M¨¦xico investiga a la mayor minera del pa¨ªs por el derrame de ¨¢cido en el Mar de Cort¨¦s

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El derrame de 3.000 litros de ¨¢cido al Mar de Cort¨¦s desata las cr¨ªticas a la mayor minera de M¨¦xico

Morena pretende dar un nuevo impulso a la miner¨ªa de la mano de un pol¨¦mico exsindicalista

Los afectados por el derrame de ¨¢cido en el r¨ªo Sonora demandan al Gobierno mexicano

El Gobierno mexicano ha abierto una investigaci¨®n sobre el derrame de 3.000 litros de ¨¢cido sulf¨²rico en el Mar de Cort¨¦s, una joya natural al noroeste del pa¨ªs. La Procuradur¨ªa Federal de Protecci¨®n al Ambiente (Profepa) ha dado cinco d¨ªas a Grupo M¨¦xico, la mayor minera del pa¨ªs y responsable del accidente, para que aporte informaci¨®n adicional sobre la fuga, ocurrida el martes en el puerto de Guaymas, en el Estado de Sonora. La investigaci¨®n puede desembocar en sanciones econ¨®micas, si bien organizaciones ambientalistas critican el bajo monto de las multas y reclaman acciones m¨¢s contundentes contra una empresa con un largo historial de accidentes.

El vertido del material, muy da?ino para las especies marinas en una zona de gran diversidad biol¨®gica, ha puesto en marcha un procedimiento legal para evaluar los da?os. Un d¨ªa despu¨¦s de los hechos, Grupo M¨¦xico avis¨® a la Profepa del accidente, supuestamente causado por el fallo de una v¨¢lvula en el momento de cargar una embarcaci¨®n. El organismo orden¨® entonces una visita a las instalaciones portuarias para determinar "la posible existencia de da?os al ambiente", seg¨²n inform¨® en un comunicado hecho p¨²blico el jueves. La minera, la tercera mayor productora de cobre del mundo, tiene ahora cinco d¨ªas m¨¢s para a?adir informaci¨®n mientras la investigaci¨®n, que no tiene plazos de resoluci¨®n, sigue su curso.

La ley mexicana obliga a las empresas involucradas en actividades riesgosas a tener un plan de respuesta ante emergencias de este tipo. Adem¨¢s, las instalaciones portuarias de Guaymas, desde donde Grupo M¨¦xico exporta cobre y ¨¢cido al resto del mundo, cuentan con un certificado de calidad ambiental seg¨²n el ¨²ltimo informe de sustentabilidad de la empresa. El certificado, supuestamente emitido en 2018 y con vigencia de dos a?os, reconoce mejoras en el "desempe?o ambiental". La minera, que recibi¨® otros 17 reconocimientos de este tipo el a?o pasado, afirma que tenerlos es "fundamental para reforzar el compromiso".

Estos reconocimientos que otorga la Profepa chocan, seg¨²n critican varias ONG, con la repetici¨®n de accidentes como el del martes, el segundo derrame de la empresa en lo que va de a?o. En opini¨®n de Miguel Rivas, de la ONG Greenpeace, las certificaciones se dan bajo protocoles "muy laxos" y suponen "herramientas publicitarias de lavado de cara". El conglomerado minero, encabezado por Germ¨¢n Larrea, segunda fortuna del pa¨ªs, lleva a?os exhibiendo sus inversiones sustentables, entre ellas un programa para la conservaci¨®n del lobo gris, para contrarrestar una imagen marcada todav¨ªa por el vertido de 40.000 metros c¨²bicos de ¨¢cido sulf¨²rico en el r¨ªo Sonora en 2014. El incidente, que dej¨® sin suministro de agua a varios miles de personas, es considerado el mayor desastre ecol¨®gico en la historia del pa¨ªs.

Una vez concluya la investigaci¨®n, Grupo M¨¦xico puede enfrentarse a sanciones econ¨®micas por el impacto del vertido. Sin embargo, varias organizaciones ambientalistas consultadas consideran que estas son a menudo insuficientes para reparar el da?o. Seg¨²n Miguel Rivas, de Greenpeace, la multa para este tipo de derramas est¨¢ entorno a los 100.000 d¨®lares, cantidad que considera "rid¨ªcula". En el caso del r¨ªo Sonora, la empresa pag¨® 23 millones de pesos, poco m¨¢s de un mill¨®n de d¨®lares, en reparaciones por el da?o causado.

Fernanda Hopenhaym, de la ONG Poder, que investiga el impacto de las actividades mineras en Latinoam¨¦rica, apunta a otras dos v¨ªas, previstas en la ley pero menos transitadas: la apertura de un procedimiento penal contra la empresa y la retirada de concesiones. "Son herramientas que se han usado muy poco", asegura. "Falta contundencia frente a esta empresa". Una postura que comparten pol¨ªticos como Napol¨¦on G¨®mez Urrutia, senador de Morena y l¨ªder del Sindicato Nacional Minero, quien el jueves se mostr¨® partidario de una retirada de concesiones. ¡°En el caso de (que) las violaciones pongan en riesgo la vida de las personas, que se les cancele la concesi¨®n", dijo en entrevista radiof¨®nica. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, del PRI, pidi¨® el jueves a las autoridades federales que hagan "lo que tiene que hacer: jur¨ªdicamente y apegados a la ley".