Brasil solo ha juzgado 14 de los 300 asesinatos de ecologistas de la ¨²ltima d¨¦cada

Incluso antes de que Jair Bolsonaro se convirtiera en presidente y?llevara hasta la c¨²pula del poder su discurso contra los activistas que defienden la naturaleza, Brasil era el pa¨ªs m¨¢s peligroso del mundo para los ecologistas (clasificaci¨®n en la que Colombia le super¨® el a?o pasado). Unos cr¨ªmenes que, en su inmensa mayor¨ªa, no han sido esclarecidos, ni siquiera juzgados. De los 300 defensores de la Amazonia brasile?a asesinados en la ¨²ltima d¨¦cada, solo 14 casos acabaron ante un tribunal, revela la organizaci¨®n Human Rights Watch en el informe Las mafias del bosque tropical, difundido este martes, solo una semana despu¨¦s del ¨²ltimo crimen: un inspector de la Funai ¡ªla agencia p¨²blica Fundaci¨®n Nacional del Indio¡ª, que muri¨® tiroteado cuando conduc¨ªa una moto en Tabatinga, en la Amazonia.

La ONG de defensa de los derechos humanos destaca la labor que estas personas realizan para la preservaci¨®n de la flora y la fauna adem¨¢s de alertar a las autoridades en un territorio que abarca el 60% del territorio brasile?o. Es el caso de Olimpio Guajajara, que patrulla con 123 miembros de su comunidad un territorio como Cabo Verde. HRW detalla el ampl¨ªsimo grado de impunidad de la que gozan estas organizaciones criminales que tienen la capacidad log¨ªstica para coordinar la extracci¨®n, procesamiento y venta de madera a gran escala en la mayor selva tropical del mundo. La tala ilegal suele ser el primer paso para despu¨¦s dedicar la tierra a cultivos o a pastos. Por eso los madereros son los principales responsables de la deforestaci¨®n ilegal, que se ha disparado, seg¨²n datos oficiales preliminares, desde que Bolsonaro lleg¨® a la presidencia, en enero.

Cuando Brasil suscribi¨® el Acuerdo de Par¨ªs contra el Cambio Clim¨¢tico, tambi¨¦n se comprometi¨® a acabar con la deforestaci¨®n ilegal, recuerda HRW. La deforestaci¨®n viene aumentando desde 2012. La ONG acusa al presidente de haber dado luz verde con su discurso y sus acciones a las bandas implicadas en la tala ilegal. Y a?ade que, de ese modo, Bolsonaro ¡°pone a los defensores de la Amazonia y a la propia Amazonia en grave peligro y adem¨¢s de socavar la capacidad de Brasil de cumplir con su compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a mitigar el calentamiento global¡±.

Como recuerda HRW, el mandatario ha minado la fiscalizaci¨®n de las leyes ambientales (las inspecciones y las multas se han desplomado) y ha debilitado a las agencias medioambientales federales (el ministro del ramo despidi¨® en un d¨ªa a 21 de los 27 directores regionales del Ibama).

La impunidad, de todos modos, viene de lejos. De los 28 asesinatos, cuatro intentos de asesinato y 40 casos de amenazas a manos supuestamente de madereros ilegales ocurridos desde 2015 y analizados por la ONG en detalle, solo dos de las muertes acabaron ante un juez. Aunque admite que las investigaciones son a menudo complejas por lo remoto de los lugares donde suceden los hechos, tambi¨¦n recalca el notable desinter¨¦s que las polic¨ªas locales muestran a menudo en perseguir a los sospechosos. ¡°Al no investigar las amenazas de muerte, las autoridades est¨¢n renunciando a su deber de tratar de prevenir la violencia de los grupos criminales involucrados en la deforestaci¨®n ilegal, y aumentando la probabilidad de que las amenazas se lleven a cabo¡±.

La ONG exige al Ministerio de Justicia que elabore con la Fiscal¨ªa, la polic¨ªa y las agencias ambientales un plan de acci¨®n para afrontar la violencia e intimidaci¨®n contra los activistas y para desmantelar estas redes criminales. Reclama tambi¨¦n al Ministerio P¨²blico que convierta este asunto en una prioridad.