La Fiscal¨ªa alerta de la falta de respuesta a los abusos a menores en la Iglesia
El ministerio p¨²blico muestra su preocupaci¨®n por la opacidad del clero y sugiere la creaci¨®n de una comisi¨®n nacional de investigaci¨®n como las de Australia y Holanda
La Fiscal¨ªa General del Estado ha enviado un informe al Ministerio de Justicia en el que analiza la situaci¨®n actual del problema de los abusos a menores en la Iglesia y llega a la conclusi¨®n de que la respuesta de las instituciones es muy deficiente, necesita un gran impulso y el Gobierno debe moverse y tomar medidas. La Fiscal¨ªa muestra su preocupaci¨®n y propone, en la pr¨¢ctica, que Espa?a abandone su pasividad oficial y se coloque a la altura del resto de pa¨ªses que han afrontado la cuesti¨®n. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PA?S, sugiere imitar el trabajo de pa¨ªses como Australia y Holanda. En ellos se crearon comisiones nacionales independientes que investigaron los casos durante a?os, abrieron canales para que las v¨ªctimas pudieran aportar su testimonio, realizaron miles de entrevistas y entregaron un informe final exhaustivo. Despu¨¦s, las v¨ªctimas fueron indemnizadas.
La llamada de atenci¨®n de la Fiscal¨ªa es un paso muy significativo. Constituye la primera reacci¨®n de los poderes p¨²blicos al creciente n¨²mero de casos del pasado que est¨¢n emergiendo en los ¨²ltimos ocho meses, desde que EL PA?S comenz¨® a investigar el fen¨®meno en octubre de 2018. El ministerio p¨²blico ha preparado el informe a petici¨®n de Justicia, que el pasado mes de febrero, en pleno auge del esc¨¢ndalo, le encarg¨® un examen de la situaci¨®n. En concreto, el ministerio pidi¨® una relaci¨®n de los casos de abusos a menores en la Iglesia abiertos en este momento en los tribunales, con diligencias previas. El escrito de respuesta no aporta mucha luz en ese sentido, pues se limita a responder con las cifras generales del delito de abusos a menores: las bases de datos de cada provincia no clasifican espec¨ªficamente si el acusado es un religioso.
A pesar de la ausencia de cifras claras, precisamente el principal problema a la hora de abordar este asunto, la Fiscal¨ªa s¨ª detecta una alarma social y hace sus valoraciones. El escrito detalla que el trabajo diario del ministerio p¨²blico sobre estos casos ha podido constatar las tremendas dificultades que encuentran para detectar estos casos cuando los abusos sexuales se producen en el seno de la Iglesia o de colegios religiosos, por tratarse de entornos muy opacos.
Es m¨¢s, la preocupaci¨®n por esta circunstancia lleva a la Fiscal¨ªa General del Estado a recomendar que las personas que tengan conocimiento de alg¨²n caso de abuso de menores acudan inmediatamente, y en primer lugar, a las autoridades, y no a la Iglesia. Aconseja denunciarlo en la Fiscal¨ªa o a los departamentos de protecci¨®n a la infancia de las comunidades aut¨®nomas, para evitar una intervenci¨®n o un filtro previo de las instituciones religiosas. Es necesario tambi¨¦n, subraya la Fiscal¨ªa, revisar y actualizar los protocolos de detecci¨®n de abusos a menores.
El ministerio p¨²blico se?ala que sigue muy de cerca la actitud de la Iglesia cat¨®lica espa?ola a trav¨¦s de los distintos protocolos de actuaci¨®n que ha puesto en marcha para luchar contra los abusos. Por ejemplo, los aprobados en las di¨®cesis de Burgos, Astorga o Sig¨¹enza. Sin embargo, la Conferencia Episcopal se sigue negando a investigar los casos del pasado, solo admite examinar las denuncias que se presenten caso por caso y, adem¨¢s, traslada la responsabilidad a cada di¨®cesis. A finales del a?o pasado anunci¨® la creaci¨®n de una comisi¨®n para actualizar los protocolos existentes en la Iglesia contra los abusos a menores. Pero no ha dado cuenta del resultado de sus trabajos ni ha actualizado, de momento, sus protocolos.
En todo caso, al margen de la respuesta eclesi¨¢stica, la Fiscal¨ªa espa?ola propone iniciar contactos entre instituciones para articular iniciativas m¨¢s intensas para combatir el problema. Es necesario, seg¨²n se?ala el escrito, articular canales fluidos que permitan actuar cuanto antes. La Fiscal¨ªa espa?ola traslada al Ministerio de Justicia su compromiso para colaborar en cualquier iniciativa de este tipo.
Como f¨®rmulas de referencia, el informe considera muy ¨²til la experiencia de Australia. En este pa¨ªs se cre¨® una comisi¨®n que trabaj¨® durante cinco a?os y concluy¨®, tras escuchar a 8.000 v¨ªctimas y testigos, que la Iglesia cat¨®lica hab¨ªa recibido 4.500 quejas entre 1980 y 2015 por presuntos abusos cometidos por 1.880 miembros de esa instituci¨®n. La comisi¨®n remiti¨® m¨¢s de 2.500 casos a la polic¨ªa. El Gobierno australiano se comprometi¨® a indemnizar con dinero p¨²blico a las v¨ªctimas.
La Fiscal¨ªa tambi¨¦n cita en su escrito el caso de Holanda y la llamada comisi¨®n Deetman, por el nombre de su presidente, el exministro democristiano Wim Deetman. Su informe, presentado en 2011, estableci¨® que desde 1945, entre 10.000 y 20.000 menores fueron v¨ªctimas de agresiones que oscilaron entre la violaci¨®n ¡ªalrededor de un millar¡ª y los tocamientos no deseados. Ocurri¨® en internados, orfanatos, colegios y seminarios y los autores fueron unos 800 religiosos adultos. Al menos 105 de ellos segu¨ªan vivos en 2011. La Iglesia asumi¨® indemnizaciones de entre 5.000 y 100.000 euros, en funci¨®n de la gravedad de los hechos.
Si conoce alg¨²n caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escr¨ªbanos con su denuncia a abusos@elpais.es.
Los tribunales no tienen un registro oficial de los casos abiertos contra religiosos
El informe de la Fiscal¨ªa General del Estado responde a una petici¨®n del Gobierno. El Ministerio de Justicia le solicit¨® en febrero que le informase sobre las diligencias abiertas en los tribunales por agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otro tipo de instituci¨®n religiosa. La ca¨ªda del Gobierno y la celebraci¨®n de las elecciones generales ralentiz¨® la respuesta, pero finalmente la Fiscal¨ªa ha remitido un escrito donde explica que sus registros inform¨¢ticos sobre diligencias abiertas por agresiones o abusos sexuales a menores no permiten discriminar si han sido cometidos en el seno de instituciones religiosas o en otros lugares. Por esa raz¨®n simplemente detalla al ministerio que durante el a?o pasado se registraron en Espa?a 293 diligencias de investigaci¨®n por agresiones sexuales a menores. En el primer trimestre de este a?o se han iniciado otras 30. En total, 323 casos desde 2018.
De este modo no es posible saber en cu¨¢ntos de esos casos han sido acusados religiosos. Para eso no basta una b¨²squeda inform¨¢tica, sino que cada Fiscal¨ªa provincial tendr¨ªa que indagar en cada uno de sus expedientes.
Con este informe, en el que, al margen de los datos, la Fiscal¨ªa expresa su preocupaci¨®n por el problema y pide medidas, el nuevo Gobierno deber¨¢ decidir si toma alguna iniciativa. Por el momento, el Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez aprob¨® en diciembre pasado un anteproyecto de ley de protecci¨®n integral de la infancia que incluye la ampliaci¨®n del plazo de prescripci¨®n de los delitos de agresi¨®n o abuso sexual a menores. La legislaci¨®n actual fija la prescripci¨®n en cinco a?os para el abuso y 15 para la agresi¨®n sexual desde que la v¨ªctima cumple los 18 a?os. El borrador prev¨¦ que el plazo empiece a contar a los 30 a?os de edad, aunque las v¨ªctimas quieren que sea a los 50.
La Iglesia celebr¨® en febrero una cumbre en el Vaticano para tratar el tema, pero la Conferencia Episcopal Espa?ola no ha comunicado qu¨¦ medidas concretas va a impulsar ni ha publicado el nuevo protocolo antiabusos. Ha asegurado que planea obligar a los cl¨¦rigos a comunicar los casos que se conozcan a la Fiscal¨ªa. En el actual protocolo, fechado en 2010, los obispos no est¨¢n obligados a notificar a las autoridades los posibles episodios de los que pudiera tener constancia, solo ¡°invita¡± a las familias a hacerlo.
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