciones y a la rehabilitaci¨®n del espacio natural¡±. Pero a esas ayudas ya aprobadas, explican fuentes del Gobierno, solo se podr¨¢n acoger tres empresas mineras que no est¨¢n en concurso de acreedores: dos de Arag¨®n ¨CSamca y Compa?¨ªa General Minera de Teruel¨C y otra de Le¨®n ¨CHijos de Baldomero Garc¨ªa¨C.

Inventario

Para el resto de empresas que han echado el cierre, la sociedad p¨²blica Tragsa est¨¢ preparando un inventario de minas que deben ser restauradas. En principio, el foco est¨¢ puesto sobre 26 yacimientos: las 12 minas que estaban activas hasta este a?o y otras tantas que han ido cerrado durante esta d¨¦cada. Tragsa, explican fuentes del ministerio, tambi¨¦n est¨¢ analizando los avales que hab¨ªan depositado ante las comunidades aut¨®nomas las propietarias de las minas.

Estos avales, que la ley exige que se presenten, est¨¢n pensados, precisamente, para evitar que cuando una empresa cierre eluda la recuperaci¨®n medioambiental. ¡°Sabemos que no son suficientes los avales¡±, sostienen fuentes del ministerio. ¡°Los avales son rid¨ªculos; en algunos casos, desde hace 20 a?os no han sido actualizados¡±, a?aden. El ministerio justifica que el Estado asuma el coste en que esas tareas de restauraci¨®n, que pueden prolongarse durante a?os, son una forma de recolocar a los trabajadores afectados por el cierre de la miner¨ªa y fijar la poblaci¨®n a los territorios.

El Gobierno actual ha elaborado una estrategia de transici¨®n para este sector que contempla 158,5 millones para los pr¨®ximos cinco a?os para labores de restauraci¨®n destinados a las minas cuyos propietarios se han declarado en concurso de acreedores. Pero, en todo caso, la aplicaci¨®n de esa estrategia depender¨¢ del resultado de las elecciones del 28 de abril. El Estado ha destinado durante esta d¨¦cada 500 millones en ayudas directas para las minas de carb¨®n.